El presidente Gustavo Petro levantó una polvareda política cuando anunció al país su propuesta de liberar a algunos de los presos de la primera línea para convertirlos en gestores de paz. El afán del mandatario para cristalizar su iniciativa es tan evidente que habló del 24 de diciembre y de la necesidad de que los jóvenes pasen Navidad en sus casas.

Pero la Navidad es en 12 días y sobre la marcha hay más dudas que certezas. Las suficientes para que el fiscal General, Francisco Barbosa, se reúna con el presidente el miércoles próximo en Bogotá para analizar los alcances jurídicos de la iniciativa.

El 9 de diciembre pasado, la Presidencia expidió el Decreto 2422 de 2022 donde se confirmó que una comisión recomendará la admisión o exclusión de los jóvenes de la primera línea que, eventualmente, se beneficiarán.

Por ahora, no está claro qué criterios tendrá en cuenta la comisión para recomendar a los posibles beneficiados. Los ministros del Interior, Alfonso Prada; el director del Dapre, Mauricio Lizcano; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, recomendarán, posiblemente, a las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación, según dijo recientemente Osuna.

Petro, ¿qué criterios se tendrán en cuenta para definir la mayor vocación de contribuir a la reconciliación? La respuesta se conocerá en los próximos días.

Otro de los temas que no está claro es a quién se le hará la recomendación de los jóvenes beneficiarios, es decir, a quién le pasarán los listados de los jóvenes posiblemente beneficiarios. No se sabe aún si a los jueces o al presidente Gustavo Petro. En el Palacio de Nariño estiman que al mandatario. Al fin y al cabo, la justicia podría demorar el proceso.

Ante ese escenario, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le envió un mensaje a los fiscales, jueces y magistrados. “Se está gestando un golpe de Estado a través del decreto que se deriva de la ley de paz total. No se puede permitir que el Ejecutivo usurpe facultades del poder judicial. En sus manos está salvar el país”, dijo.

Desde el Palacio de Nariño estiman que Petro, apenas conozca el listado de recomendados, enviará un oficio a la Fiscalía si los detenidos están en calidad de procesados o los jueces si el beneficiario está condenado. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le ha dicho a la prensa que el presidente tendrá la labor de presentar la solicitud de la suspensión de la orden de captura a la autoridad judicial.

Está claro que los integrantes de la primera línea seguirán siendo investigados, es decir, el hecho de convertirse en gestores de paz les permite estar en libertad, pero no que se les archive sus investigaciones. Sin embargo, aún no se conoce cómo se garantizará que no reincidan en sus delitos o burlen el control de las autoridades.

Tampoco hay certeza sobre qué papel asumirá Gustavo Petro si uno de los jueces, posiblemente, se niegue a aceptar su decisión de liberar a un integrante de la primera línea. Al fin y al cabo, los jueces son autónomos en sus decisiones.

Por ahora, los jueces y la Fiscalía tienen dudas sobre los alcances del decreto presidencial, pero será el presidente y su equipo asesor quien se encargue de llenar los vacíos y despejar las dudas que vayan surgiendo. El problema para el gobierno es que el tiempo apremia, según los anuncios del propio Petro.