Esta semana, en medio del alboroto que generó la intervención de la Nueva EPS y Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la prensa divulgó un informe de la Contraloría General que advertía que las EPS habían desviado 9 billones de pesos.
Esa información le permitió a distintos sectores del petrismo, entre ellos, a la exministra Carolina Corcho, insistir en que la controvertida reforma a la salud de Gustavo Petro estaba argumentada y debía revivirse en el Congreso. Recordemos que la iniciativa promueve, entre otras, la eliminación de las EPS y su transformación en Gestoras de Vida.
Tras la polémica, la propia Contraloría General, a través de un comunicado de prensa, advirtió que se trataba de un documento borrador y preliminar que estaba sujeto a estudio.
Después de un análisis profundo de la información por parte de algunas EPS, se encontraron algunas inconsistencias en el informe que fueron reveladas a la opinión pública.
Por eso, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, concluyó a través de varios ejemplos que el informe “resultó tener información errada”.
Las EPS -según Valencia- “le demostraron ayer al Contralor General que el formato de estudio técnico elaborado por la Contraloría (largos exceles de códigos de rubros de estados financieros) hacían parte de un catálogo no vigente, por lo que muchos rubros se cruzaron con cuentas diferentes”.
Por ejemplo, categorías como duplicados de carné que mostraba la Contraloría corresponden realmente a rubros de cuentas de alto costo médicas, dijo.
Además, según Valencia, “las cuentas de gastos de arrendamiento mostradas por la Contraloría corresponden en realidad a los ingresos por bienes arrendados a terceros”.
Para solo el 2020 varias EPS tuvieron hasta tres auditorías por la Contraloría en categorías financieras, y cumplieron con todos los requisitos, concluyó la senadora.
Sobre el tema se desconoce qué papel adoptará el contralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien escuchó este jueves las observaciones de las EPS al documento y borrador y, seguramente, expedirá uno nuevo en las próximas semanas donde le mostrará al país si la cifra de los 9 billones que se conoció inicialmente es errada o no.
Esta confusión se genera justo días después de que nueve senadores de la Comisión Séptima hundieran la controvertida reforma a la salud de Gustavo Petro en medio de acalorados debates entre sectores afines al gobierno y los de oposición.
Además, después de que la Fiscalía confirmara que ya abrió una noticia criminal para investigar la posible corrupción que se estaría dando en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), el valor que el Estado paga por cada afiliado, y los presupuesto máximos que transfiere la ADRES para los servicios y tecnología que no están dentro de la UPC.
En medio de la reunión extraordinaria que se adelantó este lunes 8 de abril en las instalaciones de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, y la cual lideró el propio contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, hizo parte del encuentro, y confirmó que la entidad ya tiene una noticia criminal sobre ese informe que reveló los fallos de responsabilidad fiscal que se han emitido por cerca de tres billones de pesos contra Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).