El presidente Gustavo Petro definitivamente parece estar pagando la novatada con algunos de los nombramientos que ha hecho en su equipo de gobierno. Hoy, 10 días después de iniciar su administración, el gabinete de Petro aún tiene tres ministerios sin cabeza y entidades claves para cualquier gobierno, como el DANE y el DNP, siguen funcionando sin director.

Este fenómeno no obedece necesariamente a falta de hojas de vida para hacer los nombramientos - pues afortunadamente los partidos políticos lo han mantenido abastecido de candidatos - sino a que los designados por el nuevo jefe de Estado, o tienen inconvenientes para posesionarse o cuando ya están listos para estampar la firma, ocurre algún hecho que hace que no puedan jurar en el cargo.

Así ocurrió, por ejemplo, con el designado ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien no se pudo posesionar el 7 de agosto debido a que aún no había terminado de tramitar su renuncia en la Universidad Externado y este martes, cuando todo estaba listo para prestar juramento, Petro tuvo que aplazar el acto de posesión por motivos de agenda.

Más llamativo es lo sucedido con la ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, quien no se ha podido posesionar debido a que tiene una demanda que instauró la sociedad Programar Televisión (de la que ella formó parte) en contra del Estado por 45.000 millones de pesos, porque consideró que, al parecer, se le violentaron sus derechos como contratista en 2013.

Lo más curioso es que la demanda es contra el Ministerio de las TIC, es decir, la misma cartera que ella va a ocupar.

Caso totalmente opuesto es el del designado ministro de Ciencia, Arturo Luis Luna, quien también está involucrado en una demanda relacionada con la cartera que ocupará, pero en este caso es al contrario: fue el Ministerio de Ciencia el que lo demandó a él. La demanda radicada ante el Consejo de Estado fue porque no cumplió los requisitos cuando fue nombrado gestor de Ciencia y Tecnología de dicha entidad en 2020.

El ‘chicharrón’ en el DNP

A estos líos se suma otro gran ‘chicharrón’: el nombramiento del ingeniero y doctor en economía César Ferrari como director del Departamento Nacional de Planeación está a punto de caerse.

Las dudas jurídicas están relacionadas con su nacionalidad. Ferrari es peruano por nacimiento, italiano por sangre (sus padres son de este país) y colombiano por adopción, es decir, obtuvo la ciudadanía luego de vivir por varios años en nuestro país.

Algunos expertos en derecho constitucional indican que, según la ley, Ferrari no podrá tomar posesión del cargo, pues en el artículo 29 de Ley 43 de 1993 se especifica que algunos cargos como el de presidente, vicepresidente, senadores, magistrados, fiscal general, contralor, procurador, ministros y directores de departamentos administrativos, no podrán ser ocupados por ciudadanos colombianos por adopción.

Los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, no podrán acceder al desempeño de las siguientes funciones o cargos públicos: los referentes en el artículo anterior. Los Congresistas (artículo 179, numeral 7 C.N.) Los ministros y directores de Departamentos Administrativos”, dice textualmente la ley.

El impedimento para Ferrari está en que el Departamento Nacional de Planeación figura en el organigrama del Estado como un departamento administrativo, cuya dirección no puede ser ocupada, según la ley citada, por una persona que sea ciudadana por adopción.

Las novatadas de Petro en cuanto a los nombramientos ya han incluso traspasado fronteras. Así ocurrió la semana pasada cuando Colombia se ausentó de la asamblea en la que la Organización de Estados Americanos OEA votó la resolución en rechazo a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua de parte del gobierno de Daniel Ortega.

Si bien lo más seguro es que detrás de esta preocupante ausencia hay motivaciones políticas, también quedó en evidencia un vergonzoso desliz: Colombia no asistió a la asamblea debido a que para ese momento aún no había sido nombrado en propiedad el embajador ante la OEA.

Así lo dejó en claro el embajador designado ante este organismo, Luis Ernesto Vargas: “No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión”.