SEMANA conoció una advertencia de la Contraloría General de la República, firmada por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, en la que enciende las alarmas por la “inefectividad” de la Superintendencia de Salud cuando lleva a cabo acciones sancionatorias.
La advertencia cobra relevancia luego de que la Superintendencia de Salud intervino EPS Sanitas y Nueva EPS, bajo la promesa de recuperarlas económicamente y mejorar el servicio a los usuarios.
El documento, con fecha del 6 de febrero de 2023, iba dirigido a Ulahy Beltrán, exsuperintendente, bajo el asunto de “advertencia al gestor fiscal, Superintendencia Nacional de Salud, seguimiento permanente a las cuentas por pagar y pagos, por parte de las entidades responsables de pago a la red prestadora de servicios de salud”.
El excontralor inicia con que la advertencia es por la posibilidad de que se pierdan los recursos, dado que las medidas que toman no son efectivas.
“Por el riesgo de perdida de los recursos del SGSSS, comprometidos en la cartera con los prestadores, la cual se acumula y con el tiempo se convierte en irrecuperable, frente al incumplimiento en el flujo del recurso y en los acuerdos de conciliación entre las ERP (Entidades Responsables de Pago) y los prestadores, se evidencio inefectividad en las acciones sancionatorias por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, indicó en el documento.
Desde ahí, la Contraloría explica todas las deficiencias de las acciones que puede ejecutar la Superintendencia de Salud, entre ellas las medidas de vigilancia especial, intervenciones y liquidaciones.
Uno de los puntos que más reitera el informe es que las deudas con los prestadores, que es una de las preocupaciones del presidente Gustavo Petro en torno a la transformación del sistema de salud, no se resolvieron con las acciones de la entidad.
“Cabe señalar que, las deudas con los prestadores, de las EPS en medidas de vigilancia especial, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, existiendo posibilidad de perdida de los recursos comprometidos en estas carteras, pues la masa liquidatoria resulta insuficiente para cubrir sus acreencias”, indica el documento de la Contraloría.
Y en otro aparte del documento dicen que, a pesar de las sanciones, sigue el incumplimiento de las EPS.
“A pesar de las sanciones que impone la Supersalud en relación con los incumplimientos frente al flujo de recursos de las EPS, hacia los prestadores, las conductas que dan lugar a dichas sanciones son reiterativas, por lo que la acción sancionatoria no logra la corrección de los incumplimientos”, dice el documento.
En algunos casos, según menciona el informe, se evidencian “incumplimientos y dilacion en el tiempo de los compromisos de pago de las EPS, a pesar de que estas entidades reciben oportunamente los recursos de la UPC que asigna el sistema por cada afiliado”.
Finalmente, en las conclusiones del informe, la Contraloría considera que a pesar de las sanciones por temas financieros, “las conductas son reiterativas, por lo que la accion sancionatoria no logra la correccion de los incumplimientos”.
“Es importante resaltar que es deber de la SNS, llevar a cabo no solo la vigilancia, sino también, advertir, prevenir, orientar y si es el caso, asistir a las entidades frente a este tipo de practicas y según sus funciones debe realizar el control y ordenar los correctivos que permitan superar la situación critica o irregular”, destaca.
A pesar de estas falencias de la Superintendencia de Salud, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió intervenir Nueva EPS y Sanitas, las dos aseguradoras más grandes del país, que conjuntamente tienen casi 18 millones de usuarios.