El representante a la Cámara por Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, fue sancionado por la Contraloría por su papel como gobernador de ese departamento en el periodo comprendido entre 2016 y 2019 por un detrimento patrimonial por 1.306 millones de pesos por la construcción de un sistema de gas para la población.
El congresista del Partido Liberal emitió un comunicado en el que dice que, a pesar de la sanción, seguirá en el Congreso.
“En el presente caso, mi actuación se limitó a los principios de transparencia y legalidad. Los pagos realizados corresponden a dos actas que fueron previamente firmadas y aprobadas por el contratista, el interventor y el supervisor, cumpliendo con los procedimientos establecidos”, aseguró el congresista.
Además, dijo que no es posible que se le haga responsable de hechos o pagos ocurridos antes del 1 de enero de 2016, cuando asumió como gobernador de ese departamento. “Mi responsabilidad se limita estrictamente al periodo de mi gestión, hacerlo de otra manera violentaría flagrantemente la ley 610 de 2000 y la Constitución Política de 1991″, afirmó.
Igualmente, se refirió al fallo de la Contraloría. “El fallo en mi contra emitido por la Contraloría, presenta serias inconsistencias que están siendo analizadas por mi equipo jurídico. Confiamos en que, mediante el uso de los mecanismos legales establecidos, se garantizará el respeto a mi derecho a la defensa y al debido proceso”, dijo Palacios.
El congresista agregó que, de todas maneras, es respetuoso de las instituciones y los entes de control y judiciales. Y que no se pronunciará públicamente sobre este tema en los medios.
El tema es que la Contraloría ya falló en su contra y lo encontró al exgobernador responsable fiscalmente del desfalco. Uno de los detalles del caso es que el ente de control lo sancionó con un pago de más de 18.333 millones de pesos que le había impuesto desde hace más de un año.
A parte de esa investigación por la construcción del sistema de gas natural para las ciudades de Condoto, Istmina, Unión Panamericana y Tadó en Chocó, Palacios tiene otra investigación abierta por la construcción de una vía que pasa por los municipios de Riosucio, Belén de Bajirá y Caucheras por un contrato de 13.192 millones de pesos.
Palacios está sancionado por la Contraloría con una inhabilidad para desempeñar cargos públicos hasta agosto de 2028, por lo que algunos se preguntan por qué sigue ocupando su curul en el Congreso. De hecho, ha seguido asistiendo y votando en varias sesiones y plenarias.