El presidente de la República lanzó una fuerte advertencia a los grupos armados al margen de la ley que quieran tocar y entrar en la puerta de la ‘paz total’, al señalar que, aunque sigue en pie la intención de diálogos de paz, el Gobierno no se va arrodillar.
Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano señaló que la política de ‘paz total’ que viene impulsando su Gobierno va más allá de grupos armados y consolida las reformas que presentará en los próximas días en el Congreso de la República.
“He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aún la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla”, trinó Petro.
En otro mensaje, el jefe de Estado habló sobre la condena en contra del Estado que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la Unión Patriótica (UP): “Hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.
Y agregó: “La justicia internacional se creó cuando los Estados no son capaces de juzgar los peores delitos: los crímenes contra la humanidad. Este gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”.
Narcos quieren colarse en la ‘paz total’
Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la paz total del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.
El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.
Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.
Y agregó: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.
Frente a las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la paz total. Pero tiene miedo de entregarlas”.
Ante estas graves denuncias, el comisionado de paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.
Otro caso que activó las alertas en el Gobierno fue el de José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de Los Pachelly. Este grupo criminal ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la ‘paz total’ de Petro. Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero las autoridades descubrieron una información delicada: le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios.
El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.
Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.
Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.
También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.
Fuentes del Gobierno confirmaron que hace unos días un abogado que dijo venir de Cali en nombre de narcotraficantes, con conexiones con grupos armados ilegales en zonas rurales, se presentó ante el comisionado Rueda, quien lo escuchó y le dejó claros los requisitos. Al terminar el encuentro, el funcionario fue alertado de que esta persona estaba exigiéndoles dinero a los narcos con la promesa de que los convertiría en gestores de paz. Sus peticiones fueron descartadas de manera inmediata.