El proyecto de ley que busca la autonomía regional y la descentralización pasó en sexto debate en la plenaria del Senado y ahora saltará a la Cámara de Representantes, donde cursará los otros dos debates faltantes. La iniciativa —si nada extraordinario ocurre— está casi que aprobada porque en los últimos dos años la Cámara ha demostrado más simpatías con el Gobierno Petro que el Senado.
El proyecto, que en teoría busca repartir en mayor proporción recursos del Sistema General a los departamentos y así evitar la engorrosa tramitomanía de dineros ante el Gobierno nacional, tiene sus pro y sus contra.
Tiene contentos a alcaldes y gobernadores que después del 2027 manejarán más recursos que destinarán para atender educación preescolar, básica y media, salud, saneamiento básico, entre otros temas.
Y de otro lado, tiene con las alarmas encendidas entre 27 exministros y exviceministros de Hacienda que han rechazado de facto la propuesta.
Sorpresivamente, también ha unido a senadores cercanos al Pacto Histórico y al uribismo que coinciden con que, en caso de aprobarse la iniciativa, el Estado enfrentará una verdadera crisis fiscal.
El propio senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, le reconoció al país que tras la aprobación de la iniciativa, el Congreso tiene que avalar otra reforma tributaria porque los recursos del Estado no alcanzan.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abandera el proyecto, pese a que al interior del Gobierno ha tenido diferencias con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien como los 27 exministros y exviceministros, advierten un riesgo a las finanzas en caso de que la iniciativa se apruebe. “Descentralización, sí, pero no así”, recalcó.
Al final, ganaron relativamente ambos porque se aprobó la iniciativa empujada por Cristo, pero en medio del debate en la plenaria del Senado, se ajustó la cifra de la transferencia de los ingresos, tal como lo sugirió el Ministerio de Hacienda.
Inicialmente, estaba planteado que los giros pasaran del 24 %, como sucede hoy, al 46.5 %, pero quedó en el 39.5 %. Aunque inicialmente se buscaba un aumento gradual de recursos por un período de 10 años, se extendió a 12 y desde el 2027.
La fecha de la vigencia del proyecto será otro de los temas que discutirá la Cámara. Al fin y al cabo, debe aprobarse una ley que deje claras cuáles serán las competencias del Gobierno nacional, los departamentos y municipios.
Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, propuso un giro de hasta un 37 %, pero fue derrotada.
“Hay que hacerla bien hecha. Los municipios necesitan más plata, pero esto no puede ser un cheque chimbo, sin fondos, ni un cheque en blanco. Ya vimos. Anticiparon y pusieron una proposición para que entrara a regir en 2026. Es decir, carreta, que esto va a estar sujeto a una ley. Van a sacarlo a las patadas el año entrante. No lo aprobaron porque varios nos pararon, pero aquí queda la alerta”, manifestó, advirtiendo que la proposición puede revivir en la Cámara de Representantes.
El consenso fue arrollador en el Senado y Cristo, contrario a lo que se especulaba en los pasillos del Ministerio de Hacienda, logró avanzar con su iniciativa en tiempo récord.
Uno de los temas que se tendrá que definir a futuro es cómo se repartirán los recursos económicos a las regiones.
Hoy, tal y como está en el proyecto, la distribución sería similar a la que rige actualmente, es decir, se giran dineros, según el número de habitantes de cada departamento o municipio. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que la iniciativa debe premiar a las zonas más pobres del país. Esa será una puja que resolverá la Cámara.
La iniciativa llegará a la Cámara con dudas entre petristas. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, no tuvo reparos en decirle al presidente Gustavo Petro que no estaba de acuerdo con la iniciativa.
“Presidente, este proyecto es una tremenda equivocación, las estadísticas son claras y demuestran cómo desde mediados de los años 80 la descentralización creó incentivos para el uso de la violencia por los grupos ilegales que les permitiera tener mayor control local. Quiénes están a favor de esta propuesta olvidan la debilidad de nuestro Estado en el monopolio de la fuerza y la administración de justicia. No se trata solo de un asunto fiscal y de competencias, se trata de la prioridad que debemos tener en Colombia: la vida. Este proyecto de acto legislativo olvida las múltiples violencias que aún padecemos en los territorios y como la equivocada descentralización puede promoverlas”, dijo.
Además, existe el temor de que más recursos en manos de alcaldes y gobernadores dispare la corrupción, tal como ha ocurrido en varios departamentos del país como Arauca, Caquetá, Huila, entre otros, donde reinan los mal llamados ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas.