El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo, a cargo de la ministra Gloria Inés Ramírez, por el no pago de las deudas que esa cartera tiene pendientes con un grupo de 109 maestros del departamento de Quindío.
La decisión fue proferida el pasado viernes 1 de marzo. En ella, se determinó que la nación, a título del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep) del Ministerio de Trabajo, tendrá que pagar los pendientes que tiene con los docentes que datan desde finales de 2014.
La cartera ya está al tanto del caso y la propia ministra Ramírez le envió un oficio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reclamando un informe de reconocimiento y reliquidación de pensiones en el que le piden a ese despacho individualizar cada uno de esos 109 casos que están contenidos en el proceso judicial.
Si bien una vez Unidad revise los casos y confirme si se adeudan o no esos dineros, se efectuaría los giros que correspondan, la premisa del Ministerio es que se trata de un pendiente que viene desde hace 10 años.
En ese oficio la ministra Ramírez le recordó a la Unidad que desde marzo de 2019 la entonces ministra del Trabajo, Alicia Arango, les había solicitado un informe sobre el cumplimiento de la sentencia que dio lugar al reclamo de los docentes y posterior embargo de las cuentas. La cartera está pendiente de la respuesta de la Unidad.
El embargo a las cuentas de MinTrabajo
El juzgado decidió decretar el embargo de los dineros de la nación correspondientes al Ministerio de Trabajo y a Fopep por la cuantía de 12.825 millones de pesos, monto que corresponde apenas a una parte de la deuda que tiene esa cartera con los maestros, que asciende a los 35.000 millones de pesos.
Esa cuantía de dinero es preliminar, pues este litigio data del 28 de noviembre de 2014. El caso llegó a los estrados judiciales en 2017, mediante una acción de tutela, y apenas ahora, casi diez años después, se conoce un fallo definitorio contra la nación por la falta de pago a los docentes.
Así las cosas, el monto adeudado por el Estado colombiano a ese grupo de profesores podría incrementarse porque no se han calculado los intereses correspondientes a casi una década de pendientes económicos, ni mucho menos el retroactivo.
La que tendrá que pagar esos pendientes será la cartera que gestiona la ministra Ramírez, que pasó de ser una docente líder sindical a ser la encargada de la cartera señalada de no cancelar sus pendientes con los maestros.
Por ello, fuentes cercanas al proceso le dijeron a SEMANA que el valor adeudado a los profesionales de la educación (que actualmente se calcula en 35.000 millones) podría incluso duplicase, una vez se tengan en cuenta esos dos conceptos.
El artículo primero de la medida cautelar proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia determinó “decretar el embargo de los dineros de la nación - Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) tenga a cualquier título de contrato bancario en las siguientes entidades financieras: Davivienda, Bancolombia, BBVA, Av Villas, Banco de Bogotá, Colpatria, Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Helm, Bancompartir, Itaú, Banco Falabella, Bancoomeva, Banco Pichincha, Banco Allianz, Banco CSC, Banco WWB y Bancamía, limitándola en cuantía de $ 12.825.947.346″.
Si bien la medida cautelar enuncia varias entidades bancarias, inicialmente solo se librará el oficio al banco Davivienda para que se proceda al embargo de la cuenta del Ministerio del Trabajo en esa entidad bancaria.
Y, si los recursos existentes en las cuentas de la cartera dentro de esa entidad financiera son insuficientes para cancelar el pendiente con los docentes, luego se enviaría el respectivo oficio al banco BBVA y al resto de entidades enunciadas en la decisión.
“Siendo que se trata de dineros públicos cuya cautela puede llegar a afectar el debido funcionamiento del aparato estatal, la medida, aunque se decretará con destino a todas las entidades bancarias solicitadas, solo se ordenará oficiar a cada una de ellas, conforme se tenga respuesta de las resultas de la misma, esto es, si se cautelaron los dineros y hasta qué monto, o si no se embargaron”, se lee en el documento proferido por el tribunal, que tiene la firma del juez Fernando Solórzano Duarte.
El proceso judicial de ese grupo de maestros quindianos contra el Estado comenzó mediante una acción de tutela que data del 24 de agosto de 2017, después de pasar tres años a la espera de que el Ministerio de Trabajo les pagara la millonaria deuda. Ahora, la crisis por el no pago de la cartera a los docentes le cae a la administración de Gloria Inés Ramírez.