Jaime Arias es médico, con especialidad en Medicina Preventiva, Salud Pública y Administración de la Salud en la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos). Fue Ministro de Salud, presidente del extinto Instituto del Seguro Social, presidente de las EPS y legislador de la Ley 100.
Arias se retiró de la política partidista y desde hace más de una década se dedica a la academia. En la actualidad es rector de la Universidad Central.
No obstante, en los últimos días ha vuelto a la opinión pública para lanzar duras advertencias sobre los riesgos de la reforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una de las voces más autorizadas, pues conoce como pocos el sistema.
SEMANA: ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre la reforma a la salud del gobierno Petro?
JAIME ARIAS (J.A): El período de transición no es claro, puede durar años en los que se presente caos, desorden y el pías tenga a la vez dos modelos. Millones de colombianos, sobre todo aquellos que hoy tienen tratamientos con las EPS, podrían quedar en el aire. Advierto: puede costar muchas vidas.
SEMANA: ¿Qué se podría hacer para mejorarlo?
J.A.: Será muy difícil mejorar la propuesta que presentaron ya al Congreso, puesto que el actual modelo de aseguramiento y la idea de tener un sistema de salud plenamente estatal son casi incompatibles en la práctica. O lo uno o lo otro. Creo que es lo que va a suceder en el Congreso cuando se aprueben artículos incompatibles con lo actual y podríamos terminar en un sancocho incoherente. Repito:con un gran riesgo para las vidas de millones de colombianos que no sabrán a donde acudir para seguir sus tratamientos.
SEMANA: ¿Lo que hay en el proyecto entonces no funciona?
J.A.: Poner en práctica la propuesta tomaría mucho tiempo de preparación (formación de personal médico y técnico, construcción de infraestructura, etc.) Además, podría costar más de 50 billones de pesos. Y nadie ha dicho de dónde saldría ese dinero. Es como una casa en el aire.
SEMANA: ¿Qué va a pasar con las personas que hoy tienen tratamientos con las EPS?
J.A..: Las personas perderán la vigencia del contrato entre aseguradora y afiliado y no habrá un ente que responda por la gestión de salud, ni por el manejo financiero ni por la organización y contratación con las redes de servicios. Los CAPRIS no se responsabilizarán del aseguramiento, solo inscribirán a las familias y les darán una atención primaria muy básica.
SEMANA: ¿Qué pasará con pacientes de enfermedades crónicas o muy graves?
J.A.: Los más de 5 millones de personas vinculadas actualmente a programas de seguimiento especial por tener enfermedades crónicas progresivas (cáncer, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, artritis reumatoidea, enfermedades huérfanas y otras) quedarán a su suerte y terminarán pagando tratamientos de alto costo. Sobrevendría una etapa muy dolorosa de sufrimiento para estas personas.
SEMANA: ¿Usted cree que se deterioraría la calidad del servicio, entonces?
J.A.: Se disminuirá la calidad de la atención en oportunidad de citas de especialistas, suministro de medicamentos, solicitud de exámenes paraclínicos (lab, RX,otros)
SEMANA: ¿Qué otros problemas le ve a lo que sería esa operación?
J.A.: Se perderán los controles al gasto que hacen las EPS y no se harán auditorias financieras sistemáticas. No va a alcanzar ningún dinero del Estado para pagar los gastos descontrolados y sobrevendrá inevitablemente la crisis del sector, pero sobre todo el riesgo para millones de vidas. Y se perderán los esfuerzos e inversiones que se ha hecho en sistemas de gestión, información.
SEMANA: ¿Cuál el verdadero riesgo de corrupción?
J.A.: El gobierno del sistema se diluirá en muchos organismos que tendrán alto gasto. La mayor parte de las decisiones operativas se harán en el ámbito municipal con un gran peligro de corrupción e ineficiencia. De llegarse a aprobar esa ley los corruptos tendrán un festín permanente. ¡Pobre país!
SEMANA: ¿Usted tiene dudas sobre la capacidad que el Estado tiene de gerenciar el proceso?
J.A.: ADRES, la entidad que pagaría, no tiene la capacidad de gestionar los miles de contratos que hoy se dan entre agentes ni de auditar millones de cuentas diarias, lo cual generará desorden y demoras. El recaudo que hoy se hace por medio de FILA deberá adelantarlo directamente la Tesorería única.
SEMANA: ¿En mucho habrá que comenzar de cero?
J.A.: Se van a romper las actuales cadenas de servicio que habrá que construir desde lo local. Y no hay ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Los colombianos entrarían en un caos aterrador en materia de salud.
SEMANA: ¿Cómo le parece la territorialización que propone el proyecto?
J.A.: No hay claridad sobre como se hará ese proceso en las áreas urbanas: ¿Por edificios, por manzanas, por barrio, por localidad? No sabemos a dónde iríamos por un servicio. Hay algo preocupante: los trabajadores de la salud que hoy trabajan con las EPS. ¿Qué pasaría con ellos? Perderán sus empleos cerca de 100.000 funcionarios hoy vinculados con las EPS. Eso sería una masacre laboral.
SEMANA: ¿Qué tan fácil puede ser volver a arrancar de cero?
J.A.: Colombia pierde una curva de aprendizaje de 30 años relacionada con la financiación, la organización de los agentes y la entrega de servicios a 50 millones de usuarios potenciales. Destruir eso y hacer todo nuevo no es tan fácil como ellos creen, no tienen ni idea cómo hacerlo.
SEMANA: ¿La reforma le impodrá mayores costos de bolsillo a los pacientes?
J.A.: Se incrementarán los costos de las familias. Una parte comprará pólizas de medicina pre-pagada y otros buscarán directamente a los prestadores. Lo preocupante son aquellas personas con enfermedades graves como cáncer, deficiencias renales, etc, que tendrán que vender hasta sus casas o sus vehículos y pedir créditos en los bancos para pagar sus tratamientos.