Aunque este lunes 13 de febrero, el presidente Gustavo Petro presentará oficialmente al país su controvertida reforma a la salud, la Andi planteó varias propuestas a la iniciativa.
Una de ellas habla del modelo de atención. “Es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros”, se lee en el documento de 6 páginas que el gremio le hizo llegar al gobierno.
Lo ideal- según la entidad- “es simplificar la experiencia del paciente a través del sistema y asegurar un sistema explícito de inspección vigilancia y control para su cumplimiento”.
Se requiere además “el despliegue de la política nacional de calidad para la atención en salud, que considere la humanización, accesibilidad, oportunidad y eficiencia del sistema, centrada en las necesidades y expectativas de los usuarios y en las realidades de los territorios”.
Dentro de las propuestas está claro que en la actualidad, el país cuenta con un programa de acreditación de IPS que debe consolidarse mediante la implementación de un sistema de incentivos. Asimismo, se requiere crear el marco de acreditación para las EPS y las entidades territoriales.
Tienen claro que se requiere fortalecer el hospital público en todo el país, empezando por las zonas más apartadas de Colombia.
“Debe crearse un sistema de incentivos que inicie por el subsidio a la oferta a los hospitales cuando las condiciones territoriales lo ameriten. Y que estimule la generación de capacidades y la ampliación de portafolio de servicios”, se lee en el documento.
Otro capítulo de las propuestas es la atención primaria en salud. Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia “es necesario articular a los diferentes sectores de salud en el territorio (entidad territorial- EPS- hospital público) a través de una política territorial que favorezca el desarrollo de la salud pública y coordine de manera eficiente y efectiva las intervenciones colectivas con la gestión individual de la población”.
Además, proponen el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria que parta de las necesidades territoriales y asegure la ejecución de actividades de promoción y prevención y mejoramiento en la distribución de los recursos favoreciendo las áreas de mayores necesidades: salud mental, seguridad alimentaria, salud ambiental, seguridad vial, acceso efectivo a tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer e infecciones como el dengue, la malaria y la tuberculosis.
Se propone la creación de una Comisión Intersectorial para la Gestión de la Salud Pública (Ciges) y la formulación de un Copens con la hoja de ruta para la gestión intersectorial y la debida articulación entre las carteras responsables del manejo de los determinantes sociales de la salud.
“Debe aprovecharse la capacidad instalada de las EPS”, propuso la Andi. Habla, especialmente, de los centros de atención primaria y ampliar esa capacidad en todo el país. “Debe evitarse la fragmentación de la ruta de atención para el paciente”.
Un tercer capítulo está orientado al modelo de aseguramiento en salud. “El modelo puede evolucionar, particularmente en lo que tiene que ver con el giro de los recursos (giro directo), pero no se debe desconocer las múltiples labores que realizan hoy, incluida, la gestión del riesgo y la agencia del paciente”.
“Con enfoque territorial es posible conseguir mejores eficiencias, particularmente en las zonas dispersas. No hay necesidad de tener varias EPS en municipios pequeños. Es preferible consolidar en dos o tres EPS la atención de esos territorios en la búsqueda de eficiencias, ampliación de la red y calidad en la atención”, dice el documento.
Platea la necesidad de asegurar la UPC indígena, “se reconoce a la persona, sin importar si está afiliado a una EPS de dicho régimen o cualquiera otra”.
De cara al usuario, “es necesario garantizar y asegurar los mecanismos para que ejerza efectivamente su derecho a la libre elección entre los prestadores que conformen la red de su asegurador”.
El tercer capítulo es el financiamiento y la sostenibilidad y propone, entre otras, “el fortalecimiento del giro directo desde la Adres, mecanismo operado con éxito para el régimen subsidiado, y en menor proporción en el contributivo”.
Y advierte que es importante asegurar que en esta labor de ‘tesorería’ concentrada en un pagador único, el Adres cuente con las capacidades para asumir el giro de todas las cuentas del sector. “La falla en esta gestión representaría el mayor riesgo para la normal operación del sistema de salud”, expuso la entidad.
Un capítulo más es el sistema de información porque, según el gremio, se requieren mecanismos para implementar la interoperabilidad de la historia clínica de todo el país. “Una de las estrategias que se pueden implementar para aumentar la oferta en los lugares más remotos del país, es la incorporación de servicios de telemedicina en los centros de atención primaria”.
El talento humano en salud ocupa otro espacio en la propuesta. Lo mismo que gobernanza y rectoría del sistema de la salud, donde se habla de la necesidad de recuperar el Consejo Asesor del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la participación de las diferentes entidades. “La Superintendencia Nacional de Salud realizará la inspección y vigilancia al cumplimiento de los planes territoriales en salud a cargo de los departamentos, distritos y municipios.
Por último, habla de la importancia de las tecnologías en salud.