La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió a los recientes rechazos que ha presentado el Gobierno del presidente Gustavo Petro en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Pidió que eso se replique con otras dictaduras de la región.
“Presidente Gustavo Petro expresa rechazo a medidas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra opositores a quienes les canceló ciudadanía y compara ese proceder con el del dictador Anastasio Somoza, derrocado por el propio sandinismo”, aseguró en un primer mensaje la líder de Oxígeno Verde.
Betancourt recordó que el Gobierno de Petro invocó el Derecho Internacional Humanitario y pidió una intervención de la Corte Penal Internacional y la Cruz Roja Internacional para velar por los derechos de los nicaragüenses afectados. “Es una posición que aplaudo”, dijo.
Y pidió que esa posición sea implementada con otros gobiernos que tienen cuestionamientos sobre los derechos humanos. “Espero como muchos colombianos y venezolanos una manifestación similar frente al trato que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela les da a sus opositores”, afirmó Betancourt.
Cabe recordar que en las últimas horas desde la Cancillería enviaron un fuerte mensaje en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragüa, aclarando que se trata de una posición respaldada por Petro.
“La República de Colombia, liderada por su jefe de Estado, presidente Gustavo Petro Urrego, ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”, informaron a través de un comunicado.
Agregaron que Colombia ha venido buscando una propuesta de paz, por lo que no puede estar de acuerdo con esas medidas. “Rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”, aseguró la Cancillería colombiana.
Asimismo, criticaron las decisiones que ha tenido el régimen de Daniel Ortega y las instituciones de ese país de exiliar a presos, entre ellos, según el Gobierno colombiano, “reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional”. Cuestionan que se habría hecho con “uso de vulgares medidas de Policía”.
“Así las cosas, el señor obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país. Lección para el mundo y para el actual jefe de gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor obispo fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Además, pidieron a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los presos que siguen detenidos. “Víctimas son. El Derecho Internacional Humanitario los cobija. Acreedores se han hecho del derecho internacional general”, dijeron desde la Cancillería.
Señalaron al gobierno de Daniel Ortega de “autoritario” y que ha infringido normas que son “imperantes, inderogables y absolutas, perentorias e inmutables en su esencia” que son condenadas por la Corte Penal Internacional, por lo que pidieron que la justicia internacional tome cartas en el asunto. Dicen que buscan estar en contacto con quienes han sido abusados por el “poder intolerante” de Nicaragua y que quieran acceder a la nacionalidad colombiana. “Mucho nos honrarían”, señalaron.
De hecho, una de las nacionalidades que se anunció que otorgará la Cancillería es la del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien ya aceptó la oferta. “El canciller Álvaro Leyva me anunció la decisión del presidente Gustavo Petro de otorgarme la nacionalidad colombiana, que acepto con gratitud. En un ejemplar comunicado la ofrece también a todos los despojados de ella por la dictadura. Gracias, Colombia”, aseguró el escritor.
Llama la atención, como menciona Betancourt, que el Gobierno tenga esa posición contra Ortega, ya que al comienzo de su mandato en escenarios internacionales no había tenido tanta contundencia para cuestionar esas violaciones a los derechos humanos.