En un país que poco aporta al calentamiento global, el presidente Gustavo Petro le apunta a ser uno de los líderes del mundo en materia de transición energética. En ocasiones, el mandatario ha hecho predicciones apocalípticas del fin de la humanidad si no se revierte el daño y busca poner en marcha políticas severas para descarbonizar a Colombia.
Por esa razón, un día antes de la posesión presidencial, el mandatario anunció que Irene Vélez, activista ambiental, sería su ministra de Minas y Energía. Para el sector fue una cara desconocida y su hoja de vida causó preocupación. Tal como lo resumió Petro en un trino, es filósofa de la Universidad Nacional, con maestría en Estudios Culturales, y doctora en Geografía y Geología. Su única aproximación al tema de su cartera fueron sus investigaciones sobre conflictos ambientales y territorio.
En un gabinete de coalición, el mandatario escogió a la hija de un dirigente político cercano a Francia Márquez para liderar una de las carteras más importantes para el recaudo de recursos de la nación. Vélez, inmediatamente, se convirtió en la defensora de la propuesta ambiental del presidente: dejar atrás la economía extractivista, la transición a energías limpias y el replanteamiento de la economía para que esta no afecte el medioambiente.
Casi instantáneamente comenzaron las diferencias de la entonces ministra con los gremios de los hidrocarburos, inversores, expertos y hasta compañeros del gabinete. De esta manera, la cartera que se caracterizaba por sus cualidades técnicas se convirtió en un fortín ideológico que hizo todo lo posible para sustentar el radical cambio productivo y económico que propone el Gobierno.
El Ministerio de Minas y Energía es una entidad que por muchos años fue liderada por conocedores del sector. Se encarga de formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país, pero estos objetivos parecían ser secundarios bajo la administración de Vélez.
En medio de sus salidas en falso, que evidenciaron su falta de experiencia en el sector, la exministra bajó los estándares para trabajar en la cartera, abriendo las puertas a todo tipo de profesionales que tampoco tienen los pergaminos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.
Solo un mes después de la posesión presidencial, Vélez cambió los requisitos para 31 cargos. Por ejemplo, para dirigir la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales se requería título profesional en ciencia política, relaciones internacionales, derecho, economía, ingenierías, incluidas la ambiental y de minas, sociología o trabajo social.
Sin embargo, por medio de un decreto, la funcionaria agregó nuevas carreras como antropología, artes liberales, arquitectura, biología, microbiología, diseño, filosofía, teología y psicología. Los cambios también se hicieron para los asesores del despacho de la ministra, incluyendo carreras como bibliotecología, ingeniería de alimentos, literatura y artes.
Esto también ocurrió en las entidades adscritas al ministerio. Vélez nombró a Álvaro Pardo como presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quien es considerado por expertos como un activista en contra de la actividad. Retiró personal técnico, según ellos, sin explicaciones, y los acusó de corrupción, lo cual suscitó una respuesta de sus trabajadores, preocupados por el “desprestigio”.
Por otro lado, nombró al geólogo Julio Fierro como director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), una entidad técnica que investiga el subsuelo y el potencial de recursos en el mismo. Es mejor conocido por su lucha en contra del extractivismo y ha accionado legalmente contra varios proyectos mineros.
SEMANA conoció un audio de una reunión entre Fierro y coordinadores de la entidad, en la cual dijo que el Gobierno iba a “permear” en las decisiones técnicas. “A este Gobierno lo eligieron para un cambio, lo eligieron las comunidades afectadas por el extractivismo, lo eligieron las comunidades marginadas, lo eligieron fundamentalmente los afectados. Así que nosotros no vamos a seguir trabajando en función de lo que las empresas quieran y lo ratifico aquí”, dijo el director de la entidad en el audio que conoció este medio.
Vélez también tuvo conflictos con los viceministros que la acompañaron en el primer tramo de su gestión. A pesar del compromiso con la causa del mandatario, sus cualidades técnicas fueron un obstáculo para la ministra.
Esto ocurrió con Belizza Ruiz, viceministra de Energía, quien fue retirada de su cargo por petición de Vélez. Por sus apreciaciones sobre los asuntos del Ministerio, la ingeniera eléctrica asegura haber sido víctima de algunas actitudes hostiles de la jefa de la cartera.
El conflicto subió de tono cuando se publicó el informe ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’. Tanto Ruiz como Camilo Rincón, exdirector de Hidrocarburos, manifestaron sus reparos por la información sobre las reservas de gas natural, que no distinguió entre reservas probadas, probables y posibles. El objetivo de Vélez era hacer creer que existían reservas hasta 2037.
Mientras Ruiz no fue consultada, los reparos de Rincón fueron descartados por Vélez. Ambos fueron retirados por dicho informe y, ante la Procuraduría, la exviceministra recalcó que era un “engaño”. El exdirector, incluido dentro de los autores del informe, dijo que no tuvo nada que ver con el resultado, por medio de una carta: “Los líderes del documento deberán dar las justificaciones técnicas del mismo”.
Giovanni Franco Sepúlveda, ingeniero de minas y metalurgia, salió del Viceministerio de Minas a raíz de una fuerte persecución de congresistas del Pacto Histórico que lo acusaban de ser “cercano” a multinacionales mineras. Ese relacionamiento era parte de su trabajo.
Poco después, Vélez pidió repentinamente la renuncia de Clara Guatame, exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), otra funcionaria clave y con experiencia en el sector. Esto ocurrió justo después de publicar el informe de reservas de petróleo y gas en el país, que debilitó la percepción de autosuficiencia que necesita el Gobierno para dejar de suscribir contratos de exploración.
“Aun amigos de ellos, que se atrevieron desde la razón a desafiar las decisiones que se estaban tomando, fueron excluidos. Sí sabemos y percibimos, por nuestro contacto con trabajadores de la cartera, es que la robustez técnica no gobierna ni dirige. Es más bien la posición y el activismo ideológico”, dijo Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), en conversación con SEMANA.
¿Riesgo de racionamiento?
La gestión de Irene Vélez resalta más por sus escándalos que por su gestión o ejecución presupuestal. David Luna, senador de Cambio Radical, resalta que la exministra no se preparó para el inminente fenómeno de El Niño, que podría provocar un racionamiento energético y apagones en el futuro.
“Tenemos una gravísima situación en materia de generación y transmisión eléctrica, y nada de eso fue atendido por la ministra. Espero que el presidente nombre un técnico y no a alguien para pagar un acuerdo político. Está de por medio la estabilidad macroeconómica y microeconómica de nuestro país. Un racionamiento sería la estocada final para una economía que atraviesa momentos muy críticos. Nos puso en grave riesgo por su pobre gestión”, manifestó Luna para este medio.
Vélez sale investigada por las autoridades por posible tráfico de influencias y con pocos indicadores que defiendan su paso por la cartera. Las empresas del sector se encuentran a la expectativa y en incertidumbre por la posible llegada de un perfil similar a la cartera.
A pesar de esto, el presidente la recordó en su discurso en la instalación del Congreso de la República como una “excelente ministra” que pagó el precio de defender la transición energética. Por otro lado, Giovanni Franco Sepúlveda, exviceministro de Minas, publicó un curioso trino cuando se conoció que la funcionaria iba a dejar el cargo: “Cesó la horrible noche”.