Se avecina la radicación de la nueva reforma a la salud del Gobierno Petro, la cual será presentada con mensaje de urgencia para agilizar su trámite. En un documento, Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, resalta los “puntos críticos” del borrador que se conoce de la iniciativa, que deja varias preocupaciones y dudas sobre cómo funcionaría el nuevo sistema.
En primer lugar, la representante resalta que aún no existe un aval fiscal al proyecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A pesar de que el concepto puede ser presentado en cualquier momento durante el trámite, Miranda considera que es “imperativo” que se presente lo antes posible.
“Para que haya tranquilidad sobre el costo fiscal y sobre ello se realice la discusión”, indica la parlamentaria.
La congresista también tiene dudas alrededor de la eliminación del sistema de aseguramiento: “No se establece qué entidad asumirá el riesgo de salud, es decir, en caso de una indebida prestación o no prestación del servicio de salud no hay responsable directo sobre ello”. Dice que las responsabilidades se deben definir en la reforma. De lo contrario, “cualquier asomo de duda podrá desencadenar trágicas consecuencias en la salud y vida de los colombianos”.
En tercer lugar, asegura que existe “incertidumbre” en la contratación, dado que no está claro sobre quién recae la responsabilidad en el nuevo sistema. “Tampoco sabemos cómo sería la contratación o integración de las RIISS privadas o si estas están llamadas a desaparecer para tener una red enteramente pública”, se lee en el documento.
En cuarto lugar, Miranda asegura que el periodo de transición hacia el nuevo sistema es “insuficiente”, dado que las EPS y demás actores solo tendrán dos años para prepararse para el nuevo sistema.
“Resulta insuficiente, toda vez que, se deben comprar predios para crear los CAPS, se deben equipar y se debe garantizar que su funcionamiento estará a tiempo y no estaremos ante elefantes blancos”, expresa la congresista.
También le preocupa que la Adres sea el pagador único por la falta de claridad en torno a la auditoría y garantías de que no exista corrupción. Además, no está de acuerdo con la posible eliminación de regímenes especiales y la falta de consulta previa al trámite en el Congreso.
La congresista plantea otros interrogantes, como las dudas alrededor de la entidad que se encargará de la gestión farmacéutica cuando se apruebe la reforma, cómo se entregarán los medicamentos y qué entidad hará las negociaciones que hoy hacen aquellas gestoras encargadas de esta parte del sistema.
“¿Cómo será el proceso bajo la ley que se expida como reforma a la salud, de ser aprobada como se encuentra en este momento? ¿Qué entidad se encargará de la gestión del riesgo técnico? ¿Qué entidad se encargará de realizar el control de enfermedades crónicas? ¿Qué entidad se encargará de liquidar/pagar, auditar y gestionar, las licencias de maternidad y las incapacidades por enfermedad general?”, pregunta la representante de la Alianza Verde.
Además, pide respuestas sobre la entidad que hará control del gasto, el manejo de la información y cómo se integrarán los sistemas que actualmente manejan estos datos desde el Ministerio de Salud, una vez se cree el Sistema Público Unificado. Además, no hay claridad sobre el tiempo en el que se implementará el sistema.