La relación de Colombia con Estados Unidos es estratégica y vital, independientemente de quién esté al mando de la Casa Blanca. Respetando el diálogo bipartidista, los Gobiernos colombianos han podido trabajar con republicanos y demócratas. El presidente Biden termina su periodo; más allá de aciertos o desaciertos, hay que agradecer que siempre tuvo afecto por Colombia. Con la llegada al poder del presidente Donald Trump, resulta imperativo que el actual Gobierno de Colombia ponga en marcha un plan para trabajar de forma articulada con Washington. No hacerlo resultaría perjudicial para los colombianos, sin importar si se profesan de izquierda o de derecha. Lo que está de por medio es el futuro de la alianza con el socio más importante del país a lo largo de su historia. En ese sentido, el Gobierno de Colombia deberá actuar con pragmatismo y entender el viraje que se acaba de producir en Estados Unidos, donde el presidente Trump ganó de manera contundente y los republicanos conformarán mayorías en el Senado y la Cámara.
Para el Gobierno de Colombia, la llegada de la administración Trump va a significar una especie de presión en temas de alto impacto, como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la ‘paz total’, la migración y el trámite de recursos en el Capitolio. Igualmente, una lógica de proteccionismo puede llevar incluso a que se replanteen acuerdos comerciales vigentes entre ambas naciones.
Al presidente Petro le vendría bien abandonar sus posturas ideológicas radicales, porque son los ciudadanos, empresarios y colombianos en general quienes podrían terminar pagando los platos rotos de decisiones erráticas. Estados Unidos es el primer socio comercial en importaciones y exportaciones, el principal inversionista, jalona fuertemente el turismo (la mayor cantidad de turistas extranjeros proviene de ese país), es el país donde los colombianos más invierten y residen en el exterior, y ha logrado construir con Colombia una estrecha cooperación en materia de seguridad que ha dado grandes réditos.
Para empezar, hay que tratar de comprender por qué Donald Trump acaba de ganar nuevamente la presidencia. Algunas de las razones que explican su triunfo frente a la vicepresidenta Kamala Harris conectan con Colombia. En el plano interno, los ciudadanos estadounidenses, en primer lugar, han venido sintiendo lesionados sus bolsillos debido a un elevado costo de vida que ha hecho que, para muchos, la plata, literalmente, no alcance. En segundo lugar, hay una creciente sensación de inseguridad que asocian al fenómeno de la inmigración, que ha encendido las alarmas, particularmente por la violenta arremetida de bandas criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, considerada por el Departamento de Estado como una amenaza delictiva para toda la región. Detrás del problema están el narcotráfico y los carteles mexicanos y colombianos, y el tráfico de drogas, que alienta la criminalidad, algo que el presidente Trump ha prometido combatir sin pausa.
De ahí que uno de los grandes desafíos del país frente a la administración Trump sea la lucha contra las drogas. Hoy Colombia tiene el mayor número de hectáreas (253.000, a corte de 2023, según Simci) y el mayor nivel de producción de cocaína en su historia (2.664 toneladas). Si bien es cierto que en Estados Unidos el primer producto de consumo hoy es el fentanilo, la cocaína no ha dejado de consumirse y está en los mismos volúmenes que en el pasado.
En su momento, en 2017, el entonces presidente Trump, en su primera administración, estuvo a punto de descertificar a Colombia luego de la firma de los acuerdos de La Habana con las Farc, al considerar que no se estaba haciendo lo suficiente para contener el narcotráfico. Ahora, en su segundo mandato, es muy probable que lleguen a la conclusión de que la administración Petro no está haciendo lo necesario para enfrentar ese flagelo. Dada esa experiencia en el pasado, una de las presiones más fuertes que sentirá el país a partir de ahora será en ese frente.
Asimismo, la presión se sentirá a raíz de las mayorías republicanas que se conformarán en el Congreso. Desde 2023, Colombia ya ha visto sufrir recortes en la ayuda de cerca de 60 millones de dólares. Lo que preocupa es que, debido a la falta de resultados en la lucha antidrogas, y a la percepción de los republicanos de que Colombia no está alineada con los intereses de las democracias y ha ido acercándose a gobiernos autocráticos en el mundo, eso termine en más recortes. Eso le haría un inmenso daño a las capacidades de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de los programas sociales y al prestigio del país, es decir, a las personas y empresas. No cabe duda de que la administración Trump podrá ser transaccional, lo que quiere decir que extenderá la mano a Colombia, siempre y cuando haya resultados puntuales en temas de interés mutuo.
