Pocos minutos después de que se confirmara el retiro de los artículos que proponían indultar a los condenados por delitos en medios de las protestas, contenida en el proyecto de prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público, el senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar tuvo una fuerte reacción al respecto.
“No estoy de acuerdo con el retiro de los artículos que buscan la libertad de las personas que participaron en el estallido social, muchas de ellas detenidas injustamente. Sé que se buscará el indulto en una ley aparte, pero indigna que partidos que presionaron esto tienen corruptos en sus filas que han gozado de impunidad toda la vida”, manifestó el congresista aliado del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.
El senador, quien ha sido uno de los defensores acérrimos de la liberación de los detenidos por la Fiscalía por supuestos delitos en las manifestaciones de los últimos años, criticó que los partidos de oposición al gobierno de Petro se aterren “con el indulto a jóvenes de PL (primera línea)”, cuando, según él, fueron “los causantes del estallido social que los movilizó”.
Cabe recordar que la principal fuerza de oposición al Gobierno nacional es el Centro Democrático, colectividad que ha cuestionado los actos de violencia en algunas manifestaciones sociales en el pasado, pero que ha participado en dos marchas contra el gobierno Petro en las que, por el momento, no han conocido hechos de violencia.
Bolívar también afirmó que “debe mantenerse, por lo menos, facultades al presidente para nombrarlos gestores de convivencia”, figura que, según dijo, “ya fue usada en el pasado con criminales de lesa humanidad. Debe ser un atenuante, que los jóvenes fueron sacados a las calles para defenderse del hambre que estaban viviendo y que se iba a acentuar con una reforma tributaria que gravaría la canasta básica. ¡Justicia!”.
La confirmación del “reversazo” del Gobierno nacional y los promotores de la iniciativa la confirmó el senador por el Pacto Histórico y autor de la norma, Iván Cepeda. “Nuestro gobierno sabe escuchar. Ante diversas voces críticas, hemos retirado del trámite de la Ley 418/97 artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social”, manifestó el congresista en su cuenta de Twitter.
Una de estas propuestas tenía que ver con el artículo 17 de la iniciativa, el cual planteaba: “Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”.
Esto quiere decir que, en caso de haberse aprobado este artículo, el mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, podría indultar a los ciudadanos condenados por delitos que hayan sido cometidos en medio de una protesta o de una marcha, así estas conductas no estén relacionadas directamente con las manifestaciones.
En este momento hay varios detenidos en diferentes cárceles del país señalados por presuntos delitos que habrían sido cometidos en las manifestaciones que se han dado en los últimos años en el país, pero que no tendrían nada que ver con el ejercicio de la protesta. Entre los delitos por los cuales están investigados estos ciudadanos están lesiones personales y daños en bien público como, por ejemplo, sistemas de transporte masivo como TransMilenio.
En estos procesos hay varios jóvenes de la llamada ‘primera línea’, la cual, según los promotores de esas manifestaciones, fueron los encargados de estar al frente de las protestas y enfrentar los supuestos abusos de algunos integrantes de la fuerza pública.
La otra disposición propuesta es un artículo transitorio se plantea: “El presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal”.