Estos días se han convertido en los más determinantes para la empresa de mensajería suscrita al Gobierno, 4-72. La junta directiva, conformada en su mayoría por el Ministerio de las TIC y de Hacienda, el pasado miércoles tomó la decisión de sacar al presidente Diego Huertas de su cargo. Eso sorprendió a todos, incluido a Huertas, quien había llegado en noviembre de 2022, nombrado por la exministra TIC, Sandra Urrutia. Huertas había logrado levantar la compañía a pesar de los malos números que venía registrando la empresa desde hace varios meses.
Según el informe contable, al que tuvo acceso SEMANA, mientras que en febrero la empresa registraba pérdidas de 9.305 millones de pesos y en marzo fueron de 1.189; en abril tuvo un repunte de 7.400 millones de pesos en ganancias, en mayo se mantuvo en verde con 2.020 millones de pesos y en junio, aunque bajó, fue favorable de 62 millones de pesos. El mes más crítico fue diciembre del año pasado, en el que se registraron pérdidas por 16.069 millones de pesos.
¿Por qué salió Huertas de su cargo si dentro de todo le estaba yendo bien? El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, afirmó que la decisión se tomó con base en la crisis que presenta actualmente la compañía y sugirió que también habrá otros cambios directivos. Desde Sintrapostal, el sindicato de la empresa de mensajería, tienen la teoría de que 4-72 se convirtió en una compañía atractiva, luego de que hace varios meses nadie quería comandarla. Es llamativa ahora no solo porque ya tiene números positivos, sino porque habría varios recursos rondando que llaman la atención para la nueva gerencia, a pesar de que no se ha anunciado quién reemplazará a Huertas.
Uno de esos dineros vienen del Presupuesto General de este año, en el que se logró destinar 70.000 millones de pesos para la compañía para solventar la crisis que enfrenta. Además, tienen un crédito aprobado por 35.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda que no ha sido girado.
4-72 es una empresa que, a pesar de que hace parte del Gobierno, y es manejada por ambos ministerios, funciona como una empresa privada, que depende de sus propios recursos y utilidades. El 49 % de las acciones son del Ministerio de Hacienda, el 50 % del MinTIC y el 1 % están repartidas entre RTVC y Caja Honor.
La salida de Huertas generó una nueva disputa financiera que podría llegar al plano legal y es que no hay claridad del contrato que tenía y la indemnización que se le debe pagar. Mientras que Lizcano asegura que, luego de hacer consultas, debería ser de 45 días, desde el sindicato creen que podría ser mayor y que rondaría los 800 millones de pesos por tratarse de un contrato a término definido por dos años y por regirse bajo el Código Sustantivo del Trabajo.
“Se ha mencionado por algunos, una cifra de indemnización por 800 millones, cifra inverosímil que no cuenta con un cálculo cierto y soporte legal, y que no se pagará. En el caso de señor Diego Fernando Huertas, expresidente de 4-72, se tomará en cuenta el contrato inicial suscrito a término indefinido, el cual corresponde a lo establecido en los Estatutos vigentes al momento de la suscripción del contrato y los Estatutos actuales”, aseguró Lizcano.
Desde Sintrapostal dicen que si se llega a decidir que tienen que pagar esa indemnización, no cuentan con los recursos y que seguramente se deberá recurrir a la nómina actual de todos los trabajadores, a quienes en su mayoría no se les ha pagado cumplidamente.
Precisamente, la crisis actual se ha evidenciado tanto interna como externamente. El mes pasado se le pagó la nómina a los empleados a mitad de mes y hasta el pasado viernes se le había girado a algunas personas de los más bajos ingresos pero el grueso de la compañía sigue a la espera.
Igualmente, ya hay dos contratistas que no están operando y varios más con la incertidumbre de lo que pueda pasar con la empresa, con el agravante de que varios de esos contratos vencen a final de mes y estarían analizando si seguir con la compañía o no.
La alerta también es para los ciudadanos, ya que si se para la operación se deja de cumplir con el servicio público de mensajería postal que llega especialmente a las regiones más apartadas del país, lo que en campaña el petrismo llamó “la Colombia profunda”.
Y es que algunos de los servicios esenciales que se prestan, por ejemplo, tienen que ver con el sector salud, o la rama judicial, como las notificaciones judiciales que podrían dejar de llegar si la empresa cesa sus actividades y ese es el gran riesgo actualmente.
Ante la incertidumbre, desde el sindicato están a punto de entrar en huelga. Según le dijo a SEMANA, Miguel Ángel Mejía, presidente de Sintrapostal, el próximo 12 de agosto tendrán una asamblea y si no ven en ese momento que la situación se vaya a resolver, tomarán esa decisión.
