Lo que era un asunto interno de la Universidad Militar Nueva Granada, la elección del nuevo rector de esta institución, se convirtió, con el pasar de las horas, en un nuevo cuestionamiento para el Gobierno. El elegido para ocupar este cargo, el general (r) Javier Alberto Ayala, es cuestionado no solo por haberse visto involucrado en un presunto acoso sexual contra la esposa de un subalterno, sino que su elección se habría dado en medio de posibles irregularidades y un aparente favorecimiento del Gobierno.
La polémica sobre este proceso arrancó incluso antes de la elección. Según los estatutos de la Universidad Militar, la escogencia de rector se debe hacer cada cuatro años, de una terna conformada por un postulado del Consejo Académico, que propuso al brigadier general Luis Fernando Puentes; del Comando General de las Fuerzas Militares, que envió el nombre del general Jaime Carvajal, y del Ministerio de Defensa, que postuló al general (r) Javier Ayala.
El primer elemento que generó inquietud en algunos de los miembros del Consejo Superior de la universidad, estamento encargado de hacer la elección, es que el cronograma establecido previamente indicaba que la elección debía hacerse el 27 de junio, pero de manera intempestiva la fecha se cambió para el pasado martes 20 de junio.
Si bien el cambio de fechas podría parecer un asunto de trámite, hay un elemento, conocido por SEMANA, que genera suspicacias: el 8 de junio, el Consejo de Estado admitió una tutela en la que se pedía suspender el proceso debido a que, según el demandante, no se cumplió con la cuota de género, pues en la terna debía haber una mujer.
Según los tiempos de ley, las acciones de tutela se deben responder a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes; es decir, el Consejo de Estado tiene tiempo para emitir una decisión hasta el 26 de junio, un día antes de la fecha establecida inicialmente en el cronograma para la elección.
A pesar de que los miembros del consejo superior que consultó esta revista aseguraron que no conocían de esta tutela al momento de hacer la elección, tanto la Universidad Militar Nueva Granada como el Ministerio de Defensa sí tenían conocimiento, pues el propio Consejo de Estado ordenó notificar a ambas entidades. Prueba de ello es que el 15 de junio la oficina jurídica de la institución universitaria le envió un concepto al Consejo de Estado en el que pide rechazar la tutela.
Otro elemento que llamó la atención fue el inusitado interés del Gobierno en esta elección. Ese día se hicieron presentes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, quienes generalmente envían delegados a las reuniones del consejo superior.
“Nunca antes en la universidad, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general de las Fuerzas Militares se habían hecho presentes en la elección de rector”, señaló a esta revista una funcionaria que ha hecho carrera en la institución.
Adicionalmente, según le dijo a SEMANA Laura Ruiz, miembro del consejo superior a nombre de los egresados, “el mismo día de la votación el Ministerio de Educación cambió a la delegada que tenía desde hace cinco años ante el consejo superior, Adriana López, y puso al señor Ricardo Moreno Patiño”.
No obstante, las mayores inquietudes se presentaron en el momento mismo de la elección. En una primera votación, el resultado fue cinco votos a favor de Ayala, tres para Carvajal y tres para Puentes.
El reglamento, el acuerdo 03 de 2016 de la Universidad Militar Nueva Granada, establece en su artículo 26 que “el rector será elegido por mayoría simple”, es decir, la mitad más uno de los miembros del consejo superior. Si se tiene en cuenta que son 11 los integrantes de este estamento, el número mínimo es de seis votos. No hubo ganador.
Así las cosas, se repitió la votación y el resultado fue nuevamente el mismo: 5-3-3. Ante este escenario, en lugar de hacer una nueva votación, el consejero Óscar Manrique, representante de los estudiantes, propuso que se declarara al general Ayala como el ganador, pues a pesar de que no se obtuvo la mayoría simple, había ganado en las dos votaciones. Esta posición, para sorpresa de algunos de los consejeros, fue apoyada por el ministro de Defensa, quien pidió someter a votación la decisión de proclamar al general Ayala como rector. El resultado fue 6 a 5 a favor de la proclamación.