En mi calidad de exembajador en Washington en dos oportunidades (2015-2017 y 2021-2022), donde tuve el privilegio de trabajar con tres administraciones (Obama, Trump y Biden), debo resaltar que Colombia ha venido perdiendo relevancia en su relación con Estados Unidos en los últimos dos años. Nuestro país era considerado un aliado y estaba vinculado a asuntos estratégicos. Una muestra de esa pérdida de influencia está en la decisión del presidente Biden, en julio de este año, de no incluir a Colombia como país prioritario para la producción de semiconductores, con fondos del Departamento de Estado y del BID. El programa beneficiará a México, Panamá y Costa Rica. Quedar por fuera es una pésima noticia para los colombianos. En los últimos 20 años había una máxima que decía que América Latina no tenía relevancia suficiente en la discusión en Estados Unidos, a excepción de Colombia, que históricamente fue considerado país prioritario. Hoy, lamentablemente, no es así, y eso resta oportunidades de inversión y de cooperación en salud, educación, medioambiente, ciencia y tecnología.
Y con el presidente Trump dicha irrelevancia de Colombia podría acentuarse aún más, lo cual debe llevar al Gobierno de Colombia a actuar pensando en los intereses de los ciudadanos y obrar en consecuencia. El mandatario colombiano debe ser consciente de que con la administración Trump habrá menos tolerancia y más exigencia, a diferencia de lo sucedido con el presidente Biden, que, a pesar de los desacuerdos con la Casa de Nariño, había mantenido tolerancia con el Gobierno Petro.
En el plano regional, sin duda, un tema de enorme impacto será la fuerte presión que impondrá el presidente Trump para la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. El nuevo presidente de Estados Unidos va a buscar el fin de ese régimen, y una cosa será la ideología del presidente Petro y su cercanía con Maduro, y otra será que, por tratar de darle oxígeno a un tirano que cometió un fraude, termine afectando los intereses colombianos frente a Washington.
El Gobierno nacional debe tener presente que, en su primer mandato, el presidente Trump puso contra las cuerdas a Caracas e impuso sanciones drásticas a personas vinculadas con ese régimen por narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos, entre ellos los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. Petro, de nuevo, tendrá que elegir entre ser pragmático o seguir haciéndole el juego al dictador. El regreso del presidente Trump a la Casa Blanca va a representar una inmensa presión para que Venezuela respete la democracia y lo negociado en Barbados. De lo contrario, habrá acciones muy firmes. A Maduro, seguramente, le van a decir con claridad que resulta inaceptable el fraude cometido en las elecciones del pasado 28 de julio, frente al presidente electo Edmundo González, y se debe ir. Asimismo, en el diálogo global con las grandes potencias que emprenderá Trump, una vez asuma su mandato, y en el que se pondrán sobre la mesa conflictos como la guerra en Ucrania, el tema de Venezuela estará presente.
No a la impunidad
A pesar de que el presidente Trump cree en la negociación, ni él ni nadie de su equipo que lo rodea ve hoy con buenos ojos la lógica de impunidad absoluta que se ha ofrecido a miembros de grupos criminales en Colombia en medio de la llamada ‘paz total’, una apuesta central del presidente Petro. Ese proceso va a enfrentar enormes cuestionamientos de la Casa Blanca y va a obligar al Gobierno colombiano a equilibrar las condiciones fijadas para el desarrollo de dichos diálogos, de tal manera que los criminales puedan cesar sus acciones, pero, al mismo tiempo, enfrenten consecuencias por los delitos que han cometido. A los ojos de la nueva administración republicana resulta incomprensible que recursos estadounidenses terminen por beneficiar a miembros de grupos criminales y, en vez de cesar la violencia, se sigan presentando violaciones a los derechos humanos y asesinatos sistemáticos de líderes sociales, como está ocurriendo.
La violencia en los campos y ciudades de Colombia repercute en Estados Unidos. Actualmente, hay una cifra récord de migrantes tratando de ingresar hacia ese país. Hace unos años, el número de colombianos detenidos en la frontera sur, al mes, era de 800, y ahora ha habido meses en los que han sido cerca de 20.000, lo cual es un indicador de la magnitud del fenómeno. Y una de las razones por las cuales miles de colombianos buscan una nueva vida en Estados Unidos es para huir de la criminalidad y el deterioro económico.
