En la última semana el presidente Gustavo Petro estuvo bastante atento a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) con relación a las revocatorias de candidaturas que se han hecho con base en solicitudes presentadas con diferentes argumentos.
Petro cuestionó algunas de ellas como la revocatoria de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander y la de Patricia Caicedo, hermana del gobernador Carlos Caicedo, para la Alcaldía de Santa Marta.
Todas las posturas el mandatario las ha expresado por sus redes sociales, y por esa razón Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), le envío una carta en la que le manifiesta su preocupación por la posible intervención en política desde la Casa de Nariño.
Aunque el tono es muy prudente, Barrios le puso ‘tatequieto’ al presidente Petro y le llamó la atención por lo que pidió que muestre “la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto cargo del Estado”.
La MOE tiene varias preocupaciones porque el mandatario usa sus redes sociales para cuestionar las decisiones del CNE, pero además ha convocado marchas para apoyar sus reformas y esos espacios se han aprovechado para hacer política por parte de candidatos del Pacto Histórico.
En la carta, le dice al presidente Petro que en las Comisiones Nacionales para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral se han puesto de presente diversos elementos que podrían afectar negativamente el desarrollo de las elecciones. También, que requieren de la actuación conjunta y coordinada de las distintas instituciones del Estado, y que una de ellas es verificar que los servidores públicos den garantías a todos los sectores políticos.
“Sin embargo, estos no son los únicos riesgos que pueden impactar un proceso electoral. Están también aquellos que se desprenden de la intervención de servidores públicos en las actividades o controversias políticas, con independencia si se menciona de manera explícita a una candidatura o campaña política. Estos pronunciamientos por parte de una autoridad administrativa, sea esta municipal, departamental o nacional, pueden afectar la libertad de los votantes, en la medida en que podrían ver comprometida su voluntad de decidir libremente por la injerencia de los funcionarios que ostentan altos cargos en las instituciones públicas”.
Barrios agrega: “Teniendo en cuenta lo anterior, de la manera más respetuosa, la Misión de Observación Electoral - MOE - desea manifestar su preocupación por algunos mensajes que se han publicado en su cuenta y la cuenta de la Presidencia de la República, que podrían ser interpretados como una posible intervención en política generando un desequilibrio en la contienda electoral”.
La directora de la MOE le recordó al presidente Petro que las decisiones del CNE cuentan con espacios y recursos para solucionar las diferencias y que, por esa razón, no es indicado que un mandatario esté opinando sobre las mismas.
Además, le dice al presidente de los colombianos que, de requerirse cambios en los diseños institucionales para garantizar recursos judiciales, esos temas deben transitar por el Congreso de la República y no por redes sociales, ya que la organización electoral también debe contar con independencia y autonomía.
“Finalmente, hacemos un llamado para que sus declaraciones y acciones muestren la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto cargo del Estado y su compromiso indeclinable con el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, equitativo, transparente, auténtico, seguro y basado en el estricto cumplimiento de las normas vigentes”, dice la carta enviada a la Casa de Nariño.
El mandatario colombiano, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, realizó una férrea defensa de Rodolfo Hernández, afirmando que la decisión de los conjueces designados por la autoridad electoral atenta contra los derechos políticos.
“Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la (campaña) presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH, que es de obligatorio cumplimiento”, trinó el presidente Gustavo Petro.