Desde el sindicato no están de acuerdo con la salida de Huertas porque consideran que los números lo respaldaban. Reclaman que, a pesar de que duró pocos meses en el cargo, había levantado la empresa y tenía experiencia en el sector, ya que había sido vicepresidente de servicio al cliente de 4-72 hace varios años.
Piden que la persona que llegue no solo cuente con distintas cualidades y experiencia tanto en el sector público como privado, y que conozca el servicio postal, sino que reconocen que necesitará tiempo y una curva de aprendizaje para sacar adelante la compañía.
“Por parte del MinTIC, recomendaremos que el proceso de preselección sea realizado por una empresa ‘Headhunter’, que, conforme a los manuales de selección de personal existentes, presente candidatos cuyos perfiles se ajusten a las necesidades propias de la empresa y, en tal sentido, la Junta Directiva de 4-72 de la cual soy miembro, tome la decisión más acertada frente a su elección”, le contestó Lizcano a SEMANA.
Una de las mayores alertas es que para nadie es un secreto que la empresa se ha manejado como un fortín político desde siempre. De hecho, es conocido que pertenece como cuota al Partido de la U.
Por eso, aunque generalmente los presidentes de la compañía han tenido respaldo político, en el sindicato afirman que han llegado buenos administradores en los que han confiado.
Una de las máximas alertas que les genera todo el panorama son las decisiones que se puedan tomar en los próximos días el Gobierno. Por ejemplo, lo dicen de frente, temen que se roben la plata por malos manejos.
“Nos asusta mucho a quién van a traer. Que no nos vengan a traer otros politiqueros que vengan aquí a buscar la forma de robarse el presupuesto que nos van a asignar”, reclamó Mejía.
El presidente del sindicato dijo que generalmente cuando se han botado los recursos a la basura es cuando se hacen consultorías o auditorías que tienen como argumento verificar cómo está la empresa. Reclaman que ese presupuesto que está sobre la mesa no debería ser destinado a eso, como ya lo propuso Lizcano, sino a solventar las deudas con sus empleados y con los proveedores.
“Los recursos aprobados en la ley de adición presupuestal tramitada y aprobada en el Congreso, serán destinados para capitalizar la compañía y, de esta forma, solventar la situación financiera actual que permita consolidarla como una empresa competitiva en el sector”, contestó Lizcano sobre el destino que tendrán los dineros.
Desde el sindicato están molestos con el ministro de las TIC por las decisiones que ha tomado, pero están aún más sentidos con el presidente Gustavo Petro, porque dicen que no los ha escuchado, a pesar de que lo respaldaron en la pasada campaña presidencial.
“Es contradictorio, votamos por Petro porque le apuntamos a que él iba a salvar la empresa, a que él no iba a dejar que la empresa se acabara por malo que fuera el panorama, que la iba a fortalecer”, dijo Mejía.
Asimismo, según conversaciones que ha tenido el sindicato con proveedores, ellos piensan también hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Hacienda pidiéndole que les resuelva las deudas que tiene 4-72 con ellos desde el año pasado. Dicen que, a pesar de la falta de pago, no se ha parado la producción porque tienen la esperanza de que la empresa tome el rumbo y salga adelante, pero reconocen que la incertidumbre que hay en estos momentos no es buen augurio.
El vicepresidente de Sintrapostal, Giovanny Rodríguez, afirmó que desde hace 12 años que está en la compañía, 9 de ellos sindicalizado, no había visto una crisis de esta manera, ni siquiera en la pandemia que fue cuando los números empezaron a bajar por el impacto de la covid-19.
Sin embargo, asegura que el panorama ahora es más desolador y que si se toman malas decisiones podría ser determinante para el futuro de la compañía. “No aguantamos una mala administración más”, afirmó.
Piden que los tengan en cuenta para las decisiones de la empresa, que los escuchen y que no dejen perder la compañía, que como reconoció el mismo Lizcano, es un baluarte de los colombianos.
“Con esto lo que se pierde es la confianza sobre la administración y sobre el Gobierno que no le importó dialogar con nosotros, escucharnos, dar un espacio para que se pudieran presentar resultados, y terminan tomando acciones que van en detrimento del patrimonio de 4-72″, cuestionó Mejía.
En cambio, aseguran que si el presidente realmente pensara en esas comunidades más alejadas a la que prometió ayudar en campaña, todo sería distinto, e incluso, la empresa podría servir para ser un importante motor del país, generar empleo y que llegue a las regiones más apartadas, promesas que hizo el mandatario con su electorado en la pasada campaña presidencial.