Se conocieron detalles del informe trimestral de la Organización de las Naciones Unidas, en el que advierte que existe una situación “grave” de inseguridad en nueve departamentos de Colombia.
De acuerdo con ese organismo multilateral, en un análisis que se hizo del período comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024, los departamos en alerta son: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
De la misma manera, la ONU señaló que en ese mismo período se tiene registro de 18 masacres y 42 denuncias de asesinatos de líderes sociales.
“De los casos verificados y en verificación: 13 fueron líderes campesinos, 6 líderes afrocolombianos, 4 líderes indígenas, 1 mujer y 1 persona LGBTl. La mayoría de estos incidentes se produjeron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca”, se detalla en el informe.
Sobre otros aspectos, se documentó que más de 14.300 personas han sido desplazadas y 35.432 fueron víctimas de confinamiento: “Que afectaron de manera desproporcionada a las comunidades étnicas, a las que pertenecen el 64 % de los afectados (42 % indígenas y 22 % afrocolombianos)”.
Sumado a ello, la ONU hizo mención de los avances de los diálogos de paz entre el Gobierno Petro y el ELN.
“El Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevaron a cabo una sexta ronda de conversaciones en Cuba del 22 de enero al 6 de febrero de 2024. Las partes anunciaron su acuerdo para prorrogar el cese al fuego bilateral, temporal y nacional por otros 180 días a partir del 6 de febrero”, dijo la ONU.
También señala el informe: “Hasta la fecha, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego ha podido tomar medidas para prevenir 27 casos de posibles enfrentamientos armados entre las partes”.
Exclusivo: así está fracturado el mafioso EMC de Iván Mordisco, con el que el presidente Gustavo Petro busca la ‘paz total’
La información militar confidencial obtenida por SEMANA revela que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, no está unificado y que varios de sus frentes actúan como rueda suelta, como ha venido sucediendo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde a pesar de existir un cese al fuego, se cometieron acciones criminales por parte de las estructuras que no están alineadas con Mordisco.
Prueba de ello fue el acto violento ocurrido en Toribío, en el Cauca, el sábado 16 de marzo, en donde hombres de la estructura Dagoberto Ramos, en pleno cese al fuego, secuestraron a un menor de edad para reclutarlo de manera forzada, y tras la reacción del pueblo indígena Nasa para que lo liberaran, los criminales asesinaron a la líder indígena Carmelina Yule Pavi.
Este crimen fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego con el Estado Mayor Central en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde las disidencias no respetaron la tregua concedida por el Gobierno, que contemplaba que la Fuerza Pública, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada y Fuerzas Militares frenaran sus operaciones ofensivas en contra de los criminales.
Pero algo que no se conocía es la verdadera historia que hay detrás del Estado Mayor Central que busca dar apariencia de unión, cuando la realidad es totalmente diferente. SEMANA conoció que dentro del autodenominado EMC hay una división mafiosa por parte de los cabecillas de las estructuras más visibles: Jaime Martínez, Jacobo Arenas, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Carolina Ramírez.
Dichos frentes han actuado de manera unilateral, sin acatar las órdenes de Mordisco, es decir, que se está viviendo una completa rebelión de los cabecillas que se niegan a renunciar a las actividades criminales de narcotráfico, secuestro, extorsión, homicidios, minería ilegal, que les deja mensualmente millonarias ganancias que los hace vivir como verdaderos capos del narcotráfico.
Y aunque se ha dado apariencia que el gran jefe es Iván Mordisco, inteligencia de las agencias de seguridad del Estado develó que alias Marlon, alias Mocho, alias Cholinga, alias Kevin y alias Daniel Alvizú, cabecillas de los frentes mencionados anteriormente, lo único que buscan es arroparse bajo el nombre de las EMC para que el Gobierno mantenga un cese al fuego que frene las operaciones de la Fuerza Pública en su contra y ellos puedan seguir expandiéndose en el país, como lo reconoció el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La operación matemática es sencilla, dice la información confidencial: con la Fuerza Pública frenada, el EMC puede mantener a flote dos de sus mayores negocios criminales que les dejan los bolsillos llenos de dinero: narcotráfico y minería ilegal.