“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha hecho justicia con nuestra política de aseo: Basura Cero. Lástima que el Distrito la haya destruido”. Esas fueron las palabras que escribió el presidente Gustavo Petro cuando el alto tribunal anuló el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en su contra por las irregularidades en la implementación del esquema de recolección de basuras en Bogotá, cuando él fue alcalde de la capital del país (entre 2012 y 2015).
Lo que omitió decir el presidente fue el alto costo que le generó al Distrito la implementación del programa de basuras y la compra de camiones recolectores, no solo porque la ciudad tuvo que pagar en 2016 una multa de 75.000 millones de pesos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sino también por la irrisoria cifra que logró recuperar la capital por la venta de los camiones.
Desde que llegó a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro buscó desprivatizar el servicio de aseo en la capital. Fue así como en diciembre de ese año, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adjudicó una licitación por 78.000 millones de pesos para adquirir 278 vehículos para operar el servicio de aseo en la ciudad. La licitación la ganaron Daewoo KMA y Navitrans.
Sin embargo, como el Acueducto no tenía experiencia en aseo, firmó un convenio interadministrativo con su filial Aguas Bogotá para entregar en comodato los 278 vehículos. Ese mes llegaron 26, pero estaban oxidados.
Como el resto de los vehículos se iban a tardar semanas en llegar, Petro decretó alerta amarilla por cuatro meses para usar volquetas abiertas que permitieran mover las basuras en la ciudad, lo que generó una crisis sanitaria. En medio de esa emergencia, Petro tuvo que negociar con los operadores privados para entregarles parte de la operación.
Fue hasta abril de 2013 que comenzaron a llegar el resto de los camiones recolectores de basura. Sin embargo, como Aguas Bogotá nunca tuvo la capacidad de asumir el ciento por ciento de la operación del servicio de aseo, tan solo operó el 52 por ciento, para lo cual empleó 116 vehículos de los 278 que compró el Distrito. Además, 39 camiones de Daewoo nunca funcionaron.
Por todo esto, en diciembre de 2013, el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro; en 2014 la SIC multó al Acueducto de Bogotá por haber violado la libre competencia; en 2017 la Contraloría de Bogotá determinó la responsabilidad fiscal de Petro por la compra de los camiones –aunque en mayo de 2024, el Tribunal de Cundinamarca anuló el fallo y lo eximió de pagar 22.000 millones de pesos– y en 2017 el Tribunal de Cundinamarca ordenó a Aguas de Bogotá frenar la operación.
En 2019, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, el Acueducto decidió vender los vehículos, pero tras un peritaje se estableció que 145 eran no reparables y debían venderse como chatarra o desintegrarse, y 130 sí eran aptos para subastarse.
Los camiones fueron trasladados y permanecieron durante años en el predio conocido como La Dianita, en Tocancipá. SEMANA conoció qué pasó finalmente con esos camiones. En total, 272 fueron desintegrados, enajenados o indemnizados, uno fue donado y cinco reintegrados al servicio de la operación del Acueducto. Ahora, de esos 272 vehículos, 120 fueron subastados por Superbid Colombia y 149 desintegrados por Sidenal.
En 2019 se subastaron 78 vehículos por 3.630 millones de pesos y se desintegraron 119 por 915 millones de pesos. En 2020 se subastaron 35 por 952 millones y en 2021 se vendieron siete por 490 millones y se desintegraron 30 por 201 millones.
Con la venta y chatarrización de los vehículos, el Distrito logró obtener 6.190 millones de pesos, el 8 por ciento del dinero invertido para la compra. Así terminó el programa Basura Cero de Petro.