“A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino (…) los narcotraficantes tienen aquí un camino”, dijo el presidente Gustavo Petro en su tierra Ciénaga de Oro (Córdoba), para anunciar una ‘reconciliación nacional’ que incluye a narcos en las negociaciones de la ‘paz total’.
Aunque ya es natural que el presidente Petro haga anuncios sin explicar cómo los implementará, esta propuesta generó rechazo de sectores políticos, al considerar que no encuentran la fórmula con la que el mandatario los incluirá en su proyecto de paz. En la actualidad no existe un marco jurídico sólido para darles ese perdón social e iría en contra de la Constitución.
De hecho, la iniciativa anunciada remontó al país a abril de 2022, cuando Petro habló de ‘perdón social’ para justificar las visitas de su hermano Juan Fernando Petro a varios condenados por corrupción, narcotráfico y homicidio. En ese momento el candidato Petro intentó justificar el denominado pacto de La Picota y dijo que “sin perdón no hay reconciliación”.
El asunto de fondo es que la legislación en Colombia prohíbe cualquier tipo de beneficio para quienes hayan sido condenados, entre otros, por narcos y corruptos. La propuesta, sobre la cual no hay información de fondo, implicaría de facto modificar el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 y el artículo 68 del Código Penal, donde están las prohibiciones expresas. Así las cosas, dicha reconciliación o perdón social no puede ser otorgado por el presidente de la República argumentando que la paz está por encima de todo.
Humberto de la Calle comparte esta tesis y cree que es una propuesta que podría llamarse de punto final y a la que hay que tenerle cuidado por las dificultades que podría generar. “Colombia es un país que ha firmado acuerdos que obligan a combatir la impunidad. Luego, ¿cómo va a ser el trámite de esa supuesta ley de reconciliación? En mi caso, estaremos pendientes, analizando las propuestas. No quiero adelantar ninguna opinión, pero sí llamar la atención sobre un camino que es extraordinariamente riesgoso”, dijo el exjefe negociador con las Farc y quien conoce muy bien estos asuntos jurídicos.
El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, no encuentra nada de novedoso en lo propuesto por Petro y cree que está poniendo en marcha lo anunciado en campaña. “No importa qué nombre le ponga. Primero fue ‘perdón social’, después fue ‘paz total’, una vez arrancó el gobierno; ahora lo llama ‘reconciliación nacional’, pero en cualquier caso es un afán de Gustavo Petro y su gobierno de promover impunidad”.
David Luna, de Cambio Radical, cree que el presidente Petro sigue haciendo anuncios sin sentido que difícilmente se concretarán, pero que lo grave son los impactos que generan en varios sectores. “Acá se le olvida al presidente que Colombia tiene que respetar a las víctimas. Las víctimas deben estar en el centro y ellas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. No puede haber perdón y olvido”, señaló el senador.
Más allá de las naturales discusiones políticas, Petro encontrará una barrera en la Corte Constitucional que, de acuerdo con su jurisprudencia, no permitiría que exista ese perdón social, que básicamente legalizaría fortunas de narcotraficantes. Tampoco se entiende para qué hay unos diálogos políticos con el ELN si con esta propuesta todos los criminales serían beneficiados por una especie de borrón y cuenta nueva.
Para algunos, este tipo de propuestas tienen cálculos electorales, pero en la práctica sería una discusión de no menos de dos años, por lo que el ocaso del Gobierno Petro (2025) no dejaría fluir una iniciativa legislativa en ese sentido.
El Gobierno, seguramente con buenas intenciones, está estableciendo distintos frentes de diálogo con criminales y bandas para desmantelarlas, pero olvida que la ley de sometimiento se hundió en el Congreso precisamente por las gabelas que ofrecía, y políticamente no se ve un escenario distinto para tramitar algo similar, sobre todo, con una inexistente coalición y unos partidos cada vez más alejados de la Casa de Nariño.