Al expresidente Álvaro Uribe no le cayó bien que el presidente Gustavo Petro busque desempolvar el proceso de Justicia y Paz que se adelantó durante su gobierno y que, en esta oportunidad, según el hoy primer mandatario, buscaría la verdad y el esclarecimiento de varios hechos del conflicto.
Este jueves 3 de octubre, Petro hizo un intercambio de sombreros con Salvatore Mancuso en Montería y generó controversia, especialmente en el Centro Democrático, el partido de Uribe, que no descarta que la izquierda esté contemplando un ajuste de cuentas contra Uribe.
Precisamente, el expresidente se refirió al controvertido encuentro en Córdoba. “La autoridad y las convicciones no pueden ceder ni ante la seducción ni ante la amenaza. La paz no es un juego ni un teatro de compadres”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
Y siguió: “Colombia ha tenido procesos de claudicación ante el terrorismo como el firmado con las Farc. Para nada sirvió. Nuestra ley de Justicia y Paz desmovilizó 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Se les cumplió a quienes cumplieron, se extraditó a quienes siguieron violando la ley”.
Y es que Petro volvió a mirar con espejo retrovisor y lanzó pullas a Justicia y Paz. De paso, no descartó el esclarecimiento del paramilitarismo en Colombia.
“Voy a hacer un listado. Por ahora pienso en Jiménez, Tovas y Mancuso. El último, parece que ya resolvió su situación desde el punto de vista de conflicto de competencias, pero puede operar ya como gestor de paz”, anunció Petro.
Además, en plaza pública, el hoy presidente le propuso a Mancuso “instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad que, creo, existía en esa época. Les tenían pavor a las verdades. Esta vez, para que el benefactor de ese proceso sea el pueblo humilde, para que pueda ser resarcido, haya indemnización. Es la antesala de perdón”.
El aterrizaje de Mancuso como gestor de paz no es nuevo y Petro lo había anunciado desde comienzos de 2024. Sin embargo, se acerca el momento en el que él empezaría a adelantar sus funciones.
De hecho, en marzo de 2024, la Procuraduría se pronunció frente a la propuesta del jefe de Estado e indicó que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz de parte del Gobierno nacional “no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz”.
En audiencia pública presidida por una juez de esa jurisdicción, en que se discutió la solicitud de otorgar la libertad a prueba del exjefe paramilitar, la coordinadora nacional de Justicia y Paz del órgano de control, en desarrollo de su función de intervención, indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo son y seguirán siendo las víctimas”.
En el Centro Democrático, hubo ruido en contra de la decisión de Petro.
El senador antioqueño Andrés Guerra dijo que desde el anuncio de Petro de designar a Mancuso como gestor de paz “iniciaba la estrategia más calculada y preparada para llevar a Uribe a la cárcel”. Por la misma línea opinó la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien no descartó que se tratara de una estrategia para pasarle desde la Casa de Nariño una cuenta de cobro a Álvaro Uribe.