El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le dio una grave noticia al país y destapó un escándalo de grandes proporciones: “retornaron las chuzadas ilegales a Colombia”.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Según relató, las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia.

“Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”, expuso el fiscal Barbosa.

El fiscal general Francisco Barbosa. | Foto: Fiscalia General de la Nacion

“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución de 1991″, anotó el jefe del ente investigador.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro indicó en sus redes sociales que nadie de su gobierno está vinculado con la orden que se dio para estas interceptaciones ilegales. “Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”, dijo.

Además, sostuvo que acusar a su gobierno de estar detrás de estas actuaciones no tiene sentido alguno. “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad”, apostilló el mandatario.

“Es irresponsable”

A raíz del escándalo sobre las chuzadas, revelado por la propia Fiscalía General de la Nación, se han desatado todo tipo de reacciones en la arena política nacional, algunas en defensa del gobierno, pero otras haciendo un rechazo categórico al presunto actuar desde las altas esferas.

Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República. | Foto: Juan Carlos Sierra

El exsenador Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y reaccionó a lo expuesto por el presidente Petro en relación con que “ningún miembro del gobierno ordenó interceptaciones telefónicas”.

“Es irresponsable que Gustavo Petro diga que “ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones”. Porque es imposible tener esa certeza”, expresó Robledo.

Choque en la Casa de Nariño: mientras presidente niega chuzadas, minDefensa pide que se sepa “toda la verdad”

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien es el jefe de la Policía, la institución que habría realizado las interceptaciones, presuntamente, por solicitud de Palacio de Nariño, señaló: “Con la misma vehemencia con la que en el pasado reclamé justicia, lo hago hoy. Quienes ordenaron las recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad. Por el bien del gobierno al que pertenezco, toda la verdad debe ser conocida por el país”, señaló.

Agregó que: “como ministro de defensa, le he pedido al director general de la Policía Nacional adelantar con toda celeridad y todo rigor las investigaciones administrativas internas que permitan esclarecer estos hechos lo más pronto posible”.

Lo cierto es que las declaraciones del presidente y las de su ministro no están en el mismo tono.

Ambos hablaron luego de que se conociera que Laura Sarabia, jefe de Despacho de la Presidencia de la República, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 29 de mayo, horas antes de que emprendiera el viaje a Brasil.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez. | Foto: Sebastian Barros/NurPhoto

Según la fuente del alto Gobierno consultada por SEMANA, el mandatario está analizando todo lo ocurrido para determinar si se acepta o no la renuncia de Sarabia.

En un sentido similar se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: “Gobierno no ha ordenado y mucho menos el presidente Gustavo Petro unas escuchas ilegales, y nosotros con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema, pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancione a responsables si se comprueba veracidad de las mismas”.