La diplomacia del actual Gobierno debe saber que las malas decisiones perjudicarán, en últimas, a la gente en nuestro país. Asimismo, Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande por mantener la lógica bipartidista en su relación con Estados Unidos. Una de las equivocaciones más graves de los últimos años es que se rompió el respeto por ese pilar del relacionamiento. En esta ocasión, la administración Petro se ha dedicado a priorizar sus relaciones con el ala más extrema de los demócratas, dejando a un lado a los republicanos. Craso error, y lo digo desde mi experiencia. A lo largo de los años he dialogado con cerca de 400 congresistas estadounidenses y sé de la importancia estratégica de mantener canales abiertos y fluidos con los dos partidos.
En este campo es importante resaltar que dos personas de origen colombiano, Bernie Moreno (republicano) –electo– y Rubén Gallego (demócrata) –probablemente electo– tendrán influencia en los temas de nuestro país en el Congreso de Estados Unidos. Ellos serán vitales en las nuevas relaciones entre Bogotá y Washington. Moreno, elegido senador por el estado de Ohio, es, además, el hermano de Luis Alberto Moreno, seguramente, el mejor embajador en Estados Unidos que ha tenido Colombia en su historia, con una gran influencia y reputación a nivel global. Igualmente, su otro hermano, Roberto Moreno, fundador de la constructora Amarilo, es un ejemplo de empresario que crea empleo y bienestar en Colombia.
Sobre la relación personal, el presidente Gustavo Petro ha sido hostil en el pasado con Trump, lo cual lo hace insignificante a los ojos del mandatario norteamericano. El actual jefe de Estado colombiano tiene que entender cómo abordar al nuevo presidente de Estados Unidos, dejar de pensar en sí mismo, buscar ante todo abrirles las puertas a los colombianos en ese país y conseguir recursos y acuerdos de cooperación. Lo peor que podría hacer es provocar que se cierren las puertas. El Gobierno de Colombia debe entender que el equipo de la administración Trump y potenciales miembros de su gabinete, como el senador Rubio, el exsecretario Pompeo, entre otros, no aceptan el neocomunismo latinoamericano y tampoco admiten alineamientos con enemigos declarados de la Casa Blanca, como Irán, China o Rusia.
El hecho de que, por decisiones del Gobierno, Colombia haya terminado alineada con Hamás y Hezbolá, en contra de Israel, y que aún no condene con firmeza los ataques del 7 de octubre de 2023 le puede costar al país. Y repito: no se trata de la imagen de Petro, sino de la suerte de los colombianos frente a la mayor economía global. En su relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, Colombia no debe pensar en lograr aplausos de la izquierda radical, sino en promover un clima armónico que termine por beneficiar la economía, la inversión y la calidad de vida de los colombianos.
En el campo comercial, se dice que el presidente Trump se dispone a acelerar el crecimiento de la economía en Estados Unidos a partir de la reducción de impuestos, el recorte de gastos ineficientes del Gobierno y estimular las industrias de la tecnología y la innovación, en las que habrá protagonistas de marca mayor, como Elon Musk o Jeff Bezos. Preocupa que hay en curso una filosofía de proteccionismo que puede llevar a que aquellos países con los que Washington no tenga una buena relación sean presionados vía comercio, lo cual podría ser una pésima noticia para los intereses colombianos.
Por el contrario, hay que buscar oportunidades vitales y hacer todos los esfuerzos para atraer inversión en cadenas de valor asociadas a la economía de transición energética, la producción de minerales, la integración de baterías, la tecnología, data centers y la prestación de servicios financieros y legales. El Gobierno debe comprender que a Colombia le conviene elegir ser un gran receptor de las inmensas oportunidades que se van a abrir y no quedar por fuera del escenario y estar cada vez más rezagada.
Tampoco se debe dejar de lado la inmensa preocupación que tienen líderes republicanos frente al riesgo en el que pueda estar la democracia en Colombia en el corto plazo. Los ojos estarán puestos encima ante cualquier alteración del orden constitucional, y habrá figuras muy influyentes en la administración y en el Congreso bipartidista monitoreando que las elecciones de 2026 se desarrollen con normalidad y plenas garantías.
Un respeto por el bipartidismo, una comprensión profunda de las razones que llevaron de nuevo al presidente Trump al poder, resultados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una puerta cerrada a la impunidad y un pragmatismo a todo nivel deben ser ingredientes necesarios para la nueva etapa de las relaciones entre el actual Gobierno de Colombia y la nueva administración de Estados Unidos.
*Profesor en visita en asuntos internacionales y económicos de la Universidad de Princeton. Dos veces embajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa.