Juan Fernando Cristo, el nuevo ministro del Interior de Gustavo Petro, pasó, de la noche a la mañana, de ser un opositor de la constituyente del presidente a convertirse en el hombre clave para sacarla adelante. Cristo, con raíces en el samperismo y el santismo, tiene la misión de lograr un acuerdo nacional con los políticos tradicionales para crear una nueva constitución que derogue la de 1991.
Cristo sabe cómo funciona el Congreso. Ser ministro del Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos le dio experiencia suficiente en el manejo de los congresistas y hoy todavía muchos le achacan la repartición de la mermelada en ese Gobierno. El país no olvida que Cristo fue fundamental en la recta final de los acuerdos de La Habana con las Farc y en el fast track puesto en marcha para salvar lo firmado, tras el triunfo del No en el plebiscito. La estrategia santista puede ser un as bajo la manga de Cristo y Petro, sin importar lo que pase en las urnas y con la fachada del acuerdo nacional entre políticos.
Cristo también lidió con el escándalo del Proceso 8.000 por la financiación del narcotráfico a la campaña Samper, que llevó a varias personas a la cárcel, entre ellos a algunos congresistas por sus nexos con el cartel de Cali. A Cristo le tocó la era Samper, la misma del “aquí estoy y aquí me quedo”, y la del “me acabo de enterar”, de Santos, cuando estalló el escándalo de la entrada de dineros de Odebrecht a sus campañas. El nuevo ministro también es cercano a Claudia López, a quien acompañó en su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2019. Además, tiene muy buenos amigos en la prensa que le podrían servir de caja de resonancia.
Ahora, Cristo se ha reencauchado como la cara visible del “cambio” que propone Petro. Su aterrizaje en el Gobierno está precedido por un crucial encuentro entre el expresidente Santos y el presidente Petro. ¿Qué acordaron? No se sabe, pero lo cierto es que Cristo llega empoderado a ser la punta de lanza del santismo en el Gobierno, donde ya están alfiles de Santos como Roy Barreras, Alfonso Prada, Armando Benedetti, Guillermo Rivera y Luis Gilberto Murillo.
Cristo había dicho, hace apenas unos días, que la constituyente de Petro era “inviable” y una “mala idea”, y que no se podía usar como un instrumento de amenaza al Congreso para lograr aprobar las polémicas reformas. Pero, sorpresivamente, todo cambió. Aunque todavía no se ha posesionado, el designado funcionario ya apareció en los medios y explicó que su misión es lograr un acuerdo nacional que desemboque en una constituyente, cumpliendo el trámite que ordena la carta política de 1991. Petro es consciente de que su constituyente nunca podría ser una realidad si solamente cuenta con el apoyo del Pacto Histórico. El respaldo de los partidos tradicionales es imperativo, como lo fue para que, en segunda vuelta, lograra ser elegido presidente de Colombia.
Petro tiene en Cristo a un zorro político capaz de convocar y lograr acuerdos, como lo hizo tras bambalinas en la reforma pensional, cuando terminó de intermediario entre Asofondos y su presidente, Santiago Montenegro, y el senador Gustavo Moreno. Cristo le entregó a Moreno la proposición redactada por los fondos privados de pensiones, que terminó incluida en la reforma pensional y que les otorgará billonarias comisiones que saldrán del ahorro de los trabajadores. Todo fue acordado, de manera secreta, con el Gobierno y algunos empresarios de los fondos. Ese modelo transaccional se podría replicar en el trámite de la Constituyente, donde algunos gremios, empresarios y políticos de siempre terminen pactando por debajo de la mesa.
Las jugadas
Los partidos tradicionales serán determinantes en la suerte que corra la constituyente de Petro. Por eso, la jugada del presidente de nombrar a Cristo en el Ministerio del Interior es clave, teniendo en cuenta que el nuevo funcionario, en su primer anuncio, habló de una constituyente ajustada a los términos de la Constitución de 1991. Es decir, pareciera haber corregido el camino que había iniciado el Gobierno cuando habló del “poder constituyente” que no requería del Congreso, o de la posibilidad de abrir la puerta para cambiar la Constitución por medio del acuerdo de paz con las Farc, como lo propuso el excanciller Álvaro Leyva.
La reacción del exvicepresidente Germán Vargas Lleras causó revuelo político. Él anunció su apoyo a una constituyente tal como la propuso Cristo. Según Vargas Lleras, él lo que quiere evitar es el ‘decretazo’ de Petro en 2025, cuando, según él, el Gobierno tenga cooptada la Corte Constitucional con la llegada de cuatro nuevos magistrados. Dicho ‘decretazo’, a juicio de Vargas Lleras, impondría una constituyente que tendría como principal objetivo la reelección de Petro (ver entrevista).
En opinión de Vargas Lleras, lo que deberían hacer los líderes políticos del país es montarse en el bus de la constituyente, derrotar a Petro y ponerle fin a la “agonía” que vivirá el país en los próximos dos años. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció de inmediato y dijo: “Nos oponemos”. Uribe se refirió a la “incertidumbre constitucional” a la que quieren llevar al país. El exmandatario agregó: “Colombia necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales y tener seguridad”. Uribe sostuvo que todo seguirá retrasado por los acuerdos de sectores del “país político”.
Santos le dijo a El Tiempo que sería un error convocar la constituyente y negó que Cristo llegara por recomendación suya. Sin embargo, coincidencia o no, el arribo del nuevo ministro del Interior se produjo después de una extensa reunión entre Santos y Petro. En todo caso, para nadie es un secreto que, en las elecciones presidenciales de 2022, el guiño de Santos fue para el hoy presidente. Como es sabido, sus alfiles más importantes aterrizaron en este Gobierno.
Por su parte, el expresidente César Gaviria no se ha pronunciado hasta el momento. Todo indica que quiere esperar a que Petro destape todas las cartas sobre lo que pretende con su constituyente. Samper, en cambio, apoyó sin titubeos el llamado del presidente: “Apoyo la convocatoria de una constituyente ceñida al trámite dispuesto por el artículo 376 de la Constitución que legitime cambios acordados para la paz total y los contemplados en un acuerdo nacional para el cambio, que debería hacerse este año”.
El expresidente Duque fue uno de los primeros en reaccionar y mostró su completo desacuerdo. “Una asamblea nacional constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual Gobierno y al Pacto Histórico. El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. El proceso genera incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional. El Congreso y las cortes deben negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción”.
Claudia López se quiso desmarcar de la constituyente. “Defenderemos con firmeza la Constitución del 91, el único acuerdo real que tiene Colombia”. No obstante, la exalcaldesa votó por Petro y públicamente celebró el triunfo del presidente al decir “al fin ganamos”. El país conoce su cercanía ideológica con el hoy presidente. De hecho, su esposa, la senadora Angélica Lozano, ha apoyado algunas reformas del Gobierno, como la pensional, y le hizo campaña a Petro, al igual que Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de López. Por eso, muchos consideran que la exalcaldesa arreglará con Petro en el momento en que vea necesario su apoyo para ganar las elecciones presidenciales de 2026. Claudia es el gallo tapado de Petro.
El que sí tiene clara su postura es el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, quien dijo que la Constitución no puede ser “una masa deforme, gelatinosa, banal, cambiable a placer”.
“La Constitución está más vigente que nunca y la voluntad de quienes la redactaron fue precisamente que los órganos encargados de velar por su supremacía y protección la mantuvieran al día frente a los retos que toda sociedad enfrenta”, señaló el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, vicepresidente de la Corte Constitucional.
Sin embargo, algunos sectores temen que esta posición que representa mayoritariamente al alto tribunal, que salvaguarda la Constitución, pueda cambiar cuando se retiren cuatro magistrados que terminan su periodo y lleguen sus reemplazos alineados con Petro.
