Un documento de 315 páginas, que incluye declaraciones, pruebas documentales, registros contables y facturas de la Dian, puso en evidencia esta semana que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro presuntamente habría violado los topes electorales establecidos por la ley, por encima de los 5.300 millones de pesos.
El demoledor y contundente texto destapa las pruebas que desmienten la supuesta austeridad en los gastos de la campaña camino a la Casa de Nariño, pese a que esta ponencia presentada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, todavía debe ser votada por la sala plena del organismo electoral.
Dentro del documento hay varios puntos que llaman la atención sobre la financiación de la campaña. Entre estos se destacan cinco aspectos que sucedieron en el marco de la segunda vuelta presidencial, la cual finalizó el 19 de junio de 2022, cuando el mandatario logró el triunfo en las elecciones y fue elegido como presidente de Colombia para el período 2022-2026.
El primer punto que se desprende de la ponencia presentada al Consejo Nacional Electoral tiene que ver directamente con el evento que se realizó este domingo 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, donde Gustavo Petro cerró su campaña y recibió los resultados que lo acreditaban como presidente.
Allí, según el documento y de acuerdo con la información suministrada en el informe de ingresos y gastos de la campaña, se registró un pago el 16 de junio de 2022 a nombre de la empresa TBL Live S.A.S., por la suma de 150 millones de pesos por concepto de ‘Servicio de producción evento final Pacto Histórico’.
Sin embargo, en un informe de auditoría externa adelantada por la empresa Nexia Montes & Asociados, se advierte de presuntas irregularidades para ese evento, debido a que la revisión del contrato reportado inicialmente estaba como valor total del servicio la suma de 250 millones de pesos, pero la campaña solo reportó en el aplicativo Cuentas Claras 150 millones de pesos.
Entonces se evidencia que la empresa TBL Live S.A.S., expidió dos facturas electrónicas ese 16 de junio de 2022, ambas por el servicio de producción del evento del Pacto Histórico: una a nombre del Ricardo Roa Barragán, por 100 millones de pesos, y la otra a nombre de Servi Red S.A.S., por valor de 150 millones de pesos.
Esta información fue contrastada con las facturas electrónicas que remitió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por un requerimiento probatorio que se dispuso en el Auto del 10 de agosto de 2023 y reiterado en otro Auto del 12 de diciembre del mismo año.
“Finalmente, y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-1153 de 2005, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático; por lo tanto, el aporte efectuado por la empresa Servi Red S.A.S. no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación”, señala el documento.
Omisión de reporte de pago a testigos electorales
El documento de 315 páginas señala, en uno de sus apartes, que una vez surtida la verificación de los informes de ingreso y gastos de la campaña electoral de segunda vuelta de la coalición Pasto Histórico, determinaron que la suma de 177.680.000 pesos no fue reportada y a su turno se desconoce el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, “lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos en la que hipotéticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros”.
“Razón por la cual, de conformidad con los ingresos recibidos por la empresa Ingenial Media S.A.S., y los gastos detallados previamente al tenor de los extractos bancarios arrimados al plenario, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2022, respectivamente, no se evidencia que la empresa en mención haya contado con los recursos suficientes para pagar a la empresa Matrix Giros y Servicios S.A.S - Su Red, la suma de $ 177.680.000 correspondientes al convenio de dispersión de pago a testigos electorales en la segunda vuelta”, se lee en otro de los aparte del documento.
“Así mismo, según la información allegada al expediente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en relación con la facturación electrónica en la cual figura como receptora la empresa Ingenial Media S.A.S. y la información bancaria recaudada, se observa que la empresa en mención canceló por pago de nómina, costos financieros y pago de proveedores de bienes y servicios un total de $ 4.971.738.257,57, pagos en los cuales no se relaciona ninguna transacción a la empresa Matrix Giros y Servicios S.A.S - Su Red y a su vez no se detalla ningún pago por concepto de dispersión de pagos masivos”, señala la ponencia.
Omisión de reporte por el pago de servicio de transporte aéreo
Un tercer cargo que estipula la ponencia tiene que ver con la omisión de reporte por el pago de servicio de transporte aéreo.
“En efecto, de conformidad con la información allegada al plenario por la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), se detallan diez (10) bitácoras de vuelo, equivalentes a catorce (14) permisos aéreos operados desde el 1.° hasta el 19 de junio de 2022; no obstante, tal información difiere de la allegada por la Aeronáutica Civil, que relacionó para el interregno en mención un total de veintiocho (28) permisos, por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite entrever un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña de segunda vuelta de la coalición del Pacto Histórico”.
Omisión de reporte de pago por logística de testigos electorales de Colombia Humana
El cuarto cargo que aparece en el informe es por la omisión de reporte de pago para la logística de testigos electorales realizados por el movimiento político Colombia Humana.
“Adicionalmente, es de señalar que los pagos previamente citados, fueron realizados por la organización política a la que pertenece el candidato con anterioridad al 19 de junio de 2022, razón por la cual se evidencia que se causaron en el marco de la campaña sub examine, motivo por el cual se concluye la omisión del reporte de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la Coalición del Pacto Histórico en la suma de quinientos treinta millones quinientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte. ($ 530.579.983), gastos que incluso fueron reportados en los estados financieros dictaminados y suscritos por el movimiento político Colombia Humana, en los siguientes términos:
Omisión de reporte de aportes de la USO
El quinto es por la omisión de reporte de aportes de la Unión Sindical Obrera (USO):
“Finalmente, y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-1153 de 2005, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático; por lo tanto, el aporte efectuado por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación”.
El informe concluye, frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la presunta omisión del reporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña de la coalición Pacto Histórico por la suma de $ 2.150.237.278.
En tal sentido, la ponencia concluye una vulneración al límite o tope de gastos por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta por la suma $ 1.646.386.773.