Aún no termina de enfriarse la sentencia C-355 del 2006, que permitió a las mujeres abortar cuando su embarazo es producto de una violación, existe malformación del feto o la salud de la madre corre peligro, y ya varios sectores ultraconservadores del país alistan toda su artillería para frenar lo que dispuso la Corte Constitucional. Desde hace un mes varias iglesias donde se ofician misas o cultos, sacerdotes y pastores hacen un singular llamado a sus feligreses: piden de manera voluntaria que respalden con su firma un Acto Legislativo en contra del aborto. Detrás de esa trascendental iniciativa están los pesos pesados de la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal y la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto (CONFELIREC). Todo nació en febrero pasado durante la Asamblea Plenaria del Episcopado, a la que asistieron jerarcas de otros credos y una decena de congresistas. Entre los invitados estaban desde luego los ocho parlamentarios cristianos (Mira, PIN, Liberal y La U) y algunos conservadores. De allí surgió la idea de modificar el artículo 11 de la Constitución y además recoger firmas para promover un referendo que “frene los excesos de competencia de la Corte”, argumentó el pastor Charles Schultz, exsenador de La U y fundador de CONFELIREC. Básicamente la modificación que promoverán a partir del 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura en el Congreso, consiste en alterar el artículo 11 de la Constitución, que dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, agregándole la siguiente frase “El derecho a la vida es inviolable desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”. Pese a que las planillas donde se plasman las firmas aún no llegan a la totalidad de las 5.000 parroquias católicas, más las 10.000 cristianas y evangélicas que se calculan en el país, los promotores del proyecto ya cuentan con 187.000 rúbricas que, si bien no son necesarias para tramitar la reforma constitucional, buscan causar impacto entre los legisladores. Lo que muchos no entienden es por qué si las iglesias cuentan con semejante ejército de feligreses como potenciales firmantes (27 millones), optaron por el tortuoso camino del Congreso y dejaron el referendo sólo como plan B. Desde el episcopado explican que la razón es el costo económico y el desgaste que significa un referendo, pero hay quienes creen que al interior de las iglesias no están muy convencidos del apoyo popular tan crucial a la hora de llamarlos a las urnas. Cabe recordar que el sí del referendo debe obtener en votos la mitad más uno del censo electoral del país y eso equivale a más de siete millones de votantes. Por ahora le apuestan al Acto Legislativo que si bien aún no ha sido discutido con las respectivas bancadas en el Congreso, ya cuenta con mosqueteros dispuestos a capotear los escollos. Entre los escuderos figuran el actual presidente del partido Conservador, José Darío Salazar; el senador de PIN Édgar Espíndola, y el pastor representante de La U, Luis Salas, “Este proyecto no nació dentro de un acuerdo de la Unidad Nacional”, aclaró Salazar. SEMANA llamó y le envió unas preguntas por correo electrónico al director del partido de La U, Juan Lozano, para que fijara una posición de bancada respecto al tema, pero no respondió. Quien sí habló fue Carlos Gaviria, exmagistrado de la Corte Constitucional y expresidente del Polo Democrático Alternativo. Según Gaviria, esta nueva ofensiva contra la penalización del aborto es una “reiterada intromisión de la Iglesia”, dijo a esta revista el ponente de la sentencia C-239 de 1997 que también permitió la eutanasia en casos especiales. Si bien aún es prematuro anticipar el desenlace de esas propuestas, el aborto y la eutanasia encontraron en las iglesias un nuevo escenario para el debate nacional que justo por estos días se encendió a raíz de la propuesta de incluir una píldora abortiva en el Plan Obligatorio de Salud (POS).