La escandalosa denuncia que salió al interior de las altas cortes, para que la Fiscalía General investigue presuntas chuzadas, al parecer desde organizaciones estatales, tiene impactado al país. El caso fue revelado en exclusiva por SEMANA.
Sin embargo, por ahora, el presidente de la República, Gustavo Petro, no ha reaccionado públicamente sobre esos delicados hechos, situación que detectó un exministro.
Se trata de Juan Camilo Restrepo, quien fue en su momento jefe de cartera de Hacienda. El exfuncionario a través de sus redes sociales publicó un demoledor mensaje: “El silencio del alto gobierno sin condenar las chuzadas a los magistrados de la Corte Constitucional retumba”, posteó Restrepo.
Restrepo salió hace varios días en defensa de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, criticados por el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el exministro Juan Camilo Restrepo, la “manía de Petro de echarles la culpa a sus antecesores de todo lo que no se hace o se hace mal en su gobierno se ha acentuado en grado extremo en los últimos días”.
“Los antecesores de Petro, así como hicieron bien muchas cosas, pudieron tener fallas”, reconoció Restrepo.
Todo empezó el miércoles de la semana pasada, día en que la fiscal Luz Adriana Camargo concurrió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional. En la reunión estaban presentes todos los magistrados del alto tribunal. Fuentes del despacho de Camargo le contaron a SEMANA que, en ese encuentro, la fiscal recibió una de las denuncias más graves desde que está en su cargo.
En esa sesión, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le hizo entrega a Camargo de una fuerte carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.
Hace unos días, se encendieron las alarmas cuando un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”. Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez.
Personas que trabajan con Camargo le hicieron entrega a este medio del documento que recibió en la Corte y que está en el escritorio de la fiscal. La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional:
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.
Pero Ibáñez fue más allá: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
Sumado a ello, Ibáñez también puso de presente que, hace aproximadamente dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han hecho “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.
Finalmente, frente a la sesión reservada entre los magistrados de la Corte Constitucional y Camargo no se conocen detalles, únicamente que la fiscal se habría comprometido a investigar. Un general de la república, activo, le confirmó a SEMANA de manera reservada que tales interceptaciones sí se han hecho. El alto oficial mencionó dos nombres que llaman la atención: Carlos Ramón González, hoy director de la DNI, y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño.