Este miércoles 15 de mayo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que Luis Gilberto Murillo será el nuevo canciller de Colombia en propiedad. Así quedó demostrado en la página de la Presidencia que divulgó su hoja de vida e hizo el anuncio oficial.
SEMANA conoció que Leyva estaba enterado que Murillo, finalmente, se quedaría con su puesto.
Desde que el nuevo jefe de la diplomacia en Colombia pisó el Palacio de San Carlos en Bogotá, en calidad de canciller encargado, demostró que su llegada no era temporal, sino que se quedaría para siempre. Al menos, mientras Gustavo Petro lo considerara.
Cambió el orden del escritorio, modificó algunos cuadros y le dio un nuevo toque al despacho. Como si fuera poco, retiró al cuerpo directivo de la Cancillería que había llegado con Álvaro Leyva.
Este medio estableció que, si nada extraordinario ocurre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no decidirá la suerte de Leyva, mientras la Procuraduría no falle y decida su suerte disciplinaria porque hoy está enfrentado a un juicio disciplinario por el escándalo con la firma de pasaportes Thomas Greg & Sons. Este miércoles, por ejemplo, declara en contra de Leyva la exdirectora Nacional de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora.
Recordemos que Leyva se atravesó a la licitación donde ganaba esta firma privada, según el pliego de condiciones que había establecido el propio Estado. Argumentó favorecimientos a la empresa que durante años tenía el monopolio de pasaportes en el país. La propia Zamora recomendó lo contrario, según ella, beneficiando los intereses del Estado.
En la Casa de Nariño tienen claro que el Gobierno no puede someterse a un nuevo desgaste si nombra a Álvaro Leyva en algún cargo del orden nacional y el organismo disciplinario, eventualmente, lo destituye e inhabilita para ejercer cargos públicos porque tendría que abandonar su puesto.
Y es que la Procuraduría ya demostró que no se le amilana a los funcionarios del Gobierno Nacional.
Este 7 de mayo sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, por solicitar a las cajas de compensación vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, en el Valle del Cauca, reportó el organismo de control.
Aunque Petro insiste en que quien decide en el Gobierno es él y no la Procuraduría, con quien ha tenido animadversión desde que el exprocurador Alejandro Ordóñez lo destituyó por el escándalo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá, en esta oportunidad podría acudir a la prudencia.
Sin embargo, quienes trabajan de cerca con Petro dicen que es incierto a la hora de tomar decisiones y si, eventualmente, le gana el impulso podría oficializar el nuevo cargo de Leyva en las próximas semanas. Al fin y al cabo, el excanciller ha jugado un papel importante en los últimos procesos de paz con las Farc, el M-19, el ELN, entre otros grupos.
No se puede olvidar que contra viento y marea, Gustavo Petro nombró a su exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, como nueva cónsul de Colombia en Londres, pese a que la Procuraduría la llevó a un juicio disciplinario porque, al parecer, se aprovechó de su cargo para interferir en Migración Colombia por la salida de sus hijos, menores de edad, quienes no cumplían los requisitos y permisos legales para volar desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a otro país.