El canciller (e) Luis Gilberto Murillo tomó una extraña decisión, que no ha explicado, y que le permitió al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicarle el polémico y millonario contrato de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
Se trata de la Resolución Ministerial 1344, del pasado 22 de febrero, mediante la cual le fueron delegadas de nuevo a Salazar las funciones como representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El numeral 4 de dicha resolución dispuso “delegar” en el secretario general de la Cancillería “la dirección de todos los procesos de contratación”.
Esta decisión de la Cancillería de Murillo va en contravía de lo que había hecho en su momento el canciller Álvaro Leyva. El 13 de septiembre de 2023, Leyva declaró desierta la licitación de los pasaportes, tras haber asumido directamente como representante legal del Fondo Rotatorio para tener el control de la contratación en la Cancillería.
Murillo es conocido por ser de las entrañas del expresidente Juan Manuel Santos, de quien fue su ministro de Ambiente.
De hecho, el pasado 23 de febrero, en un comunicado de prensa, el canciller (e) informó públicamente que le había devuelto la representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a Salazar.
“Reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general todos los actos relacionados con el mismo, a la Secretaría General”, informó la Cancillería.
SEMANA le preguntó a Salazar las razones de esta decisión y si le preguntó en algún momento al canciller (e) Murillo para llevarla a cabo. Sugirió que con la resolución del pasado viernes le dio a entender que le daba esas facultades.
“Yo no se la consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado Luis Gilberto Murillo me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”, aseguró el secretario general de la Cancillería.
Por su parte, contestó si Murillo en algún momento le dio alguna recomendación sobre esta licitación. Negó que haya sido así, pero mencionó que no estaría de acuerdo con la nueva licitación. “Sobre este proceso no me dio ninguna recomendación. Lo que alcancé a entender es que no quería que se continuara con la nueva licitación, pero yo no recibí esa instrucción específica de él”, afirmó Salazar a esta revista.
Según aclaró el funcionario, se trata de dos licitaciones distintas. La primera es la 001 de 2023 por 599 millones de pesos que fue la que suspendió Leyva en su momento y la que hoy Salazar otorgó de nuevo a Thomas Greg, quien iba ganando ese proceso el año pasado hasta que Leyva declaró la urgencia manifiesta.
Por su parte, está la Licitación 003 de 2023 por 416 mil millones de pesos, es decir, que es menor, sobre la que Murillo tomó la decisión el pasado viernes de suspenderla mientras se evaluaban las observaciones de los distintos oferentes y actores dentro de este proceso.
El tema, según le explicaron algunas fuentes a SEMANA, es que hay distintas interpretaciones jurídicas sobre lo que podría pasar, una de ellas es que con la decisión de Salazar la segunda licitación ya tiene poca validez y el contrato quedaría en manos de Thomas Greg, a pesar del fuerte reclamo del presidente Gustavo Petro, quien desautorizó a Salazar.
“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.