Las invasiones de terrenos privados, fenómeno que se ha agudizado en los últimos días, ya colmaron la copa de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), agremiación que hizo un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto.
Desde hace algunos meses, la problemática de la invasión de tierras en predios privados ha sido una constante en que se han visto afectados varios tenedores de propiedades privadas, legalmente adquiridas, y que han tenido que lidiar con invasores que parecen tener diferentes motivaciones en sus propósitos.
Estas ocupaciones ilegales han estado marcadas por violentos enfrentamientos entre indígenas y campesinos que defienden, con títulos en mano, lo que, según dicen, les pertenece por ley. Asimismo, se está presentando un conflicto entre los invasores y los trabajadores de los cultivos de caña, los ganaderos y los líderes afro.
“No puede ser que a punto de violar la ley se busque hacer una reforma agraria. Estuve en el departamento de Caldas cinco horas hablando con agricultores y todos asustados por las invasiones”, expresó el director de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, durante un debate en el Congreso.
Bedoya aseguró que “la violación de los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada que se cometen con la invasión de tierras tienen que tener una respuesta efectiva por parte del Estado y eso se llama judicialización”.
El líder gremial llamó al Gobierno a que actúe antes de las 48 horas que da la ley para que los invasores desalojen los predios.
“Entiendo lo que dice el ministro de Defensa, (Iván Velásquez), de que durante las 48 horas siguientes se debe desalojar, pero es que durante esas 48 horas les queman los cultivos y les matan los animales al dueño del predio y, además, el propietario tiene que ir hasta la Policía Nacional para pedir el desalojo ¿Y mientras tanto quién le cuida el cultivo?”, se preguntó Bedoya, quien lanzó una dura sentencia: “Quienes violan la Constitución y la ley, quienes invadan predios no pueden acceder a la reforma agraria”.
La situación con la invasión de tierras se ha tornado tan crítica que también Fedegán, el gremio de los ganaderos, envió un documento al Congreso en el que lanza una alerta de lo que ha sido esta problemática.
Según el documento, conocido por SEMANA, desde que se desató nuevamente este fenómeno y hasta la fecha han sido ocupadas ilegalmente 10.000 hectáreas que pertenecen a predios privados de ganaderos.
“Con base en la información allegada por los productores ganaderos, en lo corrido del 2022 se cuentan casos de invasión y ocupación ilegal de tierras en los departamentos de Sucre, Cesar, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Bolívar. Estos casos representan la invasión de al menos 10.000 hectáreas”, indica el documento.
Esta extensión corresponde a 100 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que tiene un municipio como Mosquera, en Cundinamarca, donde residen cerca de 83.000 habitantes.
Frente a la razón por la cual se han desatado estas invasiones, el documento, firmado por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, señala que “se trata de conductas criminales perfectamente planeadas por organizaciones delictivas que de tiempo atrás se han dedicado a esta actividad ilícita y cuyo fin último es lucrarse de ella”.
“Para llevarlas a cabo se paga a los grupos de invasores, los cuales, en la mayoría de los casos, hacen uso de personas que pertenecen a población vulnerable, como ancianos, niños, mujeres en estado de embarazo, etc., quienes son manipulados para desarrollar la actividad criminal de invasión de tierras de propiedad privada”, señala el documento.