El trámite
Si el Gobierno presenta su proyecto para convocar una constituyente, y este es aprobado en el Congreso, los colombianos irían a las urnas para decidir si quieren o no modificar la Constitución de 1991. Petro y sus aliados tendrían que lograr, aproximadamente, unos 13 millones de votos, una cifra que no es tan fácil, dada la abstención y la impopularidad del presidente. La más reciente encuesta de Guarumo-Ecoanalítica reveló que el 58,9 por ciento no está de acuerdo con la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente. El 30,7 por ciento respondió que sí y el 10,4 por ciento no supo o no respondió.
Pero si Petro logra el triunfo en las urnas, vendría otra elección, la de los constituyentes. En la ley debe quedar establecido cuántas personas integrarán el poder constituyente, qué temas abordarán y en qué plazo se deberán dar las discusiones.
“En esa ley se suspenden las facultades ordinarias del Congreso para reformar la Constitución y se deben señalar los temas que van a ser objeto de esa asamblea constituyente: competencia, periodo y composición. El presidente ya dijo unos temas, pero son todos difusos porque él no ha sido claro. Intuyo que están buscando a toda carrera la paz total con un perdón social para delincuentes comunes, porque la Constitución actual no permite el indulto o la amnistía, excepto para delitos políticos”, explicó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
La aprobación de esa ley no solo depende de las mayorías legislativas, sino también de que la Corte Constitucional efectúe un control de constitucionalidad. De ser avalada, el jefe de Estado la promulga para que luego se dé el siguiente paso, que consiste en que el órgano electoral (la Registraduría) determine los pormenores de la votación. Es el trámite administrativo.
En medio del proceso constituyente, lo que se vaya aprobando en esa instancia puede ser demandado ante la Corte Constitucional por actores que, dado el caso, consideren que lo aprobado por ese recinto no está alineado con lo que aceptó la ciudadanía en las urnas. Incluso, pueden presentarse demandas por vicios de procedimiento si la Constituyente se sale de los parámetros que se establecieron en la ley que daría vía libre a la iniciativa.
Sin embargo, hay un punto sobre el que todavía no hay claridad: el Gobierno no ha precisado si esta constituyente tendría un carácter de sustitución de la actual carta magna o de reforma, lo que significa que al final de este proceso podría seguir viva la Constitución de 1991 con todos los ajustes que le haga esta nueva constituyente o que también se dé el escenario de un cambio total.
De hecho, por ley, un proceso constituyente no puede coincidir con la fecha de una elección y el Gobierno está ante el riesgo de que su iniciativa coincida con el periodo de campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, lo que pondría a tambalear su propuesta de cambiar la carta magna cuando le quedan apenas 25 meses en el poder.
“Uno de los requisitos es que en la votación participe la tercera parte del censo electoral y que esta no puede coincidir con otras elecciones. Tienen que ser diferentes a las elecciones ordinarias para que no haya una influencia”, explicó el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
De acuerdo con Óscar Ortiz, exzar anticorrupción y uno de los líderes de la Séptima Papeleta, no existe un escenario en el que el presidente pueda saltarse el Congreso para convocar una constituyente.
“No puede salirse del 376 porque sería sustituir al propio pueblo, sustituir a la Rama Legislativa. Una constituyente por fuera del 376 es un auténtico golpe de Estado en el que el jefe del Estado asalta el tesoro ciudadano, que es la Constitución de 1991”, expresó.
Hoy todo está en manos del ministro Cristo y de los políticos y partidos de siempre. Mientras Colombia enfrenta una grave oleada de violencia, una economía en declive e inmensas necesidades sociales, que los colombianos esperan que el Gobierno resuelva, el país entra en modo constituyente. Por ahora se sabe cuál es el inicio, pero nadie tiene claro en qué puede terminar la apuesta de Petro. La amenaza de que pueda permanecer en el cargo, más allá del 7 de agosto de 2026, sigue latente.