En las negociaciones de paz, las partes casi siempre terminan tragándose más de un sapo. En la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc ya se conoce el primero: el internado que, en su momento, el grupo armado llamó Gentil Duarte, que fue construido con dineros de la guerrilla y la comunidad, según reconoció el propio comandante Calarcá, que opera entre Meta y Caquetá.
Este martes 7 de mayo, una delegación del Gobierno nacional llegó hasta la zona.
Camilo González Posso, jefe negociador con la guerrilla, hizo presencia. El objetivo: examinar cómo se le da un tinte de legalidad al megacolegio, se financia su dotación y lo más importante: se paga a los maestros para que orienten clases en las profundidades de los Llanos del Yarí. No quieren que la obra se convierta en un elefante blanco.
SEMANA conoció que el Gobierno nacional contempla legalizar el plantel educativo y entregarlo al municipio de La Macarena, Meta. Es decir, esa localidad tendría que encargarse junto con la Gobernación de ese departamento de financiar a los educadores.
Sin embargo, todo tiene un proceso. Lo primero es legalizar los terrenos.
Por eso, este martes 7 de mayo visitó el colegio Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura y Equidad del Misterio de Educación, y Felipe Hartman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
“Ni el colegio, ni el proyecto agroecológico hacen parte de la Ley II” (de reservas forestales), por lo cual podemos empezar los trámites de titulación”, anunció Hartman.
“Trabajaré de la mano con la Agencia Nacional de Tierras y la secretaría departamental de Educación del Meta en los trámites para la formalización del predio y la creación de la institución educativa técnica del Yarí, de acuerdo con la voluntad expresada por las comunidades del territorio”, dijo Fuentes, del Ministerio de Educación. Este proceso, según sus cuentas, estaría listo en 2025.
Posteriormente, lo entregarán a la Gobernación del Meta y la Alcaldía de La Macarena. Lo hacen, entre otras cosas, porque el lugar exacto de ubicación de la infraestructura se lo disputan ese departamento y el Caquetá.
El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se opuso desde un comienzo a legalizar y recibir el colegio, pese a múltiples peticiones de las comunidades. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, le reafirmó a SEMANA que tampoco destinará recursos económicos para el plantel y dijo que la noticia la tomó por sorpresa.
Lo primero que aceptaron las Farc y las comunidades para la legalización del predio fue quitarle al colegio la chapa Gentil Duarte, como llamaron al plantel educativo. En múltiples invitaciones anunciaban con júbilo que el colegio llevaba el nombre del excomandante guerrillero abatido en límites entre Colombia y Venezuela.
SEMANA conoció que la delegación de paz del Gobierno les pidió a las comunidades cambiar el nombre del plantel educativo y aceptaron. De hecho, el busto de Duarte, ubicado en la parte alta de la infraestructura, fue retirado.
El colegio o Instituto Agroecológico Sabanas del Yarí cuenta con una granja de 330 hectáreas cultivables habilitadas y a la fecha tiene 150 hectáreas sembradas con arroz, 100 con maíz, 50 con caña panelera y cuatro con plátano.
La comunidad se prepara además para sembrar 30 hectáreas más con sorgo. La granja dispone de maquinaria para siembra, recolección de las cosechas de trillado y empacado, y el colegio tiene alojamientos para los niños que viven en veredas muy distantes y energía solar para la operación básica.
¿De dónde salió el dinero? Las Farc han dicho públicamente que el grupo armado ha aportado recursos, como también las comunidades. Sin embargo, en medio de las negociaciones de paz, el Gobierno apuesta por legalizar la propiedad, dotarla y ponerla en funcionamiento.