En medio de un debate de control político, el concejal Humberto ‘Papo’ Amín expuso cómo, según él, las cámaras de fotocomparendos no están salvando vidas en Bogotá, además de evidenciar lo que serían varias irregularidades que se presentan en la Secretaría de Movilidad en cuanto a los procedimientos en la imposición de esta sanción.
El cabildante expuso además las crecientes preocupaciones ciudadanas relacionadas con las cámaras de fotomultas en Bogotá, particularmente frente a la infracción C29 (conducir excediendo los límites de velocidad).
“Las cámaras de fotodetección no salvan vidas”, así inició su control político Amín ante la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta.
De acuerdo con el concejal Amín, “si hablamos de corredores con y sin cámaras de fotodetección, entre 2019 y 2023 los siniestros en los corredores con cámaras de fotodetección han pasado de 4.406 a 4.759, es decir, un incremento de 353 siniestros, reflejando una tendencia al alza desde que se instalaron estas cámaras”.
Adicional a lo anterior, al comparar los siniestros en la zona de influencia de las cámaras de fotodetección entre 2019 y 2023, los heridos pasaron de 978 a 1.030, mientras que los fallecidos subieron de 49 a 68. “Estos datos ponen en tela de juicio la efectividad de las cámaras para reducir los siniestros y salvar vidas”, enfatizó el cabildante.
Por otro lado, Amín dio a conocer que desde la implementación de las cámaras de fotodetección en mayo de 2020 hasta agosto de 2024, se han impuesto 1.867.854 comparendos, de los cuales 1.749.649 (94 %) han sido por exceso de velocidad (C29).
El concejal del Centro Democrático destacó que más del 60 % de los multados circulaban entre 56 y 60 km/h, lo que plantea dudas sobre si estos conductores representan un verdadero riesgo para la seguridad vial.
De estos comparendos Amín también mostró datos sobre el recaudo por fotomultas, y es que la cifra es bastante llamativa, pues estas multas le han generado a la ciudad un recaudo efectivo de 437.600 millones de pesos, lo que representa casi el 50 % del total multado. “Esta cifra no es despreciable, ya que la Secretaría de Movilidad espera recaudar más de 1 billón de pesos desde la implementación de las cámaras”, asegura Amín.
El cabildante también realizó un trabajo de investigación al Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, revelando que, entre enero de 2019 y junio de 2024, se han registrado 9.161 siniestros que involucraron buses del SITP. Y solo en el primer semestre de 2024 ya se han contabilizado 122 siniestros en el componente troncal, algunos con lesionados y fallecidos, esto sin contar con que se han impuesto 337 comparendos a los buses del SITP desde 2020.
Además, Amín realizó un sondeo a 500 personas, entre encuestas físicas y digitales, revelando que la mayoría de los ciudadanos no están familiarizados con las campañas pedagógicas para reducir los siniestros viales que realiza la Secretaría de Movilidad y, sobre todo, que están de acuerdo con aumentar de forma controlada y segura los límites máximos de velocidad.
De las 300 encuestas presenciales, el 96 % afirmó no conocer dichas campañas, mientras que el 73 % estuvo de acuerdo con aumentar de manera segura los límites de velocidad. En cuanto a los encuestados digitales, se resalta que el 38 % sugirió que la velocidad máxima en los corredores viales debería ser de 60 km/h y el 37 % opinó que fuera de 70 km/h.
Amín fue enfático al exigirle a la Administración que se realicen los estudios necesarios para determinar si el límite de 50 km/h es el más adecuado en todas las vías principales de la ciudad. En comparación, otras ciudades como Medellín, Montevideo y Ciudad de México que permiten límites de hasta 80 km/h en vías con características similares a las de Bogotá.
Como respuesta a estas problemáticas, se anunció la radicación de un Proyecto de Acuerdo que busca regular de manera proporcional y justa el valor a pagar de las sanciones por exceso de velocidad en Bogotá, proponiendo una gradualidad en las multas, para que se pague de acuerdo con la velocidad a la que vaya el conductor.
Por su parte, para la concejal Diana Diago, las cámaras de fotocomparendo se volvieron un “negocio”. “Esto se convirtió en una fuente de ingreso significativa para la Administración y un gran negocio para los concesionarios. Aquí la utilidad no es salvar vidas, aquí es métale la mano al bolsillo de los bogotanos”, comentó.
Diago enfatizó: “Acá vemos que no se están salvando vidas, pero sí están recaudando, y el ciudadano pague y pague. Es el nuevo ingreso corriente de Bogotá”.
Y subrayó: “Estas cámaras están escondidas y tienen problemas graves en la calibración y es obligación del contratista calibrarlas cada tanto. Entonces, ¿por qué hoy las cámaras de fotodetención están incluso confundiendo las letras de las placas de los vehículos”.
Respondió la Secretaría de Movilidad
Al finalizar la intervención de los concejales, llegó el turno para la administración distrital en la voz de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, quien argumentó que las cámaras de fotomultas sí funcionan salvando vidas.
“Las cámaras de fotodetección sí salvan vidas, tenemos una reducción del 25 % en la accidentalidad en los últimos años (2022-2023). El exceso de velocidad agrava el siniestro”, dijo la funcionaria.
“A mayor velocidad, hay mayor riesgo. Los siniestros son multicausales, es decir, no hay una sola causa y una única para que estos siniestros sucedan, sino que son el conjunto de varias causas. Pero lo que sí es decisivo es cómo el exceso de velocidad resulta en que el siniestro pueda ser más grave y que pueda haber una fatalidad en el desarrollo del siniestro”, agregó Díaz.