Un gran revuelo ha causado en el país el anuncio del Gobierno nacional en el sentido de aplicar la Ley 1523 de 2012 para atender la ola invernal que se vive en diferentes regiones y la cual le permitiría al Ejecutivo ordenar expropiaciones en predios privados.
Una de las disposiciones de esta norma es que cuando haya un estado de desastre natural -como el que declaró el gobierno del presidente Gustavo Petro con el invierno- diferentes entidades oficiales podrán adquirir predios privados para reubicar a los damnificados por la situación o, en caso de que los propietarios no quieran vender, expropiarlo.
Este sería un procedimiento de carácter administrativo, que tendría ocho pasos para su desarrollo, y el cual será aplicado por las autoridades, según lo anunció Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“En el tema de adquisición de predios, el (artículo) 74 habla del procedimiento que se llegue a requerir y el (artículo) 75, incluso, habla de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir. Entonces lo que allí opera es la aplicación de estos artículos que están definidos en la ley”, aseguró el funcionario, quien advirtió que esta fue una “instrucción” del propio presidente Petro.
Lo anunciado por el director de la UNGRD elevó los temores que existen en algunos sectores de la ciudadanía ante la posibilidad de que el Gobierno nacional comience a hacer expropiaciones de predios privados, uno de los temas más polémicos durante la campaña presidencial.
El fantasma de lo sucedido en Venezuela, por ejemplo, donde los gobiernos chavistas aplicaron esta figura en el pasado y ahuyentaron a gran parte del capital extranjero que invertía allí, volvió a aparecer en diferentes círculos. Especialmente porque los gobiernos en Colombia poco han acudido a esta figura, incluso en momentos de emergencia, y han optado por otros tipo de decisiones para la atención a los afectados por las olas invernales. En otras palabras, siempre se han mostrado respetuosos de la propiedad privada.
El anuncio del Gobierno nacional recordó la ocasión en la cual Petro, siendo candidato presidencial, suscribió un documento en una notaría comprometiéndose a que no expropiaría durante su administración, en caso de ser elegido como jefe de Estado.
El lunes 18 de abril, en la Notaría 17 de Bogotá y en compañía de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, Petro hizo el compromiso. “No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”, enfatizó el entonces candidato presidencial. Como testigo de este compromiso estaba el actual ministro del Interior, Alfonso Prada.
Aunque en ese momento expertos consultados por SEMANA manifestaron que el documento suscrito por Petro no tendría ninguna fuerza jurídica, lo cierto es que la declaración del entonces candidato buscaba calmar los temores que se habían suscitado ante la posibilidad de que el Gobierno se quede con predios que son de propietarios privados.
Pero esta no fue la primera vez que Petro juró que no expropiaría. Para la campaña de 2018, cuando recibió el apoyo los excongresistas Antanas Mockus y Claudia López, sostuvo una placa, junto a Mockus, en la que se lee que el primer compromiso para ese respaldo es “no expropiaré”.
Durante la pasada contienda electoral, Petro generó polémica por haber mencionado la palabra expropiación cuando habló de la concentración de la tierra y de la necesidad de “democratizar” los predios.
La sola mención causó un rechazo generalizado en el país por el impacto que esto generaría en la propiedad privada y el entonces aspirante presidencial tuvo que modular su discurso y empezar a hablar de “democratización” de diferentes aspectos del país.
El temor, sin embargo, no se calmó del todo y esta semana, luego del anuncio del director de la UNGRD, volvió a sentirse entre diferentes sectores de la ciudadanía.