Este miércoles 13 de diciembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció sobre el auto de sustanciación en el que Alirio Uribe, representante perteneciente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, le exige a SEMANA que revele quién le suministró los explosivos audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.
De acuerdo con el comunicado de la Flip, estas decisiones “vulneran la garantía de las fuentes periodísticas, desconocen el marco legal que protege a la libertad de prensa y cuestionan la pertinencia de las publicaciones sobre un asunto de interés público”.
La Flip contó que el pasado 6 de diciembre, la comisión pidió que el CTI de la Fiscalía General de la Nación recolectara las notas de prensa sobre la financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro. A su vez, ofició a todos los medios de comunicación para que informen “los fundamentos y sustento de cada nota periodística”.
En especial le exigió a SEMANA aportar información que indique el origen de los audios. Días después se modificó el auto diciendo que se buscaba conocer el motivo de las publicaciones y la forma en la que se obtuvo el material.
“A pesar de esto, el documento aún desconoce la garantía de la reserva de la fuente e interfiere en el quehacer periodístico de quienes han informado sobre la presunta financiación irregular”, dice la Flip.
La fundación no entiende por qué se pide la motivación de la publicación, dado que es clara al momento de revisar el material publicado por este medio.
“Son los mismos audios y videos los que justifican por qué fueron publicados. Los contenidos informativos relacionados con el presidente Petro se configuran como discursos protegidos al ser asuntos políticos y electorales de alto impacto para la ciudadanía y la democracia”, se lee en el comunicado.
Al mismo tiempo, citan una frase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos de interés público”.
Además, aclara que la investigación de la Comisión de Acusaciones “no abarca el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y veracidad que tienen los medios, sino que debe limitarse a indagar la presunta ejecución de delitos electorales”.
Recuerdan que la Corte Constitucional señaló que “la reserva de la fuente es una garantía constitucional fundamental para asegurar el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas”. De esa forma, los comunicadores no tienen que revelar de dónde proviene la información que presentan.
“Así mismo, estas órdenes de la CIA pueden entenderse como una herramienta de censura indirecta. Las y los periodistas podrían dejar de publicar investigaciones relevantes para la ciudadanía si no tiene certeza de que la información y quienes la investigan y/o entregan serán protegidas y protegidos mediante el anonimato”, agregó la Flip.
Finalmente, le hicieron un llamado a la comisión para que “se abstenga” de emitir órdenes que vulneran la garantía de la fuente y sean inconstitucionales.
“La publicación del contenido periodístico relacionado con asuntos de interés público es clave para el proceso democrático y la ciudadanía, por lo que la prensa tiene el derecho a divulgar esta información, sin correr el riesgo de tener que revelar sus fuentes y que las y los funcionarios públicos interfieran con su labor de denuncia y veeduría”, concluyó la fundación.