Un estudio realizado por la Andi indicó que el Estado colombiano no tiene las capacidades necesarias para aplicar la reforma a la salud que propone el Gobierno de Gustavo Petro. El presidente de esa asociación, Bruce Mac Master, presentó un informe que indica que hay un “desfase” en las cifras fiscales presentadas por el Ministerio de Hacienda para la discusión en el Congreso.

Las cifras que entrega la Andi son contundentes: el cálculo estaría errado en 163 billones de pesos para los primeros diez años de aplicación de la iniciativa debido a que el modelo de salud planteado por el articulado tendría un déficit de 141,4 billones de pesos para el mismo periodo, entre otros componentes.

Esos datos se conocen justo dos días después de que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate la reforma a la salud presentada por el Ministerio de Salud, un articulado que ahora quedó en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes donde el Gobierno parece tener las mayorías aseguradas para sacarlo adelante.

El documento de la Andi considera que en el proyecto de ley no se tuvo en cuenta el costo real que tendrá el saneamiento de las deudas con los hospitales y tampoco el déficit de la UPC. Este indica que habría falencias en el cálculo de la progresividad del Soat y que la atención prometida por el Ejecutivo vale mucho más de los que los congresistas saben. Según la Andi, la formalización del talento humano en salud tiene costos que no quedaron estimados en la ponencia.

En esas cuentas no calculadas por el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda también está el patrimonio negativo Nueva EPS que se estima en 6,5 billones, deuda que prometió sanear el Gobierno ya que esa entidad -y posible nueva gestora- se convertiría en el principal actor del sistema de salud

Por eso, advirtió Mac Master, el Congreso está discutiendo la reforma a la salud sin conocer los costos reales del proyecto y señaló que los legisladores están tomando decisiones sin cálculos fiscales reales.

“El documento presentado por el Ministerio de Hacienda no es lo que nosotros conocemos en el mundo jurídico y económico como aval fiscal porque entender todas las consecuencias. Cada decisión que tome el Congreso debe ser una en la que estemos convencidos que el Estado colombiano es capaz de asumirla”, advirtió el presidente de la Andi.

Este informe presentado por la Andi es el primero de tres reportes que hará la asociación de industriales sobre las consecuencias de la reforma a la salud, un proyecto sobre el que el representante de los empresarios asegura hay una “inmensa preocupación” porque no se tiene claro si el Gobierno tendrá la capacidad de “fondear” la iniciativa.

“No puede ser que el país tenga una dispersión tan grande en una cifra tan importante que, además, es perfectamente calculable (...) La propuesta del proyecto no es compatible con las capacidades fiscales del país en los próximos años. Si se sigue por la senda que llevamos hoy en día, Colombia tendrá un inmenso problema fiscal que Colombia no tiene contemplado dentro del marco fiscal de mediano plazo. No tenemos los recursos y mucho menos hay mecanismos para identificar cómo se pronunciaría el financiamiento del sector”, sostuvo Mac Master.

El cálculo de la Andi indica que la reforma a la salud es inviable por el déficit de 141.4 billones de pesos que esta significaría en los próximos 10 años, un dato dispar a los datos que maneja el Ministerio de Salud que arrojan un superávit de 21.8 billones de pesos. Es decir, a juicio de esa asociación hay una diferencia de 163 billones de pesos.

Ese número, señala la asociación, puede ser mayor porque los estudios que se han hecho hasta ahora no tienen en cuenta la insuficiencia de la UPC, tampoco la insuficiencia de los presupuestos máximos, ni el costo del aumento en los CAPS que plantea el proyecto, ni el valor que implicará la formalización del talento humano en salud en el sector privado.

Las tres preocupaciones de la Andi son el costo fiscal de la reforma, el estado actual del sistema de salud y las consecuencias operativas de lo que propone el Gobierno con el proyecto.