La salida de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, del Gobierno Petro, destapó una denuncia que conmocionó al país por posibles irregularidades en la hidroeléctrica de Urrá, donde estarían presuntamente involucrados Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, Verónica Alcocer.
El saliente ministro recibió la denuncia en su celular el pasado 28 de septiembre y habría remitido el documento a la Fiscalía en octubre de este año, pero hasta ahora salió a la luz, dándole paso a otro escándalo que involucraría a otro integrante de la familia presidencial.
De acuerdo con la denuncia, David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, esposos y amigos de Nicolás Alcocer, cuentan con un jugoso contrato en la hidroeléctrica a través de su empresa, Luxim Ingeniería S. A. S., que integra el consorcio Luxpower 2022, junto a la empresa Powerchina International Group.
De acuerdo con el documento, si bien el contrato viene de la administración de Rafael Piedrahíta como presidente de Urrá, y del Gobierno pasado, Cerón estaría “amenazando” por beneficios en licitaciones, aprovechando su cercanía con el hijo de Verónica Alcocer. La relación la justifican con las fotos en redes sociales, con fiestas en casas lujosas y viajes en yate, que muestran tanto el costoso estilo de vida como la cercanía entre ellos.
Si bien el presidente ha desestimado el texto, que también pone en jaque a su exgerente de campaña y presidente de la empresa más importante del país, nuevas pruebas validan parte de lo denunciado en el anónimo que llegó a manos del exministro de Hacienda.
SEMANA conoció varios documentos que prueban el contrato de los amigos de Nicolás Alcocer en Urrá y demuestran cómo, pese a que mostraron inexperiencia y dificultades para ejecutarlo, solicitaron millones de dólares por supuestas afectaciones económicas al consorcio.
Todo comenzó con el contrato al Consorcio Luxpower 2022, conformado por Luxim y una empresa de origen chino. Fue suscrito el 21 de julio de 2021, durante el Gobierno pasado, por 76.058.498.700 pesos. El objetivo era la construcción del Parque Solar Urrá 19.9 en Córdoba, que debía entrar en operación 14 meses, después de firmada el acta de inicio, es decir, en septiembre de 2022.
Pero el parque solar aún no ha sido inaugurado formalmente. Después de la firma, el consorcio envió una avalancha de reclamos a la hidroeléctrica, exigiendo millones de dólares por la situación económica de las compañías. Llegaron a decir que el “desequilibrio financiero” de la empresa se debía a la falta de 60.900 millones de pesos adicionales, que nunca fueron concedidos por Urrá.
El asunto empezó con una solicitud con fecha del 25 de marzo de 2022, en la que el consorcio pidió el “restablecimiento del equilibrio financiero del contrato” y advirtió posibles incumplimientos de no lograrse, por lo que pidieron un aumento de los anticipos.
Luego se enviaron oficios con fecha del 19 de diciembre de 2022. Christyan Arturo Martínez Ortiz, representante legal de Luxpower, envió dos comunicaciones a Leonardo Boon, representante legal del Consorcio Inter Parque Solar 2022, que lleva la interventoría, pidiendo cambios en las cláusulas de anticipos.
Adicionalmente, pidieron que Urrá les reconozca 4.857.832 dólares por “desequilibrio económico”, argumentando como motivos, entre otras cosas, la guerra entre Rusia y Ucrania. Argumentó imprevistos por 159.273 dólares.
Particularmente, según las imágenes del anónimo, Boon es amigo de Cerón, Muñoz y Valentina Alcocer, con quien comparten en fiestas y yates. El ingeniero Boon, quien se ve en redes sociales transportándose en helicóptero y viajando por el mundo, es el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento del contrato. Días después se dirigen a Rafael Amaya, entonces presidente encargado de Urrá, para reiterar su necesidad de que se les giren más recursos.
Pero los funcionarios de Urrá no accedieron a las pretensiones e incluso sacaron en cara la inexperiencia del consorcio en el trabajo encomendado. En diciembre de 2022, Enrique Kerguelen, gerente técnico ambiental de Urrá, envió un oficio negando las adiciones, pero también comunicándoles lo lento que han trabajado: “El contratista informó que ingresarán 16 personas más para la instalación de los trackers, pero aun así, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje y la falta de experticia, no serían suficientes para registrar un avance que alcance los plazos establecidos”.
Kerguelen les comunicó en marzo de 2023 la inviabilidad de los múltiples reclamos. Les aclaró que los pagos, de millones de dólares, cubrieron a la fecha cerca del 80 por ciento del contrato. En el último oficio, con fecha del 29 de enero de 2024, los contratistas cercanos a Nicolás Alcocer manifestaron que la afectación por desequilibrio financiero requería 30.000 millones de pesos, más la utilidad esperada. En total, según los contratistas, el ajuste que se merecían debía ser de 60.900 millones de pesos.
“Al momento de presentar la oferta, la utilidad prevista para este proyecto era del 30 por ciento que nunca se percibió. Siempre hemos trabajado exclusivamente para cubrir costos”, dicen los contratistas en un oficio al presidente de la hidroeléctrica de Urrá.
SEMANA conoció que Urrá contrató una consultoría externa para revisar el caso del consorcio. Si bien en algunas reclamaciones tenían razón, por ningún motivo se debía entregar la suma que exigieron en 2024. Bajo ese sustento, se contestó y se negó la pretensión.
Sin embargo, SEMANA conoció que la empresa sigue participando en procesos licitatorios en Urrá, en busca de otro contrato, pese al incumplimiento de las fechas previstas en el proyecto del parque solar.
Los protagonistas de las fotos en la denuncia, que relacionan con el hijo adoptivo del presidente Petro, no solo tienen contratos y negocios relacionados con Urrá. Pese al presunto conflicto de interés por la amistad entre contratista e interventor, la empresa de Cerón se ha anclado en esta figura para intentar lograr desembolsos extra para un contrato cuyo avance fue deficiente, poniendo en riesgo miles de millones de pesos de la nación.
Mientras tanto, en redes sociales muestran vidas excéntricas, con lujosas fiestas y casas imponentes en zonas exclusivas de Barranquilla. La hidroeléctrica de Urrá cuenta con un presupuesto que ronda los 500.000 millones de pesos al año. Pese a que son casi todos recursos del Ministerio de Hacienda, es una entidad mixta y no debe reportar su contratación públicamente.
SEMANA consultó fuentes internas de la compañía y no descartan que la denuncia forme parte de un posible fuego amigo entre quienes se disputan el poder en la hidroeléctrica. Existen varias pruebas que indicarían que la empresa estaría bajo el control de la familia Calle, pero la posibilidad de una adquisición por parte de Ecopetrol, cuyo presidente fue salpicado en el anónimo, podría despojárselo ad portas de las elecciones de 2026.
Urrá siempre ha sido un botín político cordobés y el Gobierno de Gustavo Petro parece no ser la excepción. Con la presunta participación e influencia de su hijo adoptivo, la trama alrededor de la empresa es cada vez más compleja.
SEMANA intentó contactar a David Cerón, accionista mayoritario de Luxim Ingeniería S. A. S., así como a Leonardo Boon, interventor del contrato, pero no se obtuvo respuesta. Nicolás Alcocer tampoco respondió los mensajes.