La campaña del presidente Gustavo Petro, investigada preliminarmente por financiación irregular, se enfrenta a una encrucijada en el Consejo Nacional Electoral.
En los próximos meses, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes llevan el proceso, decidirán si abren oficialmente la investigación y de una vez imputan cargos o, por el contrario, archivan el proceso.
Sobre el hecho, Noticias Caracol reveló nuevos detalles de la investigación, puesto que una compañía de giros dio a conocer la información de las transferencias que se hicieron el día que se llevaron a cabo las elecciones a los testigos electorales y que no habrían sido reportadas en los gastos de campaña.
La investigación se centra en los pagos a 60.000 testigos electorales del Pacto Histórico en el territorio nacional, por lo que la empresa compartió la trazabilidad de los pagos al alto tribunal, donde se determinó que estas personas recibieron $ 60.000 durante la segunda vuelta presidencial.
Esto, según el medio, va en línea con lo dicho por Cristian Uscátegui, uno de los testigos electorales de Boyacá, quien ratificó su versión ante los magistrados investigadores del CNE en enero de 2024.
SEMANA conoció que lo más probable es que los juristas, tras recabar el material probatorio que tienen hasta el momento, se inclinen y escojan el segundo camino. Sin duda, esto pondría en serios aprietos jurídicos y políticos al jefe de Estado y a los directivos de su campaña.
En los pasillos del tribunal electoral en Bogotá estiman que los magistrados que investigan de fondo el escándalo, y que han gastado horas revisando declaraciones y expedientes, están casi convencidos de que la campaña presidencial que triunfó en las urnas en 2022 se voló los topes electorales.
No obstante, en el ambiente reina la prudencia, porque faltan algunas pruebas por recolectarse, entre ellas, una información precisa que pidieron los togados a la Dian y otra que se solicitó a la Aeronáutica Civil el 23 de enero pasado sobre los vuelos y la anulación de facturas de la compañía Sadi S.A.S. del avión de matrícula HK-5328, en el que se habría movilizado el candidato presidencial y algunos aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico.
Como si fuera poco, desde diciembre de 2023, se solicitó a Sadi entregar una copia de todas las bitácoras de viaje en que estén consignadas las personas que se movilizaron en las aeronaves.
Hasta el momento, a la candidatura de Gustavo Petro le faltan 164 millones de pesos por cumplir la cifra de financiación establecida por la ley, pero el giro de 500 millones de pesos por parte de Fecode (el sindicato que agremia a los maestros) a la campaña Petro Presidente, y que no han sido reportados, pone contra las cuerdas a sus directivos porque habrían cruzado la cifra establecida por la ley. Estos incurrirían en un delito penal que podría llevar a millonarias multas, a una compulsa de copias en la Fiscalía y, al jefe de Estado, a convertirse en una presa frágil de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La prueba reina que tiene en sus manos el Consejo Nacional Electoral, además de la Fiscalía y la Corte Suprema, que investiga por este mismo hecho a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, es el certificado que reveló SEMANA del 16 de septiembre de 2022 de Domingo José Ayala Espitia, entonces fiscal de Fecode, quien confirmó que el 3 de mayo de 2022, previo a la primera vuelta presidencial, “el Comité de la Federación aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026″.