El Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de adjudicar un contrato para el mejoramiento de los sistemas de información de esa cartera en los trámites internos y externos sobre el que hay un manto de duda.
Se trata de un convenio aprobado el pasado 9 de octubre por el Fondo Rotatorio de la Cancillería y suma un monto de 10.364 millones de pesos a fin de prestar esos servicios durante solo 82 días. Lo particular es que fue adjudicado de manera directa a un contratista sobre el que se advirtió que no cumplía los requisitos para ejecutarlo.
La licitación fue entregada de forma directa a Aldesarrollo (Alianza Pública para el Desarrollo Integral), una entidad descentralizada de carácter público que en sus estatutos se define como una organización sin ánimo de lucro conformada por tres instituciones académicas.
Sin embargo, llama la atención que en el objeto de la licitación que se lee en el Secop se solicita la prestación de servicios de tecnología a la Cancillería, pero las instituciones que conforman esa alianza pública que terminó quedándose con la licitación están dedicadas a asuntos de comercio, agrícolas y educativos.
Textualmente, ese acuerdo se suscribió para la “prestación de servicios para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información-Fase I Sitac, para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Pero, según lo pudo constatar SEMANA, el oferente que ganó la revisión de viabilidad fue otro.
El Sitac es el sistema de información para trámites de atención al ciudadano que soporta todos los servicios que brinda la Cancillería, es decir, es la misma plataforma de la que depende el diligenciamiento de citas y de otros servicios.
En la licitación participaron cuatro alianzas públicas y la revisión interna indicó que la idónea para suscribir ese contrato interadministrativo era la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, otra entidad descentralizada vinculada al Ministerio de las TIC y que ha tenido bajo su responsabilidad convenios para asuntos tecnológicos del Estado. Esa firma ya tenía certificada la idoneidad para ejecutar el convenio.
Pese a ese claro antecedente, una movida interna designó a Aldesarrollo como el primer candidato para la adjudicación del contrato interadministrativo, sin tener en cuenta que esta entidad es de naturaleza académica.
Esa alianza está conformada por el Instituto Técnico Nacional de Comercio, el Instituto Técnico Agrícola y el Instituto de Educación Técnica Profesional, establecimientos de educación superior de carácter estatal, y fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017. Ninguna de las escuelas que la integran tiene experiencia en tecnología.
Ese no es el único componente polémico de la adjudicación. Una alerta interna a la que tuvo acceso SEMANA indicó que la falta de información sobre la composición accionaria de Aldesarrollo imposibilitó a la Cancillería conocer qué porcentaje de participación accionaria pertenecía al Estado y mucho menos determinar si esta es una entidad pública descentralizada directa.
Aldesarrollo ha establecido convenios con actores públicos como el Área Metropolitana de Barranquilla, el departamento del Atlántico, la Contraloría y la Procuraduría para tareas ajenas a la prestación de servicios tecnológicos, lo que indica que la firma sí tiene experiencia como contratista, pero, al parecer, no sería la más idónea para el contrato en cuestión.
La respuesta de la Cancillería
Ese despacho sostuvo “en cuanto a la reciente adjudicación de un Contrato Interadministrativo con la entidad Alianza Pública para el Desarrollo Integral – Aldesarrollo, que esta decisión se encuentra acorde con el nuevo modelo público de prestación de servicios de los documentos de viaje, y responde a la urgente e imperiosa necesidad de modernizar nuestros sistemas de información que capturan la data de nuestros ciudadanos, y que actualmente se encuentran obsoletos, afectando la eficiencia de la gestión pública y ponen en riesgo la seguridad de la información”.
Ese despacho sostiene que emprendió un proceso de transformación tecnológica como respuesta a una consultoría realizada con la Universidad Nacional, que arrojó la necesidad del contrato mencionado en este artículo.
“Partiendo de dicha necesidad, se evaluaron las distintas modalidades de contratación estatal, seleccionando la contratación directa bajo la causal de contrato interadministrativo, la cual tiene plena autorización legal; esto teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer estos sistemas y la seguridad de la información, para quedar en línea con el nuevo modelo público de prestación de servicios implementado en la entidad desde el 03 de octubre del presente año, el cual busca garantizar que los datos de los ciudadanos permanezcan en custodia exclusiva del Estado”, indicó el despacho de Luis Gilberto Murillo.
“Se precisa, que una vez surtida la fase del estudio del sector y estudio de mercado, realizado con diversas entidades estatales con capacidad para la prestación de servicios tecnológicos, se concluyó que la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – Aldesarrollo, de acuerdo con su naturaleza jurídica, su idoneidad, experiencia, propuesta económica, cronograma de ejecución, y por encontrarse acorde con el nuevo modelo público de prestación de servicios en los documentos de viaje, era la entidad estatal idónea y viable para desarrollar el proyecto pretendido”, agregaron en el cuestionario respondido a SEMANA.