La excandidata presidencial y víctima de las Farc, Ingrid Betancourt, cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro y le pidió aclarar si habría alguna relación entre la liberación de miembros de la primera línea con las negociaciones con el ELN que se adelantan en Caracas.
“Interesante que Gobierno Gustavo Petro notifique si facilitar excarcelación de integrantes de la primera línea es condición en negociación de paz con ELN. La misma justicia denunció en su momento infiltración de ELN a esa organización, que fue parte de la protesta social”, cuestionó Betancourt.
Se trata de un interrogante que ha estado rondando a varios líderes de sectores de la oposición que preguntan si habría relación entre los detenidos de la primera línea y las negociaciones que se adelantan con esa guerrilla.
Uno de los argumentos más fuertes es que la justicia habría encontrado en algunos de esos casos que la primera línea fue infiltrada por ese grupo guerrillero. En enero de 2022, SEMANA reveló información sensible de los computadores de alias Uriel y Fabian, del ELN, en la que se detallaba cómo ese grupo se infiltró en las protestas de la primera línea.
Según esos archivos, habrían entregado más de 300 millones de pesos en efectivo para causar desmanes y vandalismo en varias ciudades del país. Los hallazgos revelaron en su momento que la orden salió del comando central del ELN (Coce) que se encontraba en ese momento en Cuba y Venezuela.
“Al haber surgido la primera línea, la militancia debe estar en esta y en las ciudades donde no existan llevarlas”, decía una de las instrucciones. Además, ordenaban prácticas militares para enfrentarse con la Fuerza Pública y talleres para socorristas. En ese entonces los comandantes del ELN hablaban de incidir en los manifestantes para las elecciones presidenciales que se avecinaban en ese entonces en el país.
Por esos hechos es que desde la oposición reclaman que haya claridad si hay alguna relación con el anuncio de Petro y las negociaciones que se adelantan en Caracas. La senadora Paloma Valencia fue otra de las líderes que hizo un cuestionamiento similar al del Betancourt.
“¿La liberación de los miembros criminales de primera línea como gestores de paz en el proceso con el ELN es el reconocimiento del Gobierno de que sí hubo infiltración guerrillera en el paro y de que esa parte de la primera línea es el ELN?”, criticó la congresista del Centro Democrático.
Por su parte, el representante a la Cámara, Andrés Forero, también del uribismo, preguntó si se está usando esa figura para liberar a presos relacionados con delitos contra los colombianos. “Lo hizo con alias Violeta, responsable del atentado del centro comercial Andino, y ahora beneficia a quienes delinquieron durante el paro nacional”, criticó el congresista del Centro Democrático.
Forero se refiere a Violeta Arango Ramírez, que ahora hace parte de los diálogos entre el ELN y el Gobierno en Venezuela y estaba siendo investigada por estar relacionada con ese atentado en el centro comercial de la capital.
El anuncio de Petro generó gran revuelo porque se trata de un propósito que viene adelantando el Pacto Histórico, pero que hasta el momento no se había logrado por ninguna otra vía. En algunos proyectos presentados por las bancadas del Gobierno se incluyeron artículos para darle facultades extraordinarias al presidente para lograr esta liberación, pero finalmente esas propuestas no prosperaron.
Desde el Pacto Histórico adelantaron algunas iniciativas parlamentarias con ese propósito y crearon una comisión accidental por medio de la cual visitaron cárceles del país para conversar con varios de esos jóvenes para conocer sus casos de primera mano.
“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Nochebuena. Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, afirmó Petro.
A pesar de que desde el petrismo reclaman que varios de esos casos serían “falsos positivos judiciales”, otros sectores reclaman que hay pruebas suficientes contra varias personas judicializadas que quedarían libres.