El pasado 29 de junio, apenas diez días después del triunfo en segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro designó a José Antonio Ocampo como su ministro de Hacienda, y bastó con ese nombramiento para que los asomos de turbulencia económica se calmaran. Tres meses y medio después, el funcionario sigue siendo el polo a tierra de varios de sus compañeros y apaga los incendios que algunos de ellos provocan.
Lo que más llama la atención es que lo ha hecho también con el presidente, cuyas propuestas en materia económica han causado –en algunas ocasiones– nerviosismo en ciertos sectores.
Una de las más recientes fue cuando el mandatario cuestionó la decisión del Banco de la República de elevar las tasas de interés para controlar la inflación. Petro habló de un “impuesto transitorio” a los capitales golondrina.
El jefe de Estado afirmó que la intención “real” del Emisor al elevar las tasas de interés tenía que ver “con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EE. UU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.
El pánico que estaba provocando que un presidente hablara de tributación para estos capitales en su país llevó a que Ocampo tuviera que salir a desmentirlo.
“El Gobierno no va a proponer control de cambios ni impuestos a los egresos de capital. En otras palabras, no hay ningún temor para esos inversionistas y, más aún, celebramos muy enfáticamente que los capitales extranjeros estén entrando al país”, afirmó el ministro.
Pero esa no fue la primera vez. En varios momentos de la campaña, el mandatario propuso que el Banco de la República emitiera billetes. “Yo sí creo que, en tiempos de crisis, hay que hacer lo de la FED de Estados Unidos. La banca central de EE. UU. emitió, tal cual como lo hizo el Banco de la República en 2020”, afirmó Petro en un debate, en noviembre de 2021. Y agregó: “Por eso en Estados Unidos en el 2020 bajó la pobreza, lo mismo en Europa y en el este asiático”.
No obstante, Ocampo, una semana después de que Petro se posesionara, afirmó: “Eso es una práctica monetaria dañina. Hay formas de emisión que hace el Banco de la República normalmente: compra títulos del Gobierno y emite pesos, compra dólares y emite pesos. Esas son las prácticas normales”.
Petróleo, la gran duda
El terreno tal vez más espinoso ha sido el de la exploración y explotación de hidrocarburos. La ministra de Minas, Irene Vélez, y su viceministra de Energía, Belizza Ruiz, insisten en que no se van a suscribir contratos nuevos.
El 4 de octubre, en entrevista con SEMANA, la ministra afirmó que la “voluntad política” del Gobierno es “reemplazar las fuentes fósiles por las renovables” y que es “claro” que el país cuenta con “recursos que se puedan incorporar a través de contratos de exploración y explotación ya suscritos”. Es decir que, por ahora, no habrá contratos nuevos, sino que se seguirá con los firmados.
Y para mayor claridad, la viceministra de Energía manifestó el pasado 7 de octubre: “No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pero todo lo que ya venía antes, que se había firmado y se venía realizando, continuará”.
Aunque lo dicho por las funcionarias responde a lo prometido por Petro en campaña, lo cierto es que este tipo de anuncios no caen bien en el sector petrolero. Por ello, un día después de la afirmación de la viceministra, Ocampo afirmó en Noticias RCN: “Esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”.
En julio pasado, el ministro había dejado sentada su posición: “Colombia tiene que explorar más petróleo y buscar más gas. Es fundamental, ya que las reservas de gas en Colombia son muy cortas (...). El autoabastecimiento es un objetivo claro”, dijo en Noticias Caracol. Y este viernes, la ministra Vélez insistió en el tema: “Nosotros estamos cumpliendo una promesa de gobierno (…). No es una decisión caprichosa”, dijo en W Radio.
Pero, sin duda, una de las rectificaciones más relevantes de Ocampo ha sido la relacionada con el acuerdo entre el Ejecutivo y Fedegán para la compra de 3 millones de hectáreas de tierra.
El propio Petro manifestó hace algunos días: “¿Y dónde está la plata? (para comprar tierras). Pues yo dije: ‘Las compramos con títulos de deuda’. Si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron: ‘No, se derrumba el mercado de TES y entramos en bancarrota’”.
Las palabras del jefe de Estado se explican en lo dicho por el ministro Ocampo después de la firma de ese acuerdo: “En el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se pueden comprar tierras con TES”.
En medio de este contexto, esta semana el presidente lanzó una tesis que ha llamado la atención en círculos políticos y que no se sabe hasta dónde pueda llegar: la existencia de un “enemigo interno” que no le permite realizar los cambios que propuso para el país.
El miércoles pasado, en Caldono, Cauca, el mandatario les habló a los indígenas sobre cómo han sido recibidas en ciertas “élites”, en “consulados”, “embajadas” y en “cada oficina pública” varias de sus propuestas para el cambio.
Y manifestó: “Por eso el principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiere”.
Algunos interpretaron que, de manera indirecta, Petro estaba cuestionando a Ocampo, pero el mandatario dijo: “El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender los intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”.
Frente al papel de Ocampo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló: “Hace bien el ministro de Hacienda cuando sale a aterrizar expectativas y a aclarar situaciones que puedan generar pérdida de confianza en nuestra economía. No hay duda de que lo hace por el bien del país y del Gobierno. Quizás deberían hablar con él antes de actuar”.
Las palabras de Petro podrían relacionarse, más bien, con una especie de justificación ante varios de sus electores para que ciertas promesas de campaña no puedan cumplirse.
Pese a esta tesis del “enemigo interno”, lo cierto es que Colombia es un Estado de derecho, en él existen normas. Esto significa que todos los ciudadanos –incluido el presidente– se deben acoger a ellas.
No parece sencillo que un mandatario, por el hecho de serlo, pueda pasar por encima de las normas justificándolo con que son “cambios” en “favor de la gente”, ya que, por muy noble que sea ese propósito, puede exponer a sus funcionarios a que tengan que responder ante las autoridades correspondientes.
Es una verdad de a puño que los primeros que deben respetar las reglas son el Gobierno y sus funcionarios. Y si un gobernante no está de acuerdo, el primer paso que debe surtir es cambiarlas a través de los canales institucionales y no manifestar que estas le impiden cumplir lo que prometió.