En el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, inició la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, en medio de una aguda crisis democrática que se registra en el vecino país.
Dentro de los temas que estarán sobre la mesa está el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la seguridad en la frontera, y se espera que el mandatario colombiano haga una función de buenos oficios sobre las denuncias de la oposición que ha señalado que no tiene garantías, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Cabe señalar que la Casa de Nariño expidió un decreto en el cual señala que tendrá funciones presidenciales el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anteriormente cumplía esa labor la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
“Que el presidente de la República se trasladará los días 9 y 10 de abril de 2024 a la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con el fin de participar en una reunión bilateral con el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, expresa el documento.
Y añade: “Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Ricardo Bonilla González, está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministro delegatario”.
Sobre la situación que se vive en Venezuela, ha generado un rechazo de varios países, luego de la inhabilidad que fue decretada contra la candidata opositora María Corina Machado, hecho que ha despegado un agudo cuestionamiento sobre la democracia en el vecino país.
La quinta visita que hace Gustavo Petro a Nicolás Maduro no deja de ser controvertida. Se trata del acercamiento de Colombia al régimen venezolano, acusado no solo de entorpecer el proceso democrático en aras de que no existan más opciones que el chavismo, sino de liderar una peligrosa red criminal denominada como el “cartel de los soles” que ha lavado dinero en Estados Unidos y ha buscado inundar sus calles con cocaína.
En el año 2020, cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, la fiscalía de ese país reveló un duro indictment en el cual recogía el tenebroso paso de ese régimen por las tierras del Tío Sam. A través de un documento de 28 páginas, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y al líder del partido socialista Diosdado Cabello de conspirar con la guerrilla colombiana para “inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar la venta de drogas “como arma contra” dicho país.
En el escrito también señaló a Maduro de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. “Calculamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales”, declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Maduro, al conocer el escrito, acusó a Trump de “miserable y racista”. Y aseguró que “solo los racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios dispuestos a combatirlos en todos los terrenos”.
Además de Maduro y Diosdado Cabello, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones. Todos ellos, altos directivos del régimen venezolano.
Estados Unidos también acusó a dos líderes de la extinta guerrilla Farc. Específicamente a Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de las Farc en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Pausias Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero. Ambos están prófugos de la justicia.
Los cargos por participar en una “conspiración narcoterrorista” conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por datos que lleven a la captura de Maduro, cuya autoridad Washington desconoce, y por hasta 10 millones por información que permita detener a Cabello, El Aissami, Carvajal y Alcalá Cordones.
Los funcionarios estadounidenses también señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del Ejército y el Poder Judicial venezolanos. De acuerdo con los documentos oficiales, la entonces guerrilla de las Farc y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países de América Central, como Honduras.
Sumado a ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará este martes a Venezuela para reunirse con su par Nicolás Maduro. La visita de Petro a Venezuela se produce una semana después de que el mandatario colombiano calificara de “golpe antidemocrático” la inhabilitación de candidatos opositores como María Corina Machado en las elecciones presidenciales venezolanas, previstas para el próximo 28 de julio, en un inédito cuestionamiento a Maduro, de quien ha sido un aliado.
“No hagamos anormal, ni escandalicemos, diferencias que se puedan tener (...). De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz y seguiremos juntos”, expresó Maduro al confirmar la noche de este lunes, en la televisión estatal, su encuentro en Caracas con Petro.