Más de cuatro meses después de haber decretado el cese al fuego con la denominada Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, el Gobierno Nacional aún no tiene cómo verificar que este grupo ilegal está realmente cumpliendo con la suspensión de las hostilidades.
Así lo reconoció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un documento enviado al Congreso de la República, texto conocido en exclusiva por SEMANA.
Según el documento, el decreto 2660 de 2022, con el que se da piso jurídico al cese al fuego con este grupo, “se encuentra en vigor a la fecha”, sin embargo reconoce que “no se cuenta con mecanismo propio de Veeduría, Monitoreo y Verificación”.
Lo mismo ocurre con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “Este decreto se encuentra en vigor, pero no cuenta con Protocolos de implementación ni con Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación”.
De hecho, según un informe que consolidaron más de 700 organizaciones de la sociedad civil, agrupados en la Coordinadora Humanitaria, un espacio de convergencia que une a múltiples grupos sociales de zonas golpeadas por la violencia en torno al respeto del derecho internacional humanitario (DIH), hasta el momento se reportan al menos 219 posibles violaciones al cese al fuego bilateral en 15 territorios.
La organización alerta sobre la vulneración de derechos por parte de las estructuras en tregua, cuyos frentes continúan sus operaciones criminales, llevando a cabo asesinatos, atentados, hostigamientos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas territoriales.
SEMANA accedió al documento en el que se asegura que hubo un aumento de hechos violentos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caribe, Chocó, Guaviare y Nariño, si se compara con el panorama en diciembre de 2022, antes de que el Gobierno Petro anunciara el cese. De acuerdo con el informe, las afectaciones más frecuentes son los desplazamientos masivos y confinamientos, los cuales son producto de los enfrentamientos entre los actores armados y demás acciones hostiles en Nariño, Caquetá, Chocó, Arauca y Cauca.
Gobierno le da la mano al Clan del Golfo
A pesar de que las acciones criminales del Clan del Golfo llevaron al rompimiento del cese al fuego con esa organización, el pasado 19 de marzo, el Gobierno Nacional le vuelve a tender la mano a este grupo armado ilegal.
Según indica la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el mencionado documento en poder del Congreso, “a pesar del rompimiento del cese al fuego, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha mantenido conversaciones con dos facilitadores de este grupo armado, con el objetivo de mantener un mínimo de relacionamiento y comunicación con esta estructura”.
De acuerdo con la oficina dirigida por el comisionado de paz, Danilo Rueda, la idea de estas conversaciones es buscar la posibilidad de tener un nuevo cese al fuego con esta organización ilegal.
Con estos acercamientos se busca “identificar las acciones que permitan avanzar en la recuperación de un espacio de diálogo bajo un cese al fuego bilateral”.
Igualmente, la entidad reconoce que ha “sostenido algunas conversaciones con el apoyo y acompañamiento de algunas embajadas. Como resultado, se avanza en el acuerdo de acciones de carácter humanitario que buscan aliviar los efectos de la guerra en los territorios en los que este grupo armado tiene injerencia”.
En la comunicación enviada al Congreso, el Gobierno aclara que actualmente no hay ningún proceso de paz con el Clan del Golfo, aunque reconoce que, “en caso de habilitarse espacios, sería sólo para asuntos de sujeción a un mecanismo judicial que permita la dejación colectiva de armas”.
“El Gobierno Nacional no tiene ninguna agenda de negociación ni existe negociación, los acercamientos son en asuntos humanitarios por el respeto a la vida, esto es lo único que existe , en caso de habilitarse espacios en este sentido, sería solo para asuntos de sujeción a un mecanismo judicial que permita la dejación colectiva de armas, transición de derechos con garantías y transformaciones territoriales, pero aún no hay avance en esta materia”, reza el documento.
El 19 de marzo pasado, Petro ordenó suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, debido a que el grupo armado ilegal fue responsabilizado por el ataque con fusil a la fuerza policial en el Bajo Cauca antioqueño durante un paro minero.