Entre las propuestas y planteamientos de los nuevos congresistas, una de las reformas más llamativas es la posibilidad de que se le dé un vuelco a la organización electoral. El senador Humberto de la Calle, apoyado por varios alternativos, cree que eliminando el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría se resolverían los problemas más urgentes de la política colombiana.
El senador radicó el proyecto el pasado 8 de agosto y el tema ha causado mucho ruido, ya que sería incompatible con la reforma política que propone el Gobierno. Antes de una reforma al código electoral o modificar la forma en la que se vota para elegir Congreso, iniciativas apoyadas por el oficialismo, el exjefe negociador asegura que el problema está en la “cabeza”.
Según Alfonso Prada, ministro del Interior, el Gobierno no pretende eliminar el CNE con esta reforma, argumentando que la posibilidad debe ser evaluada académicamente, pero cada vez surgen más voces expertas a favor del proyecto de Acto Legislativo planteado por Humberto de la Calle.
Lo que busca el senador es un nuevo modelo institucional con la creación de una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano, que sería el máximo órgano administrativo con funciones electorales y de registro.
Con la creación de estas instituciones, se tendrían que eliminar tanto el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todo esto, entre otras cosas, a cambio de despolitizarlas y crear un sistema de méritos para elección de sus integrantes.
Esto también fue propuesto por el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien une su proyecto con el de De la Calle por medio de acumulación por unidad de materia. En el momento, ambos equipos se encuentran conciliando los textos.
Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) aprobó el proyecto, el cual estaba entre sus recomendaciones. A su vez, De la Calle incluyó recomendaciones de la Unión Europea, Misión Electoral Especial (MEE), Pares y el Centro Carter.
Incluso, el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, aseguró que se está teniendo en cuenta la propuesta de su compañero en las negociaciones de paz.
“La reforma política tiene dos brazos: la reforma contra el clientelismo corrupto (lista cerrada paritaria con financiación estatal segura y equitativa) y la reforma al origen del Consejo Electoral ya radicada por Humberto de la Calle y otros que también será tramitada”, dijo.
El senador De la Calle propone que tanto la Corte Electoral como el Consejo Electoral Colombiano funcionen de la siguiente manera: en primer lugar, incluir en el artículo 116 de la Constitución a la Corte Electoral como una de las instancias que administran justicia. Al mismo tiempo, definir la organización electoral como un Consejo Electoral Colombiano, el cual estaría encargado de “dirigir, organizar, administrar, vigilar y controlar los procesos electorales, en forma integral y coordinada, del registro civil y de la identidad de las personas”.
Por el lado de la Corte Electoral, estará compuesta por la misma y los tribunales que determine la ley. Se compondrá de cinco miembros permanentes, quienes deben tener las mismas calidades que se exigen para un magistrado de la Corte Constitucional.
“Serán elegidos por el Congreso de la República en pleno para períodos institucionales de ocho (8) años, de dos (2) ternas presentadas por la Corte Constitucional, dos (2) por el Consejo de Estado y una (1) por la Corte Suprema de Justicia, y no serán reelegibles”, dice el proyecto.
Por el lado del Consejo Electoral Colombiano, “gozará de autonomía administrativa, financiera y organizativa, y se regirá por principios de autonomía e independencia, neutralidad, máxima publicidad, transparencia y representación de género”.
Este estará integrado por 5 consejeros y 4 serán escogidos a través de convocatoria pública, con autopostulación que cuente con una evaluación de cumplimiento de requisitos. Los períodos serán de ocho años y se renovarán parcialmente cada 4 años, los cuales no serán reelegibles y deberán tener dedicación exclusiva.
El consejero presidente, que reemplaza la figura del registrador, será seleccionado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado mediante concurso de méritos.
La propuesta gana tracción y es la favorita de los expertos. Sin embargo, el Gobierno, hasta el momento, parece apuntarle a las listas cerradas, la paridad de género y a la financiación estatal.