En varios trinos publicados en su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso, Roy Barreras, respondió a las denuncias hechas por el columnista de SEMANA Aurelio Suárez y que hablan de un carrusel de convenios en el Senado.
Este sábado, Suárez publicó cuatro convenios que fueron firmados en esta corporación, la cual presidente Barreras, y que involucran a empresas que trabajan con la gobernación del Valle, departamento del que es oriundo el congresista por el Pacto Histórico.
Según Barreras, Suárez “omite” de “mala fe” que el Presidente del Senado no “tiene nada que ver con la parte administrativa”, que “cuenta con separada estructura y autonomía”. La mención del congresista se da porque, legalmente, la que debe firmar los convenios a nombre del Senado es la directora administrativa, en este caso Astrid Salamanca.
El Presidente del Congreso agrega que Suárez “sabe porque revisó toda la normal contratación del Senado (necesaria para su funcionamiento y absolutamente legal) que el Presidente del Senado NO HA FIRMADO NINGUN CONTRATO y sinembargo lo titula de mala fe “los convenios de roy””.
“De los 4 convenios que de mala leche me achaca el sr suarez, no solo NO firmo ninguno ni es mi función hacerlo (lo mio es lo legislativo. Las reformas que no le gustan al sr suarez) sino que 3 de los 4 vienen desde la Presidencia de Juan Diego Gomez mi antecesor”, manifiesta Barreras en otro de los trinos.
De igual forma, afirma que “el convenio 1561 fue firmado desde el 12 de Nov de 2021 y el 783 y 784 fueron firmados el 30 de julio/22 apenas 5 dias después del inicio de mi gestion por lo que es obvio fueron preparados jurídicamente y elaborados todos sus trámites MESES ANTES como sabe cualquier experto”.
“Los únicos que coinciden con mi periodo presidencial son los 983 y 984 que corresponden a la modernizacion del Canal Congreso y el Noticiero del Senado, reconoce Suárez que fueron la oferta mas económica del mercado pero ademas con una mejora en la calidad reconocida”, manifiesta Barreras.
En este sentido, el Presidente del Congreso reivindica la labor de “profesionales independientes e intachables” que trabajan en el Noticiero del Senado y en el Canal Congreso y agrega: “Finalmente omite el Sr Suarez que los 4 convenios que menciona son absolutamente legales como me ha informado la Sra Dir Administrativa esta mañana.Nada hay en ellos de ilegal y ninguno de ellos se relaciona conmigo salvo el titular de mala fe del neocolumnista de @RevistaSemana”.
“Aaaa y otra cosa Sr Suarez , no necesito su conmiseración frente a mi cáncer. Ahórrese las primeras frases. Me acompaña la fé y un espíritu de lucha contra la adversidad para enfrentar y soportar enemigos gratuitos que pululan y se exacerban en la indeseable polarización política”, dice Barreras.
Aurelio Suárez, en su cuenta en Twitter, señaló: “Roy Barreras, ¿usted preside el Senado y nada qué ver? Todo acto administrativo es legal si lo valida la autoridad de control y vigilancia, no el que lo firma. Sométalo a ese escrutinio. ¡Falso! Igual dijo cuando se expuso su elevado incremento patrimonial”.
La columna de Aurelio Suárez en cuestión es la siguiente:
El carrusel de convenios de Roy Barreras
Esta columna está en el gancho desde primeros días de octubre cuando Roy Barreras dijo que padecía cáncer. Una vez por fortuna lo ha tratado con éxito, se actualiza en busca de justas explicaciones.
En el Senado de la República, presidido por Roy Barreras, se suscribió un carrusel de convenios interadministrativos entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022, por Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa, atornillada desde 2012 cuando Barreras fuera presidente. Son los convenios 784, 1561, 983 y 984, de cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social, como Edured en épocas de la Esap, y el resto va por añadidura.
El 784 del 26 de julio. Con Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar “un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República”. A esa entidad, en 2018, Dilian Francisca Toro le hizo un truculento cambio, la volvió todera hasta para albañilería y comercializadora de cuanta cosa, de lo que hace un filón.
Vale preguntar: ¿tiene Impretics la licencia exigible de la Supervigilancia para vender sistemas de seguridad? De hecho, subcontrató en enrevesado proceso a Acin, una pequeña firma de seguridad de Pereira, la tierra de Jorge I. Arango, secretario de Barreras. Acin tasó en $3.670 millones el contrato, dando margen de 450 al original de Impretics por 4.170. ¿Para dónde corre el excedente? (W Radio, 20/9/22).
Es igual al mecanismo que Impretics usó para la seguridad en La Picota, en ese caso subcontrató a Viotec SAS, con resultados fallidos, incluidas ruidosas fugas (W Radio, 14/9/2022). Una cotización para esta columna de un distribuidor nacional de biometría digital y facial de marcas como Dahua, ZK Teco o Hikvision estimó en 550 millones el valor total del contrato, ¡ocho veces menos! Y, como al parecer se trata de marcas top del mercado, máximo valdría la mitad. En el colmo, como Impretics no cumplió al 30 de octubre, se le prorrogó al 31 de diciembre, admitiendo demoras del subcontratista. Descaro.
El 1561 del 30 de julio. Desde marzo de 2022 se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Se acogió la oferta sin especificaciones de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS.
Contrató a $27 millones cada pantalla y 10 monitores a $20 millones por unidad. Agregó un servidor tipo 1, un servidor tipo 2; la licencia del software Microsoft Windows y la instalación y capacitación por $283 millones, el 23 por ciento del contrato total de $1.220 millones. Un ingeniero especialista me certificó, luego de una búsqueda minuciosa, que el valor base máximo de las pantallas interactivas por unidad es de $12.865.000 y de los monitores de $3 millones, ambos de última tecnología y las mejores marcas.
El 983 del 5 de septiembre de 2022. Para la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”. La falta de idoneidad para la tarea es notoria y se comprueba al ver la estructura societaria.
El principal socio es Masora, alianza de municipios del oriente antioqueño. También participan Fedemunicipios y Kass Group SAS, de ingeniería, y las de computadores, Innerconsulting SAS; y Soluciones Integrales de Movilidad y Seguridad SAS, cuyo representante legal, Enrique López Pinilla, es también de Dicitec y quien suscribe el convenio.
¿Ganó la oferta barata, pero de ingeniería sin experiencia para aportar productores, camarógrafos, editores y operarios, enganchados por 6 y 7 meses para un contrato que dura 11? ¿Cuál es el estado y tipo de los equipos para “producir contenidos”? ¿Ofertó por casualidad 400 millones menos que RTVC? ¿Hay subcontrato?
El 984, del 5 de septiembre de 2022, también con Dicitec por $2.101 millones para “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”. Un área aún más extraña para dicha empresa que, con un patrimonio de $803 millones, amasó el mismo día contratos del Senado por $10.260 millones.
Las amañadas compras a Impretics o la transformación del “operador de Fedemunicipios” a “productor audiovisual” se hacen con igual modus operandi: selección direccionada, sobrecostos y objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. ¡Esto exige una explicación!