El presidente Gustavo Petro lleva más de diez meses en la Casa de Nariño y su relación con el Congreso no pasa por un buen momento.
Este martes 20 de junio la reforma laboral, una de las iniciativas que prometió en su campaña presidencial, terminó hundida por falta de quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
El grueso de congresistas no asistió y no se logró la votación. Aunque la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal dijo que las mayorías no llegaron a la Comisión por las recusaciones que surgieron en su contra a última hora, algunos no tenían intenciones de respaldar la iniciativa del Gobierno. Y mucho más cuando centenares de ciudadanos se tomaron las calles del país este martes en rechazo a las reformas de Petro.
La reforma laboral fue consensuada con todos los sectores, según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero siempre generó revuelo entre la empresa privada, que, sin duda, hubiera sido la más sacrificada si se hubiera aprobado el controvertido proyecto.
Este no es el primer golpe certero que sufre el presidente en el Congreso.
El Gobierno ―que tiene las mayorías en el Legislativo, a juicio del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco― también sufrió la derrota de la reforma política, una de las iniciativas que promovió el Pacto Histórico y que impulsó el expresidente del Senado Roy Barreras.
Buscaba, entre otras, la financiación estatal del gobierno de las campañas, las listas cerradas, la paridad, entre otros. No obstante, se convirtió en un tiro en el pie para los partidos políticos medianos y pequeños que terminaron apartándose de la aprobación. Al fin y al cabo, pretendía, entre otras, que congresistas saltaran de un partido a otro en una sola oportunidad, lo que anticipaba una desbandada de casas políticas y el fortalecimiento de las colectividades más fuertes, como el Pacto Histórico.
Ese traspié le dolió al presidente porque fue una de sus primeras frustraciones legislativas en un momento donde él se sentía seguro del respaldo de la coalición de gobierno que agrupaba al Pacto Histórico y a partidos políticos tradicionales como La U, el Liberal y el Conservador que, aunque no lo apoyaron en la campaña presidencial, le mostraron inicialmente simpatías en el Congreso.
Otro de los proyectos donde el Gobierno resultó perdedor fue en el sonado proyecto de ley de humanización penitenciaria. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sufrió un desgaste innecesario porque intentó explicar al país, especialmente a la oposición, sus críticas al proyecto, pero no logró convencer.
Colombia, especialmente los parlamentarios, no lograron entender que delitos como la injuria y la calumnia, la inasistencia alimentaria, entre otros, se eliminarán del Código Penal. Tampoco compartieron que los presos condenados en las cárceles pudieran salir de sus cárceles en el día, trabajar, y regresar en las noches.
Osuna fue varias veces a la Comisión Primera de la Cámara a explicar su proyecto. Incluso, logró desmontar varios artículos controvertidos, entre ellos, la inasistencia alimentaria tras las fuertes críticas del fiscal Francisco Barbosa y la procuradora, Margarita Cabello. Su iniciativa no tuvo eco y el legislativo optó por debatir, pero no aprobar ni siquiera la ponencia del proyecto. En otras palabras, murió sin mayor avance.
La Ley de sometimiento, que pretendía que los grupos criminales se sometieran al marco de la ‘paz total’, tampoco corrió con suerte.
Aunque la iniciativa es clave para que el Gobierno cristalice sus intenciones de diálogo con grupos narcotraficantes, el Congreso ni siquiera quiso avanzar en ese tema. Lo más probable es que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, radique nuevamente la iniciativa después del 20 de julio.
Otro de los golpes contra el Gobierno fue la frustrada intención de Gustavo Petro de quitarle dientes jurídicos a la Procuraduría. Aunque era casi una obsesión desde la campaña, su propuesta, consignada en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, tampoco fue aprobada en sus primeros meses de gobierno.
Hoy, como están las cosas, el ambiente entre el legislativo y la Casa de Nariño es incierto. Al presidente le están aprobando algunas iniciativas y otras se las hunden.
El problema es que el grueso de sus reformas, entre ellas, la salud y pensional, se estudiarán después del 20 de julio, pero el escenario no parece ser favorable porque se acercan las elecciones de alcaldes y gobernadores y los representantes y senadores estarán ocupados en sus regiones, lo que podría dificultar la conformación del quórum.