El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wadith Manzur, publicó un comunicado de prensa este martes -3 de octubre-, en el que se refiere a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias al Congreso para que decida si investiga o no al presidente, Gustavo Petro, por financiación irregular de su campaña presidencial de 2022.
El organismo judicial lo hace basado en la confesión que le hizo a la Fiscalía Nicolás Petro, en medio de su interrogatorio en agosto de 2023, en el que confesó que su padre, el hoy jefe de Estado, sabía, entre otras, que Euclides Torres había financiado con millonarios recursos económicos gran parte de sus actos públicos. Aún así, dichos recursos no fueron reportados a cuentas y al Consejo Nacional Electoral.
“En atención a la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía donde presuntamente existen conductas que involucran al señor presidente, me permito informar que en virtud de la Ley 600 del 2000, y conforme a los medios probatorios allegados por la Fiscalía, la mesa directiva procesalmente determinará si estos se acumularán a las investigaciones ya existentes o, por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado, el cual deberá asignarse a uno o a varios representantes investigadores”, informó el congresista.
Manzur explicó que, con el fin de garantizar el debido proceso, “resulta oportuno indicar que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso, cuando estos sean conexos”. Y se adelantó a informar que, eventualmente, “podría dar lugar para la acumulación de estos medios probatorios radicados ya existentes”.
Es decir, según el congresista, lo más probable es que las explosivas declaraciones de Nicolás Petro durante su interrogatorio se conviertan en una prueba dentro del proceso por posible financiación irregular que el Congreso ya adelanta en contra de Gustavo Petro.
“La Comisión de Acusaciones informará de manera oportuna a la ciudadanía las determinaciones que se tomen en las actuaciones anteriormente expuestas, siempre actuando sujeto a la Constitución y a la ley con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico”, remató.
Actualmente, dicha Comisión tiene abierto un proceso en contra del presidente por financiación irregular de su campaña, pero no ha arrojado mayores resultados porque algunos de los ponentes son congresistas del Pacto Histórico, coalición cercana al Gobierno.
Sin embargo, aunque Gustavo Petro tiene claro que históricamente la Comisión de Acusaciones no ha proferido un juicio político contra un expresidente -ni siquiera contra Ernesto Samper en medio del escándalo por el proceso 8.000-, él sabe que no puede confiarse de dicha instancia porque aún no conserva las mayorías.
En realidad, desde que Petro se enteró de las conformaciones de las mesas directivas del Congreso en julio de 2022, no ocultó su preocupación por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, un escenario que tal como quedó conformado, podría convertirse en una eventual amenaza política y jurídica en su contra.
Y sus preocupaciones tienen lógica. De 18 representantes investigadores, hoy tendría nueve en favor y el mismo número en contra, una cifra que no le permite estar tranquilo y que puede cambiar en cualquier momento.
Antes de posesionarse, en una reunión privada con sus más cercanos colaboradores, el presidente hizo pública su preocupación. Después, volvió a encender las alarmas en varias bancadas del Pacto Histórico. El miércoles 7 de junio, aprovechó el agite de las marchas en favor de sus reformas estructurales para lanzar nuevamente la advertencia.
“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo”, dijo desde una tarima en la carrera séptima en Bogotá.
Según el presidente, eso se llama “golpe blando”, “es un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular”, afirmó.
A la Comisión de Acusación pocos gobiernos le ponen cuidado porque los expresidentes, casi siempre, se confían, pues obtienen las mayorías en dicho escenario que tiene las garras para adelantar un juicio penal, disciplinario, fiscal y político que le puede costar la salida del cargo a un jefe de Estado.