El presidente Gustavo Petro quiere conseguir la paz con todas las estructuras criminales posibles y es uno de los principales objetivos de su administración. La poca voluntad de los grupos armados y la falta de acuerdos fundamentales son dos grandes obstáculos para ese objetivo, dejando cinco intentos fallidos de cese al fuego bilateral y un permisivo pacto con el ELN.
Sin embargo, la ‘paz total’ recibió el golpe más duro del semestre en el Congreso de la República. Dos proyectos clave para el desarrollo de la política del Gobierno se hundieron sin siquiera iniciar su debate en comisiones.
Se trata del proyecto de humanización carcelaria, iniciativa que buscaba controlar el hacinamiento en centros penitenciarios. Es una iniciativa compleja y polémica que recibió duras críticas desde todos los frentes por posible excarcelación y beneficios a narcotraficantes.
El fiscal Francisco Barbosa, cuando se radicó el proyecto en el Congreso, fue uno de los más duros críticos, haciendo advertencias que posteriormente fueron acogidas. Incluso, al final de la legislatura, los ponentes anunciaron que no se eliminarían los delitos de incesto, inasistencia alimentaria e injuria y calumnia, que originalmente iban a ser retirados del Código Penal.
Se hundió sin siquiera surtir un debate por la complejidad de su articulado y por la congestión de las reformas sociales, pero tanto el Pacto Histórico como el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunciaron que volverá a ser radicada con modificaciones.
“El texto lo volveremos a presentar el 20 de julio con ese enriquecimiento que tuvo gracias a las discusiones que hemos tenido”, comentó Osuna sobre el proyecto.
Por otro lado está la ley de sometimiento a grupos criminales que se quieran unir a la política de ‘paz total’. La idea central de la iniciativa es que los criminales confiesen sus delitos, reparen a las víctimas y que entreguen sus bienes, con el beneficio de poder conservar un porcentaje de los mismos.
Al igual que la humanización carcelaria, la iniciativa también recibió duras críticas del fiscal Francisco Barbosa por los beneficios a grupos criminales.
En la rendición de cuentas de la bancada del Pacto Histórico, el representante Alirio Uribe anunció que se volverá a radicar.
“Necesitamos aprobar una ley de sometimiento a la justicia y de sujeción a la justicia. Con el ministro de Justicia estamos articulando para presentar nuevamente esta ley que se hundió el 20 de junio. Necesitamos presentar el proyecto de humanización de la política criminal y de la política carcelaria”, manifestó el congresista del petrismo en su intervención.
Por otro lado, la colectividad estaría buscando otros recursos para entregar más beneficios a los grupos armados con los que se sostienen negociaciones. De acuerdo con Uribe, se explora amnistía por delitos como el secuestro o el narcotráfico.
“Vamos a tener que hacer un Acto Legislativo que se va a tener que presentar el 20 de julio para facilitar los procesos de paz. Hoy tenemos obstáculos constitucionales que impiden que haya amnistía o indulto por delitos como el secuestro o por delitos asociados al narcotráfico. Hay que quitar ese palo en la rueda para poder avanzar en la paz con el ELN y demás grupos armados”, agregó.
Si bien existe voluntad para revivir dichos proyectos, las reformas sociales aún no se han resuelto y seguramente acapararán gran parte del debate. En medio de acuerdos fallidos con los grupos armados, el Gobierno perdió, pero le sigue apuntando a la ‘paz total’.