“Esta es una solución completamente antijurídica”, aseguró Ruiz, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía por prevaricato contra los consejeros que votaron a favor de esta solución. SEMANA consultó a un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien explicó que “las normas de la universidad indican que se debe alcanzar la mayoría simple, luego lo que debió ocurrir es que se debió buscar el cumplimiento de esa regla”.
Voto público
Otro hecho llamativo es que, contrario a las dos primeras votaciones, que fueron secretas, la tercera, en la que se proclamó a Ayala, se hizo de manera pública. Si bien esto no es irregular, sí pone una presión sobre la mayoría de los consejeros si se tiene en cuenta que al menos ocho de los 11 consejeros tienen algún tipo de dependencia del Ministerio de Defensa o el Gobierno.
El consejo superior está compuesto por el ministro de Defensa, un delegado del presidente Gustavo Petro, el delegado del Ministerio de Educación, el comandante general de las Fuerzas Militares, el director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el director de la Escuela Superior de Guerra, el representante de los exrectores (todos generales), el representante de las Directivas Académicas (los decanos), el representante de los docentes, el representante de los estudiantes y la representante de los egresados.
De hecho, según le reconoció a esta revista una fuente que siguió en detalle el proceso, “la balanza la inclinó el comandante general de las Fuerzas Militares”. Esto también lo confirmó Ruiz: “La votación iba 5 a 5 y el último en votar fue el general Helder Giraldo, quien estaba justo al lado del ministro Velásquez, ese fue el sexto voto”.
SEMANA se comunicó con el general Ayala para conocer su posición, pero aseguró que no se puede pronunciar debido a que es parte interesada en el proceso y aún no se ha posesionado. No obstante, el oficial retirado remitió a una persona cercana a él, quien explicó que la decisión de darle la victoria al general “se tomó mediante acuerdo y el consejo superior está en la potestad de llegar a este tipo de acuerdos, pues se trata de una decisión colegiada”.
Frente al cambio en el cronograma, la fuente explicó que “no se violó ninguna ley en el proceso, el cambio de fechas se debió a un tema de la agenda del ministro, no podemos olvidar que el ministro de Defensa es el que preside el consejo superior”.
No obstante, más allá de las supuestas irregularidades en la elección, el general Ayala también carga con las acusaciones de supuesto acoso sexual a la esposa del mayor (r) Mario Peñuela, quien interpuso denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría desde junio del año pasado.
En la denuncia, el mayor Peñuela exhibió pruebas de cómo, según él, se habrían hecho llamadas y mensajes de naturaleza sexual desde los teléfonos personales e institucionales de Ayala a su esposa. Además, se incluyó un registro detallado de las visitas del general Ayala a la residencia de la familia en ausencia de Peñuela, como también la evidencia de presuntos regalos a la esposa del mayor.
Esta revista conoció algunos de los chats a los que hace mención Peñuela. En uno de ellos, el usuario de Instagram Javier Alberto Ayala, que aparece con la foto del general, le envía un mensaje subido de tono a la esposa del mayor: “Estabas hermosa, ese pantalón ajustado es como me encanta, encanto…”. En respuesta a este mensaje, la esposa de Peñuela señala: “General, buenos días, le pido que no vuelva a escribirme, por favor, ya le había dicho que no me escribiera”.
Sobre esto, el general Ayala, en diálogo con SEMANA, indicó que se trata de un hecho de calumnia y “terrorismo reputacional” en su contra e indicó que inició acciones penales en contra de Peñuela. El oficial suministró el documento de la denuncia en la Fiscalía y dijo que el proceso está en manos de su defensa jurídica. Igualmente, hizo llegar a esta revista sus antecedentes penales, disciplinarios y fiscales en los que se evidencia que no tiene ningún registro en contra.