El proyecto de “paz total” presentado en las últimas horas por el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha generado controversia. Se trata de la prórroga de la Ley 418 de 1997, que le da piso jurídico a la negociación con grupos armados ilegales. Uno de los artículos del proyecto propone que dicha política de “paz total” será de Estado y comprometerá a los próximos presidentes.
“La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento”, dice.
Y agrega: “Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
Algunos congresistas del Pacto Histórico ya han reconoció este hecho. Por ejemplo, la senadora María José Pizarro aseguró que el próximo presidente deberá continuar lo que se apruebe.
“Cumpliendo con el primer punto del plan del gobierno, respaldamos el proyecto de ley para hacer política de Estado la paz total, para que los gobiernos siguientes le cumplan al país y a la víctimas. Se crea el servicio social para la paz y se blindan sus recursos ante corrupción”, afirmó la senadora del Pacto Histórico.
Además de ese punto del articulado, en las vigencias y las derogatorias se establece que la ley que sea aprobada tendrá una duración de por lo menos cuatro años a partir del momento en que se promulgue por el presidente Gustavo Petro, es decir, que de entrada ya impactará al siguiente Gobierno y podría dejarlo amarrado.
Aunque en Colombia por ahora no está vigente la figura de la reelección, uno de los mayores cuestionamientos en el petrismo es que han dado luces de que quisieran continuar con el Gobierno. Aunque Gustavo Petro aclaró en campaña que su periodo durará cuatro años, luego de la posesión presidencial, el presidente del Senado Roy Barreras lanzó una frase que despertó dudas.
“Y luego de la luna de miel (entre el Congreso y la Casa de Nariño) vendrá un matrimonio dulce y estable que durará ocho años mínimo (…) a buen entendedor...”, afirmó Barreras.
Por otro lado, el hecho recuerda lo ocurrido con el proceso de paz de La Habana en el que el expresidente Juan Manuel Santos dejó amarrado ese acuerdo con las Farc y las instituciones que se crearon, por lo que el expresidente Iván Duque tuvo que continuar esa política, a pesar de que realizó algunos ajustes.
Además de ese punto, el proyecto también contempla la creación de un Servicio Nacional para la Paz con el que los jóvenes del país podrán tener una alternativa al servicio militar en el que podrán hacer distintas actividades.
Entre ellas se ofrecen cinco alternativas que son: alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajar con víctimas del conflicto armado, refrendar los acuerdos de paz, promover una política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización o un servicio social para defender la naturaleza y la biodiversidad.
“Jóvenes, aquí tienen un menú de posibilidades para prestar servicio a su patria sin la horrorosa opción de ir a la Guerra. Así queda consignado hoy en el proyecto de ley que fija un nuevo marco para la paz total, en la que estamos empeñados el gobierno y su bancada”, afirmó el senador Gustavo Bolívar.