Exactamente dos meses después de haberse posesionado en el cargo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, deberá responder ante las autoridades por varias de las declaraciones que ha hecho y que, a juicio de dos congresistas uribistas, podrían haberla llevado a cometer el delito de pánico económico.
Los representantes a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar y Juan Espinal, opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron los denunciantes que llevaron el caso de la funcionaria a la Fiscalía General, para que haga el proceso de instrucción. En caso de avanzar, el proceso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento.
De acuerdo con la denuncia, Vélez “ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país”.
Villamizar, uno de los denunciantes, afirmó: “Nuestro país tiene un Presupuesto General de la Nación que hoy corre un riesgo muy grande con los anuncios de la ministra. 32 billones de pesos es lo que la industria de petróleo y gas le entrega al país para su presupuesto. Con los anuncios que ha venido haciendo la ministra, muchas de esas empresas han parado las inversiones, lo que quiere decir que se va a afectar la productividad”.
¿Pero qué es lo que ha dicho la ministra Vélez para que los dos congresistas uribistas consideren que podría haber cometido el delito de pánico económico?
Pese al buen manejo que ha tenido, por ejemplo, en el tema de los altos precios de la energía en algunas regiones del país, la ministra también ha dado declaraciones que han sido criticadas por diferentes sectores de la opinión pública y calificadas como salidas en falso.
Entre ellas se cuentan su participación en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, al que fue citada precisamente para responder por los altos precios de la energía, especialmente en la costa Caribe.
Al margen de los resultados de su gestión en este sentido, en medio de su intervención, Vélez empezó a leer los apuntes que tenía en unas hojas, en las que detallaba las acciones del Gobierno nacional para responder a esta problemática.
Sin embargo, rápidamente fue interrumpida por el presidente de la célula legislativa, el senador Inti Asprilla, quien le hizo saber que, por reglamento del Congreso, está prohibido que los congresistas y funcionarios que asistan a debate se pongan a leer. Si bien está permitido el uso de apoyos, no se puede llegar a solo leer.
“Hay que tener cuidado, señora ministra, para no dar la impresión de estar leyendo. Eso está prohibido por la Ley Quinta (reglamento del Congreso)”, le explicó a la funcionaria el senador Asprilla, quien pertenece a la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, aliada del Gobierno nacional.
Ante el llamado de atención, la ministra solo atinó a decir que “no sabía” y siguió con su intervención.
Otra salida en falso se dio con una declaración que dio Vélez en la que aseguró que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina era de 10.000 billones de pesos, cuando en realidad es, según de los expertos, de diez billones de pesos.
Horas después de esta declaración, Vélez público un trino en el que manifestó que “cualquiera se equivoca”, y agregó que “la cifra real pendiente de pago del segundo trimestre 2022 asciende a 10,49 billones. Es decir, por ese periodo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles FEPC acumuló esa deuda”.
La ministra también generó debate cuando planteó una polémica propuesta que despertó diversas reacciones entre sectores políticos y económicos del país: pedirles a los países más desarrollados que empezaran a decrecer en sus economías.
“Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países, que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, manifestó la ministra en medio del Congreso Nacional Minero.
Ante estas y otras declaraciones, los dos congresistas uribistas creen que la funcionaria habría incurrido en el delito de pánico económico y, por ello, formularon la denuncia.
“Las declaraciones que en materia de su Ministerio realice la doctora Irene Vélez Torres por su investidura tienen eco en todos los sectores económicos a nivel nacional; máxime si tenemos en cuenta que las expectativas de los principales actores del sector de hidrocarburos en el país no son positivas, que actualmente en dicho sector existe una penumbra donde brilla el miedo y la zozobra, ingredientes mortales si le sumamos las desacertadas afirmaciones de diferente índole que en medios ha venido realizando irresponsablemente la ministra”, reza el recurso presentado por los uribistas.