David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que se realizará un debate de control político por la presunta red de explotación sexual de niños indígenas en el Guaviare. Por medio de un derecho de petición, el congresista le solicitó información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Ministerio de Defensa sobre la situación de la infancia en el departamento.
El representante del Pacto Histórico recordó que las comunidades indígenas gozan de especial protección constitucional, al igual que los niños, niñas y adolescentes.
“Lo anterior nos exige todos los esfuerzos del Gobierno, tanto del nivel central como departamental y municipal, la realización de investigaciones oportunas, y la disposición de medidas ejecutivas para la prevención y no repetición de estos actos, así como la atención de las personas víctimas”, manifestó el representante.
Por esta razón, con la información solicitada a las entidades, el representante hará un debate de control político para exigir la garantía de los derechos fundamentales.
En el derecho de petición enviado a las entidades, Racero recalca que la situación de los menores, que se encuentran en estado de desnutrición y sin acceso a derechos fundamentales, “genera indignación”.
“Sumarle a esto las denuncias de explotación sexual en el departamento del Guaviare, actos que presuntamente han sido cometidos por miembros del Ejército colombiano, hace parte del doloroso panorama que hoy rechaza la comunidad nacional e internacional”, manifestó el representante a la Cámara.
De esta forma, solicitó conocer el estado actual de las investigaciones adelantadas por parte de la entidad, y las acciones tomadas y planificadas para la atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes.
Además, el representante requiere que se le dé respuesta sobre la ruta de atención que se está desarrollando para la prevención y no repetición. Todo esto, “respetando la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas Jiw y Nukak.
“Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben tener el cuidado y protección de todos los actores del Estado, y la Cámara de Representantes se compromete con esto realizando acciones de control político y las demás que haya lugar”, indicó Racero al final del derecho de petición enviado a las entidades.
Procuraduría reporta grave panorama en la comunidad Nukak
La crisis en el departamento del Guaviare reviste una gravedad absoluta. A esta conclusión llegó la Procuraduría General después de realizar una inspección en la región, atendiendo los llamados de la comunidad que se siente abandonada por el Estado y en una situación de riesgo constante.
Los reclamos de la comunidad indígena nukak, que se ha visto obligada a migrar hasta el municipio de Agua Bendita por diferentes factores, han sido ignorados por las autoridades. En la actualidad, se encuentran en una situación calamitosa que los lleva cada día más hacia la extinción.
Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, advirtió que tras escuchar a la comunidad se identificaron graves problemáticas, entre las que se encuentran: falta de agua potable, problemas en el acceso a la salud y alimentación, fallas en el saneamiento básico e inducción a la drogadicción y a la prostitución.
Niños, jóvenes y mujeres se han visto obligados a ejercer acciones alejadas de la legalidad para así poder comer, puesto que no encuentran una fuente para aprovisionarse y sobrevivir. “Tristemente, hemos observado más de 60 menores en unas condiciones que no son adecuadas”, precisó el procurador delegado.
Por esto, hizo un reclamo ante la falta de presencia estatal y a las autoridades departamentales, advirtiendo que no han tenido contacto o comunicación alguna con la comunidad indígena. “Por tal motivo, le hacemos un llamado al Gobierno nacional para que venga al territorio, atienda a esta población y empiece a solucionar todos los inconvenientes que se encuentran más que identificados”.
En la inspección se encontró que muchos de los indígenas van hasta la cabecera del municipio a ejercer actividades como la prostitución “por la falta de alimentos. Son una comunidad cazadora y no cuentan con acceso a los alimentos, esto ha generado enfrentamientos con colonos de predios colindantes para acceder a alimentos, por falta de acceso a los mismos”.
Para el procurador Sarmiento, la situación “es muy triste” y ya se “desbordó”, por lo que es necesario la presencia de todas las autoridades. “San José del Guaviare es un municipio de sexta categoría, por lo que no tiene cómo dar una solución de fondo a lo que estamos evidenciando”.
Recordó que la Corte Constitucional ha sido reiterada en señalar que la comunidad indígena nukak se encuentra en vía de extinción por la falta de atención estatal.